De la Rosa rechaza las "lecturas apocalípticas" de PISA: "Los resultados no son tan malos"
Abelardo de la Rosa, secretario de Estado de Educación, tras la Conferencia Sectorial.
La Conferencia Sectorial de Educación celebrada este viernes 18 de septiembre en el Ministerio ha comenzado, al menos en su lectura política, por el asunto que no aparecía expresamente en el orden del día. El secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, ha rechazado las «lecturas apocalípticas» de PISA y ha defendido que los resultados españoles, aunque exigen mejoras, no justifican el diagnóstico de derrumbe difundido durante los últimos días. La reunión recuperaba el orden del día de la convocatoria frustrada del 29 de julio e incluía el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, el reparto de 31,3 millones para Formación Profesional y la modificación de los requisitos mínimos de los centros.
«Evidentemente, PISA nos preocupa y no tiene buenos resultados, pero tampoco son tan malos», ha afirmado De la Rosa. El secretario de Estado ha pedido abandonar la «brocha gorda» del debate y analizar las cifras dentro de la escala estadística utilizada por la OCDE, además de compararlas con la evolución registrada en los cerca de 90 sistemas educativos participantes. Los resultados publicados el 8 de septiembre reflejan una caída española en Lectura, Matemáticas y Ciencias dentro de un retroceso que también afecta a buena parte de los países evaluados.
De la Rosa ha recordado que España obtiene 477 puntos en Ciencias, frente a los 481 de la media de la OCDE; 451 en Lectura, frente a 459; y 457 en Matemáticas, frente a 463. También ha señalado que el 77% del alumnado español alcanza al menos el nivel básico en competencia científica, porcentaje que se sitúa en torno al 68% en Lectura y al 66% en Matemáticas.
Estas cifras, ha insistido, no deben utilizarse para buscar excusas ni negar la necesidad de actuar, pero tampoco para describir el sistema educativo como un fracaso sin matices. PISA es, según ha subrayado, «una evaluación más», que debe complementarse con la evaluación general del sistema, las pruebas de diagnóstico y otros instrumentos internos y externos. Una perspectiva sobre la importancia de PISA que, a su juicio, obliga a atender sus conclusiones sin convertirlas en la única medida de la calidad educativa.
El secretario de Estado ha situado la pérdida de capacidad de lectura profunda entre los principales problemas detectados. A su juicio, la lectura fragmentada que imponen las pantallas está debilitando la comprensión, la argumentación y la interpretación de textos largos, aunque ha aclarado que esta advertencia no supone renunciar a la tecnología.
«Para resolver un problema de Matemáticas, primero hay que entenderlo; y para entenderlo, primero hay que leerlo», ha resumido. De la Rosa ha definido así la competencia lectora como llave para mejorar el resto de los aprendizajes y ha ofrecido la colaboración del Ministerio a todas las comunidades autónomas para localizar experiencias de éxito e intercambiar buenas prácticas.
El Ministerio, ha añadido, ha destinado durante los dos últimos años más de 140 millones de euros al refuerzo de la competencia lectora y más de 300 millones al de Matemáticas. La intención del Gobierno es mantener la cooperación territorial y analizar con las autonomías qué intervenciones están ofreciendo mejores resultados, sin atender al color político de sus ejecutivos.
El secretario de Estado también ha respondido a las críticas por la ausencia de PISA en el orden del día. Ha explicado que la convocatoria reproducía los asuntos pendientes de la reunión del 29 de julio, que no pudo constituirse por falta de quorum, pero ha negado que el Ministerio quisiera evitar la discusión. «No hemos rehuido el debate», ha asegurado, antes de comprometerse a seguir analizando PISA con las comunidades.
El principal desencuentro de la reunión se ha producido durante la votación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular y Canarias, cuyo Ejecutivo está presidido por Coalición Canaria, han votado en contra. El resultado ha sido de 12 votos contrarios y seis favorables, por lo que el documento no ha salido adelante.
De la Rosa ha considerado «sorprendente» el rechazo porque, según ha explicado, representantes técnicos y responsables autonómicos habían aceptado previamente buena parte de su contenido. A su juicio, se ha tratado de una «oposición prefijada e ideológica», basada en la ausencia de una memoria económica que el Ministerio considera innecesaria en esta fase, ya que el texto sometido a votación establecía principios pedagógicos y no concretaba todavía su desarrollo normativo.
