Madrid ordenará retirar de los centros públicos carteles y símbolos con mensajes políticos
La Consejería de Educación prepara una instrucción de obligado cumplimiento para impedir la difusión de mensajes políticos, ideológicos o sindicales fuera de los espacios habilitados. Las direcciones deberán retirar estos elementos y comunicar las incidencias a la Inspección Educativa.
El Gobierno regional precisó en un comunicado que estos contenidos no podrán exponerse en "fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores".
La Comunidad de Madrid prepara una instrucción que remitirá a todos sus centros docentes públicos para ordenar la retirada de pancartas, carteles o símbolos que transmitan opiniones políticas, ideológicas o partidistas. La medida afectará al personal docente y al de administración y servicios y deberá ser aplicada por las direcciones de los centros.
La elaboración de esta instrucción ha sido anunciada por la consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, cuando está a punto de cumplirse un mes de huelga indefinida en la educación pública madrileña. Las movilizaciones mantienen abiertas distintas reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales del profesorado y los recursos disponibles en los centros.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Zarzalejo expresó la voluntad del Ejecutivo autonómico de «garantizar que en esos centros no haya mensajes políticos ni sindicales». Según defendió, los colegios e institutos públicos deben permanecer libres de cualquier movilización de estas características.
La consejera señaló que «las clases, las tutorías, los exámenes y los propios servicios mínimos» establecidos durante la huelga no se pueden utilizar para recabar el apoyo del alumnado o de las familias ante una convocatoria de paro o una confrontación política.
La instrucción también alcanzará a los medios de comunicación empleados habitualmente por los centros educativos. Zarzalejo indicó que tampoco podrán utilizarse plataformas digitales, páginas web, redes sociales o correos corporativos para difundir manifiestos políticos ni mensajes de carácter sindical.
El Gobierno regional precisó en un comunicado que estos contenidos no podrán exponerse en «fachadas, pasillos y demás espacios que utilizan los menores». La única excepción serán los tablones sindicales, que continuarán siendo los espacios habilitados para la difusión de información vinculada a las organizaciones de trabajadores.
Las direcciones de los colegios e institutos públicos estarán obligadas a retirar las pancartas, carteles o símbolos que incumplan la instrucción. También deberán comunicar las incidencias detectadas para que puedan ser examinadas y valoradas por la Inspección Educativa.
Zarzalejo aseguró que la Consejería prestará atención a las comunicaciones que está recibiendo sobre posibles «situaciones de presión, señalamiento e intimidación» en el ámbito educativo. En estos casos está interviniendo la Inspección Educativa y, cuando corresponde, ya se están adoptando medidas preventivas.
El Ejecutivo autonómico sostiene que el nuevo texto será de obligado cumplimiento tanto para el personal docente como para el personal de administración y servicios de los centros públicos. Su finalidad declarada es evitar que las instalaciones, actividades y herramientas institucionales se empleen como soporte para mensajes ajenos a la función educativa.
La Comunidad de Madrid argumenta que con la instrucción se persigue «evitar la difusión de planteamientos ideológicos y cualquier forma de adoctrinamiento en el ámbito escolar». La iniciativa establece así una prohibición expresa sobre la exhibición y difusión de opiniones políticas, ideológicas, partidistas o sindicales, excepto en los lugares específicamente reservados para estas últimas.
La medida se prepara en un contexto marcado por la movilización del profesorado no universitario madrileño. Entre sus principales reivindicaciones se encuentra la reducción de las horas lectivas semanales en las distintas etapas educativas, una demanda que afecta tanto a los docentes de Secundaria y Formación Profesional como a los maestros de Infantil y Primaria.
Los docentes reclaman que el horario lectivo se reduzca de 19 a 17 horas semanales en Educación Secundaria, Formación Profesional y enseñanzas de Régimen Especial. Para las etapas de Infantil y Primaria, plantean una bajada de las actuales 25 horas hasta las 22 horas lectivas.
Las demandas incluyen también una reducción de las ratios de alumnos por aula y un aumento de los recursos destinados a atender la diversidad. El profesorado considera necesario reforzar los medios disponibles para responder a las distintas necesidades del alumnado en los centros públicos madrileños.
A estas peticiones se suma una subida salarial de 600 euros mensuales, así como una disminución de la carga administrativa que soportan los equipos docentes. La reducción de la burocracia escolar forma parte de las reclamaciones planteadas durante la huelga indefinida.
Los convocantes solicitan, además, mejoras en las instalaciones de los centros educativos públicos. Entre las actuaciones reclamadas se encuentran las medidas de climatización, destinadas a adaptar los edificios escolares y mejorar sus condiciones ante las variaciones de temperatura.
La futura instrucción se aplicará, por tanto, mientras continúa el conflicto laboral en la enseñanza pública madrileña. El Gobierno regional insiste en separar las reivindicaciones y movilizaciones sindicales del funcionamiento cotidiano de los centros, mientras el profesorado mantiene sus demandas laborales y educativas sobre horarios, ratios, salarios, burocracia, atención a la diversidad e infraestructuras.