Los centros privados de Educación Infantil piden financiación suficiente para bajar las ratios

La Federación, integrada en Cecam CEOE-Cepyme, ha reclamado financiación suficiente y un calendario de aplicación «progresivo y realista» para evitar cierres, despidos y la pérdida de plazas, según ha informado en un comunicado de prensa.

La Federación ha expuesto que comparte «plenamente» el objetivo de mejorar la atención educativa en los primeros años de vida y ha defendido que las escuelas infantiles privadas llevan décadas apostando por una atención individualizada, la profesionalización de sus equipos y la mejora continua de la calidad educativa. Sin embargo, ha advertido de que una reducción de ratios sin los recursos económicos necesarios podría tener consecuencias «muy graves» para el sector, ya que supondrá mayores necesidades de personal, un incremento de los costes de funcionamiento y una reducción del número de plazas que podrán ofrecer los centros.

La Federación considera que una medida que pretende mejorar la calidad educativa podría producir el efecto contrario, con «menos escuelas, menos empleo, menos plazas y mayores dificultades para las familias». ACEI reclama que las medidas de financiación contemplen a todos los centros autorizados que imparten el primer ciclo de Educación Infantil, con independencia de su titularidad, y defiende que las ayudas públicas beneficien a las familias cuyos hijos estén escolarizados en cualquier centro autorizado.

La Federación ha subrayado que las escuelas infantiles privadas son una parte «esencial» de la red educativa de Castilla-La Mancha y que, en numerosos municipios, constituyen un recurso «imprescindible» para la escolarización de los menores y la conciliación familiar y laboral. Junto a la financiación, consideran imprescindible establecer un calendario de aplicación que permita a los centros adaptarse a las nuevas exigencias sin comprometer su viabilidad económica.

Asimismo, la Federación solicita la apertura de un proceso de diálogo con las organizaciones representativas del sector y un seguimiento del impacto de la reforma, especialmente en lo relativo al empleo, la oferta de plazas, la sostenibilidad de los centros y el acceso de las familias.