El PP plantea una reforma educativa con un currículo común y más apoyo a los docentes

El documento programático del Partido Popular reúne una batería de reformas con las que pretende modificar algunos de los principales pilares del sistema educativo. Las propuestas se articulan alrededor de la mejora del rendimiento académico, la ampliación de la capacidad de elección de las familias, el fortalecimiento de la profesión docente y una mayor coordinación entre territorios. El PP también apuesta por revisar los currículos, reforzar los conocimientos básicos y establecer instrumentos comunes en etapas clave.

Entre las medidas con mayor alcance se encuentra la sustitución de la LOMLOE por un nuevo marco normativo. El partido propone recuperar una mayor exigencia académica y vincular la promoción en Educación Secundaria Obligatoria a la superación de las materias. De acuerdo con el programa, los alumnos deberán aprobar las asignaturas para pasar de curso en la ESO, frente a un modelo en el que la decisión puede depender del equipo docente y no únicamente del número de materias pendientes.

La reforma comenzaría desde Educación Primaria mediante sistemas de detección temprana de las dificultades en lectura, escritura y cálculo. El objetivo sería identificar los problemas durante el mismo curso en el que aparecen y activar medidas de refuerzo sin esperar a que el alumno acumule retrasos. Esta intervención buscaría consolidar las competencias fundamentales y reducir las desigualdades que se agravan a medida que avanza la escolarización.

En el ámbito universitario, el PP plantea implantar una PAU única para todo el territorio nacional. La prueba contaría con criterios, contenidos y condiciones de evaluación comunes, acordados con las comunidades autónomas y las universidades. La finalidad declarada es garantizar que los estudiantes concurran al acceso a la Universidad en condiciones equiparables, con independencia del territorio en el que hayan cursado Bachillerato.

El partido también incorpora la cuestión lingüística como uno de los ejes de vertebración del sistema. Su propuesta pasa por garantizar el derecho a estudiar en castellano en todas las etapas y en cualquier comunidad autónoma, al tiempo que se mantiene el respeto hacia las lenguas cooficiales. El planteamiento pretende establecer una garantía común para el conjunto del país dentro de los diferentes modelos lingüísticos autonómicos.

En materia de escolarización, el programa defiende ampliar la libertad de elección de las familias para que puedan solicitar plaza en cualquier colegio de su municipio de residencia. Esta medida implicaría reducir el peso de las divisiones territoriales más restrictivas y conceder mayor capacidad de decisión a los padres, aunque su aplicación dependería también de la disponibilidad de plazas y de los criterios utilizados cuando la demanda supere la oferta.

El PP se compromete además a mantener los conciertos educativos en aquellas etapas y zonas donde exista demanda suficiente, con una duración mínima de seis años. La propuesta busca ofrecer estabilidad a los centros concertados y facilitar su planificación a medio plazo. El documento incluye igualmente una garantía de continuidad para los Centros de Educación Especial, que seguirían formando parte de la oferta destinada al alumnado que requiere apoyos intensivos o una atención especializada.

La etapa de Educación Infantil de 0 a 3 años ocupa otro apartado destacado. El partido propone alcanzar su gratuidad total al finalizar la legislatura mediante un sistema de cofinanciación al 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. La medida pretende facilitar la escolarización temprana y apoyar la conciliación familiar, aunque requeriría ampliar plazas, asegurar una financiación estable y coordinar su desarrollo con las administraciones autonómicas y locales.

Las reformas dirigidas al profesorado combinan cambios en el acceso a la formación inicial con incentivos para cubrir puestos de difícil provisión. El PP plantea fijar una nota mínima para acceder al grado de Magisterio, con la intención de elevar los requisitos de entrada y reforzar el prestigio social y académico de la profesión. El programa no concreta en el documento facilitado cuál sería esa calificación ni el mecanismo para aplicarla en las universidades.

También se prevén medidas para atraer docentes hacia las materias científico-técnicas, especialmente Matemáticas, Física y Tecnología, así como hacia centros considerados complejos. Los incentivos podrían contribuir a cubrir especialidades con escasez de candidatos y puestos condicionados por su contexto social o educativo. Junto a ello, el partido promete reducir las tareas administrativas que recaen sobre los profesores para que puedan dedicar más tiempo a la enseñanza y al seguimiento del alumnado.

El programa añade una mayor protección jurídica para los profesionales ante agresiones o situaciones de violencia relacionadas con su actividad. Esta actuación se integra en un paquete orientado a reforzar la autoridad docente, mejorar las condiciones laborales y proporcionar respaldo institucional. El reto será concretar los recursos, los procedimientos de asistencia y la coordinación entre las administraciones educativas responsables.

La Formación Profesional constituye otro de los grandes bloques de la propuesta. El PP plantea crear un Mapa Nacional de la FP que permita detectar las necesidades de trabajadores cualificados, orientar la oferta y ampliar plazas en los sectores con mejores perspectivas de empleo. La herramienta serviría para relacionar la planificación educativa con la realidad productiva de cada territorio y anticipar nuevas demandas profesionales.

El documento apuesta asimismo por unificar las reglas de la FP dual, ofrecer incentivos fiscales a las empresas participantes y facilitar la incorporación de más compañías a la formación del alumnado. A estas medidas se suma la gratuidad de la matrícula en los ciclos formativos considerados de alta empleabilidad. La selección de esas titulaciones exigiría indicadores transparentes y actualizados para evitar desequilibrios entre las necesidades inmediatas del mercado y una formación con recorrido profesional a largo plazo.

La revisión curricular incluye la elaboración de los planes de estudio de Historia con la participación de las Reales Academias y las sociedades científicas. El PP quiere reforzar una base histórica común e incorporar expresamente el estudio de la Constitución, la Transición democrática y el impacto del terrorismo. La intención es asegurar que estos contenidos estén presentes en la formación del alumnado con independencia de la comunidad autónoma en la que estudie.

Finalmente, el programa propone crear un protocolo nacional contra el acoso escolar con un enfoque educativo y reparador. La actuación buscaría coordinar la prevención, la detección y la respuesta de los centros, además de atender tanto a las víctimas como a quienes ejercen el acoso. En el entorno digital, el partido plantea restringir el acceso a las redes sociales para los menores de 14 años cuando no dispongan de autorización paterna, una medida que requeriría sistemas efectivos de comprobación de edad y la colaboración de las plataformas.