El modelo bilingüe, en riesgo: Madrid podría enfrentarse a una multa de 38 millones por los auxiliares de conversación

Madrid ha pasado de observar el conflicto de los auxiliares de conversación con distancia a situarse en el epicentro de la controversia. Lo que durante años fue un engranaje discreto del sistema bilingüe ha terminado convertido en un frente abierto entre dos ministerios y en una fuente de preocupación para las comunidades autónomas.

Para Educación, los auxiliares cumplen una función de apoyo cultural y lingüístico, una especie de puente entre lenguas y costumbres que ayuda a mejorar la exposición del alumnado al idioma extranjero. Para Trabajo, en cambio, la fórmula puede encubrir una relación laboral que exige alta en la Seguridad Social, cotizaciones y el cumplimiento de obligaciones propias de un empleo ordinario.

El choque no es menor. Lo que se discute no es solo un trámite administrativo, sino el fundamento jurídico de un modelo que lleva dos décadas sosteniendo una parte importante del bilingüismo en la escuela pública y concertada. Y Madrid, por volumen de centros, por número de alumnos y por dependencia de esta figura, es una de las comunidades que más tiene que perder si el sistema se tambalea.

La cifra que circula en el sector, 38 millones de euros, no responde a una sanción ya notificada a Madrid, sino a una estimación construida a partir de los precedentes de otras comunidades y del tamaño del programa en la región. Aun así, el dato ha encendido todas las alarmas en la Administración autonómica, que ve cómo el conflicto deja de ser una controversia técnica para convertirse en una amenaza presupuestaria de primer orden.

La preocupación no se limita al plano económico. En la Comunidad de Madrid el programa cuenta con 2.723 auxiliares de conversación en unos 900 centros públicos, según datos difundidos por el propio Gobierno regional. Esa dimensión explica que cualquier cambio de criterio jurídico pueda alterar de forma profunda la arquitectura del bilingüismo madrileño.

La resolución conocida en Teruel ha añadido un giro relevante al conflicto.El Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón ha ganado el recurso de reposición interpuesto contra la sanción impuesta por la Subdelegación del Gobierno, una multa que superaba los 100.000 euros. La resolución estima íntegramente las alegaciones del Ejecutivo autonómico, deja sin efecto la sanción y reconoce que no existió infracción administrativa alguna.

El texto avala la tesis defendida por Aragón desde el primer momento: el programa de auxiliares de conversación no supone relación laboral entre las comunidades autónomas y los jóvenes extranjeros que se incorporan a las aulas, sino una iniciativa estatal de carácter subvencional y de intercambio cultural y lingüístico.

La resolución subraya además que el programa no es una iniciativa autonómica, sino que está diseñado y configurado por la Administración General del Estado en el marco de la acción educativa exterior del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y de los convenios bilaterales de cooperación. Las cantidades que perciben los auxiliares, añade, tienen la consideración de ayudas para alojamiento y manutención, y no constituyen una retribución salarial.

A ese antecedente se suma el origen judicial que más ha influido en el debate: la sentencia dictada en junio de 2024 por el Juzgado de lo Social número 4 de Granada. Aquel fallo confirmó que la relación de más de 100 auxiliares era de carácter laboral y obligó a la Junta de Andalucía a abonar más de 430.000 euros en cotizaciones impagadas.

El juzgado entendió entonces que los auxiliares no realizaban tareas meramente formativas para sí mismos, sino que prestaban un servicio necesario para el centro, cumpliendo horarios y directrices, lo que encajaba en una relación laboral. Esa resolución se convirtió en la base sobre la que Trabajo ha respaldado después nuevas inspecciones y sanciones.

Este precedente andaluz marcó un antes y un después. La Inspección de Trabajo propuso una sanción de 5,2 millones de euros a la Junta al considerar que unos 1.800 auxiliares desempeñaban funciones propias de trabajadores sin alta en la Seguridad Social. La respuesta del Ministerio de Educación fue defender que su papel se asemeja más al de unos embajadores culturales que al de empleados ordinarios.

