Santiago García: “La denuncia de la OCU obliga a mirar caso por caso, no a sospechar de toda la FP online”

La conversación arranca con una advertencia de fondo: antes de reaccionar, conviene separar el ruido de la realidad. Santiago García reconoce que en el sector de la FP privada existen rumores de prácticas poco regulares desde hace tiempo, pero pide comprobar hasta dónde llegan realmente los hechos. En su opinión, la denuncia de la OCU obliga a mirar caso por caso y a no convertir una investigación concreta en una sospecha generalizada sobre toda la formación profesional online. El nuevo proyecto de Real Decreto, a pocos días de su publicación, ya había situado el foco en la calidad de los centros privados, la ordenación de las modalidades de impartición y el control de los centros asociados y de segunda oportunidad.

¿Te sorprende la denuncia de de la OCU de malas prácticas por parte de algunos centros de FP online?
—A ver, vamos por partes. Primero hay que ver cuánto de realidad tiene el tema, porque hay situaciones que no son muy regulares y eso creo que lo sabemos todos. Sorprender, en el sector, no sorprende del todo: hay rumores de prácticas de este tipo desde hace tiempo.

García insiste en que hay que revisar el alcance real de la denuncia y observa que algunas empresas han negado irregularidades, mientras que otras no han respondido. Para él, eso no impide que la cuestión deba investigarse, pero sí obliga a evitar conclusiones precipitadas.

¿Dónde crees que está el verdadero problema: en lo educativo o en lo comercial?
—La parte comercial, de precios, de créditos… son estrategias que todos sabemos que existen en un mercado con mucha competencia. Lo que sí me parece más raro, y eso sí me sorprende, es lo de ofrecer títulos que no están homologados.

Según el texto difundido por la OCU, la organización ha pedido inspeccionar nueve academias privadas online por posibles prácticas irregulares relacionadas con las prácticas del alumnado o la homologación de los cursos. Entre las compañías citadas están CEAC, Cesur, Ilerna, Linkia FP, Ucademy, MasterD, Medac Davante, Doméstika y Formia. La propia denuncia menciona problemas de transparencia, cláusulas abusivas y publicidad engañosa sobre la oficialidad y la homologación de los títulos.

¿Te parece verosímil que se estén vendiendo títulos no oficiales como si lo fueran?
—A mí me cuesta trabajo creerlo, porque la mayoría de ellas están acreditadas, homologadas y autorizadas, y en principio ofrecen títulos con garantías. Lo de vender títulos que no son oficiales, a día de hoy, yo lo veo más complicado.

El secretario general de CECE matiza que la OCU habla de ambigüedad entre “homologado” y “título propio”, algo que, a su juicio, puede inducir a confusión, pero que no equivale necesariamente a una falsedad generalizada. En su lectura, la mayoría de los centros señalados están plenamente reconocidos y autorizados, por lo que considera improbable que el problema sea de carácter educativo en sentido estricto.

¿La OCU actúa más por la parte comercial que por la educativa?
—Yo entiendo que sí, que acuden más por la parte comercial y económica que por la parte educativa. En cualquier caso, lo que nos interesa a todos es que quien haga las cosas mal, se le persiga y se le sancione. Pero que esto no sea una excusa para ponernos a todos en el mismo saco.

García defiende que, si hay prácticas irregulares, deben investigarse con todos los mecanismos disponibles: Inspección Educativa, Inspección de Trabajo si se tratara de relaciones laborales, y Consumo cuando haya perjuicio económico o falta de transparencia hacia el consumidor. Pero añade una advertencia: las academias citadas no son representativas de todo el sector, ni mucho menos de toda la FP privada.

Entonces, ¿qué debería hacerse?
—Que se aclaren las situaciones, por supuesto. Que colaboremos todos. Pero que no se utilice esto para lanzar una sospecha sobre todo el sector.

El secretario general de CECE traslada además su inquietud por el efecto colateral que puede tener el nuevo decreto sobre la red de centros. Aunque el proyecto normativo nace, según la información publicada, con la intención de ordenar la autorización, exigir trazabilidad y fijar con mayor precisión quién puede impartir qué y en qué condiciones, García teme que algunas exigencias terminen golpeando más a los pequeños que a los grandes grupos.

¿Crees que el decreto les puede hacer daño?
—A los grandes les puede hacer daño la exigencia de la presencialidad, porque les desmonta parte del negocio. Pero en el resto de requisitos, los centros pequeños son a los que puede hacerles más daño el decreto. Si empiezas a pedir espacios, solvencia, capacidad económica, profesorado, aulas de innovación, dos familias profesionales mínimo y no sé cuántos ciclos, a los pequeños les puedes poner problemas.

García subraya que el endurecimiento regulatorio no debería dirigirse contra quienes han sostenido el sistema durante años. Relata incluso que, en una reunión con la ministra y responsables del ministerio, trasladó un mensaje muy concreto: “Mirad bien a quién disparáis”. A su juicio, si se ponen barreras demasiado altas, los centros con menos músculo económico pueden quedar fuera, mientras que los grandes operadores tendrían mayor capacidad para adaptarse.

¿A quién crees que preocupa más el decreto, a los grandes o a los pequeños?
—Políticamente, meterse con CEAC o con un gran operador es una cosa; meterse con una estructura menor es otra.

En la conversación recuerda que el propio ministerio ha defendido una línea de actuación centrada en los fondos de inversión y en las prácticas que, a su juicio, pueden rozar el intrusismo profesional o comprometer la calidad. García coincide en que hay que vigilar ese terreno, pero advierte de que no todos los operadores privados responden al mismo patrón ni tienen el mismo impacto en el sistema.

García cuenta que el debate sobre el decreto y sobre el sector privado ya había aparecido en una reunión con la ministra y con otras responsables del ministerio. Allí, según explica, le sorprendió que estuvieran presentes representantes de grupos grandes y de entidades que, en teoría, son precisamente las que están en el punto de mira del nuevo marco normativo. Su mensaje volvió a ser el mismo: medir bien el alcance de la reforma y evitar efectos no deseados.

¿Te parece casual que todo esto haya salido ahora?
—Le ha venido muy bien al Ministerio. Pasó igual con las universidades. Yo cada vez creo menos en las casualidades.

Esa sospecha de sincronía entre la denuncia de la OCU y la tramitación del decreto alimenta, a su juicio, una lectura política: el endurecimiento normativo llega en un momento en el que el Gobierno quiere presentar un marco más exigente para la FP online y, al mismo tiempo, aprovechar la denuncia para reforzar el discurso sobre la necesidad de controlar mejor la oferta privada.

¿Qué te preocupa más de todo esto?
—Que se utilice para hacer un caldo de cultivo contra todo el sector. Si hay que perseguir las malas prácticas, perfecto. Pero que no se convierta en una sospecha universal.

La entrevista termina con una idea de fondo: la FP privada necesita controles más claros y más exigentes, pero también reglas que distingan entre quienes cumplen y quienes no. García no niega que existan abusos en la FP online, especialmente cuando se combina con determinados modelos de negocio, pero insiste en que la respuesta institucional debe ser precisa y proporcionada. Y, sobre todo, que la sanción recaiga sobre quien corresponda, no sobre un sector entero que, recuerda, sigue siendo clave para una parte muy importante del alumnado.