Milagros Tolón: “Esta legislatura ya ha sido la legislatura del profesorado”

La ministra abrió la rueda de prensa con un mensaje contundente: las movilizaciones del profesorado, dijo, tienen mucho que ver con la mala gestión autonómica, porque el ministerio ha triplicado la inversión respecto a la etapa del Partido Popular. A su juicio, «no me vale que devuelvan fondos», en alusión a Andalucia, que devolvió la financiación de plazas públicas de 0-3, y el debate debe centrarse en cómo se administran unos recursos que, aseguró, hoy son mayores que nunca.

Minutos después compareció la consejera madrileña, Mercedes Zarzalejo, para responder a la acusación de la ministra sobre la supuesta mala gestión autonómica como explicación de las movilizaciones docentes. “Las comunidades no somos el problema”, señaló, y añadió que las protestas del profesorado responden a «una presión real en las aulas, a plantillas ajustadas y a necesidades que llevan años sin resolverse». En esa misma línea, defendió que «no se puede culpar a las autonomías de unas movilizaciones que nacen del cansancio del profesorado y de la falta de recursos en muchos centros».

Madrid insistió en que comparte el objetivo de mejorar el sistema, pero no el diagnóstico del Ministerio ni el tono empleado por la ministra. «Si el Gobierno quiere colaboración, no puede empezar con reproches», dijo la consejera, al tiempo que reclamó que la financiación llegue con mayor agilidad y que las reformas se acuerden con las comunidades «sin ponerlas después contra la pared». El choque elevó el tono del intercambio y dejó en evidencia la distancia entre ambos gobiernos sobre el ritmo y la forma de aplicar las medidas.

Rodeada por el secretario de Estado de Educación, el subsecretario general y la secretaria general de Formación Profesional, la ministra presentó una propuesta de distribución de 329,2 millones de euros para reforzar la escuela pública y la igualdad de oportunidades. El paquete se articula en seis programas de cooperación territorial, entre ellos PROA+, educación inclusiva, bienestar y protección, así como refuerzo de la lectura y de las matemáticas.

Entre las partidas anunciadas figuran fondos para centros de especial dificultad educativa, para transformar los entornos en espacios plenamente inclusivos y para reforzar los recursos especializados de atención a la diversidad. La ministra recordó además que el pasado 6 de marzo se aprobaron 58,6 millones para libros de texto y material didáctico.

En el tramo más político de la comparecencia, la ministra sostuvo que «esta legislatura ya ha sido la legislatura del profesorado», al destacar la reforma para rebajar las ratios y reducir las horas lectivas. El proyecto, que sigue su tramitación en el Congreso, pretende mejorar las condiciones de trabajo docente y ofrecer una respuesta estable a una reivindicación histórica.

Al ser preguntada por las protestas en distintas comunidades, insistió en que el Gobierno ha hecho su parte y que ahora corresponde a las autonomías aplicar correctamente los fondos y el marco legal. En su argumentación recordó que la inversión del ministerio ha pasado de 3.200 millones a 6.730 millones desde 2018, una subida que, a su juicio, demuestra la apuesta del Ejecutivo por la educación pública.

Otro de los asuntos de fondo fue la educación infantil de 0 a 3 años, una etapa que la ministra definió como clave para la igualdad de oportunidades. Desde 2018, aseguró, el Gobierno ha añadido 670 millones de euros y ha impulsado la creación de 45.000 plazas públicas, mientras revisa los requisitos mínimos de los centros y las condiciones de sus profesionales.

En Formación Profesional, la secretaria general avanzó que el real decreto estará listo antes del verano y que el texto ya está prácticamente cerrado. El Ejecutivo quiere cerrar así una de las piezas normativas pendientes para seguir adaptando la oferta a los nuevos sectores productivos y a las necesidades del mercado laboral.

Las preguntas finales giraron en torno a los auxiliares de conversación, la ley de ratios y el primer ciclo de infantil, y ahí se abrió el frente más tenso con Madrid.

Respecto a los auxiliares de conversación, la ministra aseguró que ya se había acordado una solución con el Ministerio de Trabajo, y que, por tanto, las comunidades autónomas podrían contratar auxiliares de conversación sin problema.

Sin embargo, desde la consejería madrileña replicaron que la convocatoria de auxiliares salió la semana pasada, que sigue faltando seguridad jurídica y que no se puede activar un programa sin garantías de que las comunidades no serán sancionadas. La consejera aseguró que lo que reclama su Gobierno es «un marco claro, financiación suficiente y una hoja de ruta estable».

Para ampliar el contexto, Magisterio ya ha publicado piezas sobre las protestas del profesorado de Infantil, el conflicto de los auxiliares de conversación y sobre nuevas medidas para reducir las ratios.

La jornada dejó claro que el cruce de acusaciones entre el misterio de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular va subiendo de temperatura a medida que nos acercamos al periodo electoral.