Pero el golpe ya estaba dado. Andalucía decidió suprimir el programa para el curso 2025-2026, una decisión que en la práctica reconocía que la inseguridad jurídica y el riesgo económico hacían inviable mantener el modelo en los mismos términos. Ese movimiento abrió la puerta a un efecto dominó en el resto de comunidades.

El fondo del problema está en la frontera, cada vez más difusa, entre beca formativa y relación laboral. Los auxiliares no están dados de alta en la Seguridad Social y su presencia en las aulas se articula a través de convenios internacionales, un formato que Trabajo cuestiona ahora mediante inspecciones y sanciones.

Esa reinterpretación abre una grieta difícil de cerrar. Si se considera que existe una relación laboral, las comunidades tendrían que asumir cotizaciones, retenciones y cobertura médica. Si se mantiene la tesis educativa, el programa seguirá funcionando como hasta ahora, pero con la amenaza de nuevas multas y reclamaciones.

El problema ha dejado de ser local para convertirse en nacional. La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat valenciana anunció hace unas semanas su decisión de abandonar el programa de auxiliares de conversación por las trabas administrativas y la falta de coordinación del Gobierno central, una situación que, según señaló la titular de este departamento, Carmen Ortí, «genera graves dificultades organizativas en los centros educativos de la Comunitat». Esta comunidad ha sido sancionada con 3,7 millones de euros en cotizaciones desde abril de 2021, al considerar a los auxiliares como personal laboral, y con 7.501 euros por cada auxiliar extracomunitario sin permiso de trabajo. Total, casi 19 millones de euros.

Ante semejante ambiente, Galicia, Aragón, Castilla y León, Extremadura y Murcia han expresado malestar o preocupación ante la situación. Algunas autonomías han avisado incluso de que podrían abandonar el programa si no llega una solución clara y urgente.

La sensación general es que el conflicto ya no admite parches y que la salida pasa por una norma inequívoca que establezca qué es exactamente un auxiliar de conversación. Mientras eso no ocurra, cada comunidad interpreta el escenario con sus propios márgenes de riesgo, y Madrid aparece como la más expuesta por tamaño, financiación y dependencia del modelo.

El choque no es solo jurídico. También es una disputa sobre competencias y responsabilidades. Educación diseña el programa, selecciona a los auxiliares y fija las condiciones; Trabajo inspecciona y sanciona a las comunidades que asumen el cupo autonómico. El resultado es un laberinto en el que una misma figura puede ser considerada apoyo cultural por un ministerio y empleo irregular por otro.

Además, el programa tiene dos velocidades: el cupo del Ministerio, que paga y nombra directamente el Estado, y el cupo autonómico, financiado por las comunidades. Esa división explica por qué la presión inspectora se concentra sobre todo en los territorios que soportan más carga económica.

En el PP, varias comunidades sostienen que la Inspección de Trabajo se está usando para asfixiar financieramente programas emblemáticos de gobiernos autonómicos del Partido Popular –aludiendo explícitamente a la ministra Yolanda Díaz– y reclaman una figura específica que dé seguridad jurídica a los auxiliares.

Más allá de la multa, Madrid se juega el futuro de uno de los pilares de su modelo educativo. Si la figura del auxiliar desaparece o se encarece de forma radical, el bilingüismo puede resentirse en el aula y en el presupuesto. Y eso obligaría a replantear una política que lleva años funcionando como escaparate del sistema educativo madrileño.

Por ahora, el Ministerio insiste en el diálogo y las comunidades reclaman seguridad jurídica. Pero el tiempo corre. Y mientras no se aclare si los auxiliares son becarios o trabajadores, Madrid seguirá en el epicentro de una disputa que amenaza con salir muy cara y que ya ha puesto en alerta a prácticamente todo el mapa autonómico.

