Plataforma de Infancia prioriza una ayuda universal a la crianza para el último año de legislatura
En la actualidad, el 28,9 % de los niños y adolescentes atraviesan una situación de pobreza monetaria. ©New Africa
El año 2023 es el último de la legislatura. Por ello, la aprobación de una prestación para la crianza universal, la ampliación de los permisos de nacimiento y parentales y la creación de Juzgados especializados y de una Fiscalía especializada en violencia contra la infancia son algunas de las recomendaciones de la Plataforma de Infancia al Gobierno.
La reforma del procedimiento de determinación de la edad de acuerdo con los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño de Naciones y la puesta en marcha de medidas efectivas para promover el acogimiento familiar también forman parte de las “Propuestas de infancia para la XIV legislatura. 2023: Consolidar los avances en políticas de infancia”.
La responsable de Incidencia Política de la Plataforma de Infancia, Almudena Escorial, expone que el 2023 es el año en el que se ve cómo los niños, niñas y adolescentes son quienes más están sufriendo el encadenamiento de las crisis económicas, sanitarias y sociales.
El «Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida con Enfoque de Infancia 2022» demuestra cómo, desde 2018, el crecimiento del riesgo de pobreza entre la población infantil es sostenido. En la actualidad, el 28,9% de los niños y adolescentes viven una situación de pobreza monetaria. Esto supone 7,2 puntos porcentuales más que la media de la población, que es de un 21,7%.
Es necesario añadir que el 33% de niños y adolescentes estaban en riesgo de pobreza y de exclusión social. Esta tasa se aleja del 17,2% , uno de los objetivos marcados para el año 2030.
se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social
España es uno de los países de la Unión Europea que menos invierte en protección social a la infancia y a las familias. Debido a ello, Plataforma de Infancia demanda una ayuda a la crianza de carácter universal mediante deducciones fiscales. Esto permite disminuir la desigualdad en el acceso a beneficios fiscales por parte de los hogares con rentas más bajas y ayuda prevenir y combatir la pobreza infantil.
A pesar de los avances en el desarrollo legislativo, políticas y sensibilización en derechos, las carencias de las políticas públicas de ayuda a la crianza siguen teniendo un impacto en el bienestar de la infancia.
La aprobación en 2021 de la Ley Orgánica de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (Lopivi) fue una de las grandes innovaciones en materia de defensa de los derechos de la infancia y adolescencia. En el ámbito autonómico y local, es necesario trabajar para conseguir la aplicación efectiva y homogénea de la ley en los distintos territorios.
Además, la Plataforma de Infancia demanda la creación de juzgados y de una Fiscalía especializada en violencia contra la infancia para poder conocer la instrucción y enjuiciamiento de los delitos cometidos contra niños.
En este contexto, situar la defensa de los derechos de la infancia y adolescencia en el centro de la agenda política debe ser la prioridad absoluta de las distintas Administraciones e Instituciones en el último año de legislatura.
El director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra, explica que 2023 debe ser un punto de inflexión para materializar los compromisos adquiridos en materia de protección de los derechos de la infancia y la adolescencia en los últimos años.
No podemos permitir que muchos niños, niñas y adolescentes vivan su infancia y adolescencia en situación de precariedad
"Por último, las organizaciones de infancia demandan la necesidad de que se culmine la elaboración del nuevo procedimiento de evaluación de la edad, incorporando plenamente los Dictámenes del Comité de los Derechos del Niño, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y las recomendaciones del Defensor del Pueblo.