El secretario de Estado ha defendido que el plan buscaba fijar un marco común para garantizar la atención del alumnado vulnerable y con necesidades específicas. El debate llega después de que distintas organizaciones hayan reclamado acelerar una estrategia estatal que permita transformar los centros ordinarios, eliminar barreras y asegurar los apoyos necesarios para una inclusión efectiva.
La Conferencia Sectorial también ha abordado la modificación del Real Decreto 132/2010, que regula los requisitos mínimos de los centros. El Ministerio pretende revisar las ratios y las condiciones de los espacios educativos, particularmente en Educación Infantil, además de incorporar criterios relacionados con la climatización, la sostenibilidad y la adaptación de las instalaciones a los efectos del cambio climático.
De la Rosa ha defendido que los centros no pueden «cerrar los ojos» ante una realidad acreditada por la ciencia. El proyecto también introduce una consideración específica para la protección de la escuela rural, con incentivos para conservar aulas y centros cuya contribución, ha señalado, va más allá de la enseñanza: aportan cultura, cohesión social, servicios y oportunidades a los municipios.
El secretario de Estado ha expresado la voluntad del Gobierno de mantener estos colegios completamente dotados de personal y equipamiento. La continuidad de la escuela rural, ha sostenido, resulta indispensable para asegurar la igualdad de oportunidades educativas con independencia del lugar de residencia del alumnado.
El consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades de Cantabria, Sergio Silva, ha criticado que PISA quedara relegado al apartado de ruegos y preguntas. Aunque la Conferencia Sectorial había sido convocada inicialmente antes de conocerse los resultados, Silva ha sostenido que existía margen para modificar el orden del día y celebrar un «debate profundo» sobre PISA.
«No puede ser que resolvamos PISA 2025 en ruegos y preguntas», ha afirmado. Para Silva, la política educativa nacional atraviesa una situación de «emergencia nacional» y las claves que sostienen el sistema han comenzado a «resquebrajarse». El consejero ha pedido analizar tanto las causas del retroceso como las soluciones y ha anunciado su intención de comparecer a petición propia ante el Parlamento de Cantabria.
Silva también ha reclamado financiación estatal para aplicar las nuevas ratios y los requisitos previstos para los centros. Según sus cálculos, el impacto para Cantabria podría situarse entre 150 y 170 millones de euros, mientras que el coste nacional rondaría los 2.800 millones anuales. «Hay memoria económica, pero no hay financiación«, ha reprochado.
El consejero ha advertido de que la reducción de alumnos por aula, los nuevos espacios mínimos, los patios de 75 metros cuadrados o las exigencias de climatización incrementarán los costes de las redes pública, concertada y privada. Cantabria, ha resumido, comparte el objetivo de mejorar la atención, pero rechaza que el Estado adopte decisiones que después deban pagar exclusivamente las autonomías: «El clásico invito yo», ha ironizado.
En cambio, Silva ha confirmado que los criterios para repartir los cerca de 31 millones destinados a Formación Profesional han salido adelante sin dificultades y con un respaldo ampliamente mayoritario.
La consejera de Educación de Castilla y León, María Pardo, ha coincidido en reclamar que PISA sea tratado como un asunto central en la próxima Conferencia Sectorial. Pardo ha pedido al Ministerio un «cambio de modelo educativo», diálogo con las comunidades y una planificación a largo plazo que permita concretar qué modificaciones deben realizarse en la normativa estatal.
La consejera ha afirmado que Castilla y León esperaba conocer una propuesta concreta del Gobierno después de unos resultados que considera «especialmente sensibles». A su juicio, la desaparición del mérito, la capacidad y el esfuerzo del discurso normativo «no está mejorando los resultados», por lo que ha solicitado que estos conceptos vuelvan a situarse sobre la mesa del debate.
Pardo ha cuestionado igualmente que las comunidades no hayan participado desde el inicio en la elaboración de los cambios sobre ratios. «Dialogar no es solo hablar, sino conocer nuestro punto de vista, nuestra perspectiva y nuestros problemas», ha señalado. Castilla y León no puede respaldar una medida que en algunos casos podría triplicar el gasto en Infantil sin saber qué parte financiará el Ministerio.
La Conferencia Sectorial ha cerrado así con acuerdos en Formación Profesional, pero con una profunda división política sobre inclusión, ratios y diagnóstico educativo. PISA, pese a no figurar formalmente en la agenda, ha terminado dominando las declaraciones posteriores y evidenciando dos interpretaciones enfrentadas: la del Ministerio, que rechaza el catastrofismo y propone actuaciones específicas, y la de las autonomías del PP, que reclaman una revisión de mayor alcance del modelo educativo.