La Xunta refuerza protección a docentes y alumnos con nuevas medidas contra violencia o acoso

En su intervención en el instituto compostelano Rosalía de Castro, donde asistió al estreno de un corto de animación sobre el acoso escolar, ha reafirmado el compromiso del Gobierno gallego con el buen clima de convivencia de las aulas como uno de los pilares de la calidad del sistema educativo, que se refleja, ha dicho, en las medidas puestas en marcha en los últimos años y que ahora «se van a intensificar aún más» con nuevas acciones. «Si bien en Galicia tenemos un buen clima, tal y como reflejan las encuestas, mientras haya un solo caso tenemos que actuar», ha dicho el conselleiro, que ha reiterado que este es «un asunto de país» que requiere de un abordaje integral, con la implicación del conjunto de la sociedad.

Entre las nuevas acciones incluidas en la Ley de medidas que acompaña a los presupuestos de la Xunta, Román Rodríguez ha destacado la intensificación de las faltas de carácter muy grave como el acoso y el ciberacoso. También se tipifican, por primera vez, ha proseguido, las agresiones a los docentes, una medida pionera en toda España que se acompaña de la puesta en marcha de la Oficina de apoyo.

En lo que se refiere al alumnado, se actualiza el marco de conductas contrarias a la convivencia, con una nueva gradación en tres niveles de gravedad, que serán conductas leves, graves y muy graves. En cuanto a las medidas correctoras previstas, para el caso de conductas de mayor gravedad se establece la suspensión de la asistencia al centro por períodos más amplios o el cambio definitivo de grupo, ha puesto como ejemplo.

En el caso concreto de situaciones de acoso y ciberacoso se establece, con carácter general, el cambio de centro en las enseñanzas obligatorias o la pérdida del derecho a continuar escolarizado en el centro en las restantes enseñanzas, para quien cometa esta conducta. En estos supuestos, la medida podrá extender sus efectos a la imposibilidad de una nueva matrícula en el centro.

Respecto al profesorado, se intensifica su protección a través de la nueva Oficina de apoyo, y también se establece un nuevo régimen administrativo de infracciones y sanciones de forma que, ante agresiones a los docentes, se fijan consecuencias administrativas proporcionales a la gravedad de los hechos, que serán compatibles con las posibles responsabilidades civiles o penales correspondientes. Este nuevo régimen establece sanciones económicas que van desde los 300 euros de las infracciones leves hasta los 15.000 euros de las muy graves.