Madrid reforzará los servicios mínimos educativos para proteger a los alumnos de 2º de Bachillerato

La Comunidad de Madrid modificará la orden de servicios mínimos de la huelga educativa indefinida que comenzó el pasado 14 de octubre con el objetivo de garantizar la continuidad de la enseñanza. El Consejo de Gobierno ha conocido el informe sobre los cambios previstos, que buscan evitar que la prolongación de los paros perjudique la adquisición de los conocimientos y competencias necesarios para la evaluación, la promoción y la titulación del alumnado.

Según el Ejecutivo regional, la revisión pretende compatibilizar el derecho de huelga de los trabajadores con la protección del interés superior del menor. El nuevo texto se presentará al Comité de Huelga y entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La orden mantendrá las dotaciones vigentes en los colegios, donde se establece un maestro por cada 50 escolares. En los centros de Educación Secundaria y de Formación Profesional de grado básico continuará la proporción de un profesor por cada 90 estudiantes. La principal novedad será la creación de un servicio mínimo reforzado para Bachillerato, FP de grado medio y superior y cursos de especialización.

En estas enseñanzas, a las que hasta ahora se aplicaba la misma proporción fijada para Secundaria, habrá un profesor por cada 70 alumnos. La Comunidad de Madrid justifica esta diferencia por las características de estos estudios y por la necesidad de preservar el desarrollo académico en etapas en las que determinadas ausencias pueden afectar directamente a la titulación o al acceso a enseñanzas posteriores.

La atención será todavía mayor en 2º de Bachillerato. Todos los profesores que impartan materias evaluables en la Prueba de Acceso a la Universidad, entre ellas Lengua Castellana y Literatura o Inglés, deberán cubrir al menos el 50% de las horas lectivas semanales correspondientes a estas asignaturas. Ese porcentaje aumentará progresivamente hasta alcanzar el 90% a medida que se acerque la celebración de la PAU.

La modificación también contempla una dotación adicional en el último curso de etapa. En 6º de Primaria, 4º de ESO y el segundo curso de FP de grado básico, medio y superior se asignará un docente más por cada tres grupos. La medida pretende reducir el impacto de los paros sobre el alumnado que debe afrontar decisiones de promoción, titulación o continuidad académica al finalizar el curso.

El texto precisará las funciones que deberá asumir en cada jornada el personal incluido en los servicios mínimos. Cuando la dotación asignada supere las necesidades concretas del centro, corresponderá al equipo directivo redistribuir al profesorado para evitar duplicidades y asegurar que los recursos disponibles se destinan a los grupos más afectados.

Si el docente designado atiende a su grupo habitual, tendrá que impartir clase con normalidad y avanzar en el temario previsto. Cuando deba hacerse cargo de otros estudiantes, proporcionará una atención educativa básica, con actividades que podrán centrarse en el repaso, la comprensión lectora, el cálculo o el razonamiento matemático. Esta intervención no supondrá la sustitución plena del profesor que secunde la huelga.

La futura orden protegerá además las actuaciones académicas inaplazables. Los servicios mínimos deberán garantizar las sesiones de evaluación, la elaboración de calificaciones, las decisiones sobre promoción o titulación, la cumplimentación de actas, la tramitación de reclamaciones y la gestión de la documentación necesaria para la PAU. También se incluirán las pruebas de acceso a los ciclos de Formación Profesional.

Junto a la modificación de la orden, la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ultima dos instrucciones dirigidas a los centros públicos. La primera incorporará medidas extraordinarias de apoyo para que los equipos directivos puedan determinar con precisión cuánta actividad lectiva ha perdido cada grupo y cada materia durante la huelga.

A partir de ese diagnóstico, los centros podrán reorganizar la enseñanza durante el tiempo restante del curso y planificar actuaciones destinadas a que el alumnado alcance los objetivos de aprendizaje. Estas medidas estarán dirigidas a todos los estudiantes, aunque prestarán una atención especial a quienes cursan el último año de cada etapa y al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.

Entre las actuaciones previstas figuran planes individuales de refuerzo para los estudiantes que acumulen un mayor retraso, una mayor dedicación a la tutoría y a la orientación académica y el acceso a bibliotecas y aulas informáticas para quienes no dispongan en sus hogares de los medios necesarios. Las familias serán informadas de la puesta en marcha de estas medidas, cuya aplicación deberá respetar el derecho de huelga.

La segunda instrucción se remitirá a las direcciones de área territorial, al Servicio de Inspección Educativa y a todos los centros docentes públicos. Su finalidad será reforzar el deber de neutralidad institucional y docente ante el alumnado y evitar, según la Comunidad de Madrid, la difusión de contenidos políticos o partidistas en los espacios escolares.

El documento será de obligado cumplimiento para el personal docente y para el personal de administración y servicios. Recordará que no deben transmitirse a los estudiantes opiniones políticas, ideológicas o partidistas ni colocarse pancartas, carteles o símbolos con este contenido en fachadas, pasillos y otros lugares utilizados por menores. La excepción serán los tablones de información sindical disponibles en los centros.

Las direcciones deberán retirar los elementos que incumplan estas indicaciones y comunicar las incidencias detectadas. Posteriormente, la Inspección Educativa valorará cada caso. Con este conjunto de cambios, el Gobierno madrileño busca limitar las consecuencias académicas de la huelga mientras mantiene formalmente el reconocimiento del derecho de los trabajadores a secundar los paros.