Pese al ruido político y judicial, todas las partes coinciden en que el programa ha demostrado durante años su valor educativo y cultural. Aragón lo resume con claridad: mantiene su compromiso con el plurilingüismo, pero recuerda que la continuidad del sistema depende del impulso y la planificación del Ministerio, como administración promotora.

En ese contexto, el conflicto ya no se mide solo en millones o en expedientes. Se mide en la capacidad de sostener un modelo de bilingüismo que, durante más de dos décadas, ha funcionado con normalidad y que ahora queda atrapado entre la defensa de su utilidad pedagógica y la duda sobre su encaje legal.

La polémica sobre los auxiliares de conversación en la Comunidad de Madrid ha sumado una nueva voz a favor de mantener el programa, pero también una crítica frontal al modelo de contratación impulsado por el Gobierno regional. Escuelas Católicas de Madrid considera que la forma en que la Comunidad ha articulado ese sistema puede ser, en su opinión, «irregular», y pone como contraste su propio esquema de incorporación, con auxiliares dados de alta en la Seguridad Social y canalizados mediante un convenio con la Universidad de Comillas.

La organización sostiene que la revisión del modelo no debería derivar en una supresión generalizada, porque eso supondría castigar también a centros que forman parte de la red sostenida con fondos públicos. Escuelas Católicas defiende que el sistema es «impecable» sobre el papel y en la práctica, y advierte de que una eventual retirada sería «un paso atrás muy serio» para el bilingüismo.

Entre las cifras que aporta el sector, Escuelas Católicas de Madrid afirma contar con 750 auxiliares de conversación en sus centros, una dotación que considera esencial para mejorar el speaking, la interacción oral y la calidad del aprendizaje de idiomas. En el caso de las cooperativas de enseñanza –la otra red de centros concertados con modelo bilingüe propio–, la estimación se sitúa en torno a 150 auxiliares.

Uno de los argumentos centrales de Escuelas Católicas es que la posible cancelación del programa no afectaría solo a la escuela pública. Según su versión, los colegios bilingües concertados reciben una financiación que no es finalista, pero que se utiliza de forma habitual para sufragar parte del coste de estos auxiliares. Si el programa desaparece, advierten, también se perdería esa ayuda, algo que consideran perjudicial para unos centros que igualmente reciben fondos públicos.

El portavoz insistió en que esa aportación económica es parcial, pero valiosa, porque permite completar un modelo que exige becas, cotizaciones, seguros médicos y matrícula de posgrado para los participantes. Por eso, a su juicio, la administración debería corregir el diseño del sistema sin sacrificar una herramienta que funciona y que lleva años consolidada en la red educativa madrileña.

Desde Escuelas Católicas también se subraya el valor pedagógico del programa. Aseguran que los auxiliares han permitido mejorar la conversación en lengua extranjera y enriquecer el día a día de las aulas, con perfiles que han llegado, en muchos casos, desde Estados Unidos o Canadá. «Es un recurso excelente», resumen, al tiempo que lamentan que se ponga en cuestión por problemas ajenos al resultado educativo.

En ese sentido, la organización sostiene que sería una lástima perder un modelo que ha demostrado su utilidad y que forma parte de una estrategia bilingüe ya madura. La percepción de fondo es clara: si el Gobierno de Madrid decide dar marcha atrás, no solo afectará a la escuela pública, sino también a la concertada y a las cooperativas, que usan el programa como una pieza más de su proyecto pedagógico.

La crítica llega en un momento en el que el debate sobre el bilingüismo en Madrid vuelve a ponerse sobre la mesa. Escuelas Católicas recuerda que el programa nació con el impulso institucional y que, con el paso del tiempo, se ha convertido en una herramienta habitual en numerosos centros. Por eso, entienden que el debate no debería centrarse en suprimirlo, sino en garantizar su continuidad con seguridad jurídica, una contratación clara y suficiente financiación.