La ralentización del abandono educativo temprano en España no significa necesariamente que las políticas aplicadas hayan dejado de funcionar. Una parte relevante del freno se explica porque la población extranjera, cuya tasa de abandono triplica la española, representa un porcentaje creciente de los jóvenes. Manuel T. Valdés fue más allá y advirtió de que, con este condicionamiento demográfico, será muy difícil —si no imposible— alcanzar el objetivo marcado para 2030. Aun así, recordó que nadie habría pensado hace años que España lograría rebajar tanto el indicador. Esta fue la tesis con la que Manuel T. Valdés, profesor de la Universidad de Viena y autor del informe, abrió este miércoles 23 de septiembre el debate suscitado por la nueva edición de Indicadores comentados sobre el estado del sistema educativo español.

La Fundación Ramón Areces acogió en su sede madrileña la presentación de la duodécima edición del estudio, elaborado junto con la Fundación Europea Sociedad y Educación. Tras la bienvenida de Daniel Santín, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Valdés sintetizó los principales datos del sistema educativo. Después participó en un coloquio con María Castro Morera y María Fernández Mellizo-Soto, ambas profesoras de la Complutense, moderado por Miguel Ángel Sancho Gargallo.

España cerró 2025 con una tasa de abandono escolar del 12,8%, la más baja de la serie histórica. El dato queda muy lejos del máximo del 32,3% registrado en 2004, pero todavía sitúa al país en la tercera posición de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía y Alemania, y 3,7 puntos por encima del promedio comunitario, establecido en el 9,1%.

La caída, además, ya no avanza al ritmo observado tras la crisis económica de 2008. Entre ese año y 2014, el abandono disminuyó una media de 1,6 puntos anuales. En los últimos ejercicios, en cambio, las reducciones se cuentan en décimas. Para Valdés, esta evolución obliga a separar el comportamiento de los distintos grupos y a observar el denominado efecto composicional de la población.

En 2025, la tasa de abandono entre los jóvenes de nacionalidad española fue del 9,8%, mientras que entre la población extranjera alcanzó el 30,7%. La brecha fue, por tanto, de 20,9 puntos. Al mismo tiempo, los jóvenes extranjeros han ganado peso dentro del grupo de edad con el que se calcula el indicador. Como ya informó Magisterio al analizar la brecha por nacionalidad, se trata de uno de los grandes desafíos para la integración educativa.

La desagregación por sexo y nacionalidad refuerza el argumento. Entre los hombres y las mujeres de nacionalidad española, el abandono mantiene una trayectoria descendente sin signos claros de agotamiento. En 2025, sus tasas específicas cayeron cinco y siete décimas, respectivamente. Entre la población extranjera, sin embargo, el descenso se ha estancado tras la pandemia: la tasa de los hombres extranjeros repuntó 2,4 puntos durante el último año, mientras que entre las mujeres apenas se han compensado los aumentos posteriores a la Covid-19.

Valdés resume el diagnóstico en su comentario incluido en el informe: «no debe hablarse de una receta agotada, sino de una tendencia descendente ralentizada por los intensos flujos de llegada de población inmigrante». El investigador advierte así contra una lectura que atribuya el estancamiento a un empeoramiento general del sistema. La tendencia de fondo continúa siendo favorable entre los jóvenes que han realizado su trayectoria escolar en España.

El informe incorpora dos simulaciones para medir este efecto. Si el peso relativo de hombres y mujeres españoles y extranjeros se hubiera mantenido en los niveles de 2015, la tasa de abandono de 2025 habría sido del 12,2%, seis décimas menos. Si, además, las tasas específicas de abandono de la población extranjera hubieran permanecido en los niveles de 2021, el indicador habría descendido hasta el 11,8%. La inmigración reciente habría frenado, por tanto, alrededor de un punto porcentual la mejora acumulada.

Esta explicación no implica responsabilizar a los jóvenes inmigrantes del problema. Valdés recordó que quienes llegan a España entre los 18 y los 24 años suelen hacerlo con un proyecto migratorio orientado a la inserción laboral rápida, no necesariamente a incorporarse primero al sistema educativo. La conclusión apunta, por ello, a la necesidad de políticas específicas de acogida, reconocimiento de aprendizajes, orientación, formación flexible y compatibilidad entre empleo y estudio.

El análisis también obliga a abandonar una única receta nacional. El País Vasco presenta una tasa de abandono del 3,6%, comparable a la de los países europeos con mejores resultados, mientras que Murcia alcanza el 20,6%. Navarra se sitúa en el 7,8% y Cantabria en el 8,9%, frente al 15,9% de Canarias y el 15,7% de Castilla-La Mancha. Para Valdés, España ya no tiene un solo problema de abandono, sino realidades territoriales muy distintas que requieren actuaciones locales.

La exposición de Valdés situó esta cuestión dentro de una fotografía más amplia. En el curso 2024-2025 había 8.316.599 estudiantes matriculados en enseñanzas de régimen general no universitarias, 17.252 menos que el año anterior. Es el primer descenso interanual desde 2001-2002, si se deja al margen la caída excepcional de Infantil durante la pandemia. Los datos provisionales de 2025-2026 anticipan que la contracción demográfica continuará.

Primaria encadena siete cursos perdiendo matrícula desde el máximo de 2017-2018 y se sitúa en 2,71 millones de alumnos. La ESO, que crecía desde 2011-2012, también registró su primera caída, con 12.506 estudiantes menos. Los avances del curso actual apuntan a nuevos descensos de alrededor de 49.000 alumnos en Primaria y 25.000 en Secundaria Obligatoria.

La evolución contrasta con el crecimiento de la Formación Profesional. Los ciclos de Grado Básico, Medio y Superior sumaron cerca de 1,2 millones de alumnos, un nuevo máximo histórico. El Grado Medio alcanzó los 469.733 matriculados y el Superior los 625.990. Este último ha ganado más de 400.000 estudiantes desde 2006-2007, impulsado también por una modalidad a distancia especialmente extendida en los centros privados.

La universidad presenta una dinámica semejante. La matrícula de grado y máster alcanzó los 1,73 millones de estudiantes en 2024-2025. El crecimiento de la oferta privada es particularmente intenso en la formación a distancia: las universidades privadas concentran ya alrededor del 45% del alumnado de grado no presencial y más del 90% de quienes cursan un máster a distancia. La expansión privada digital se convierte así en una de las transformaciones estructurales del sistema.

El alumnado extranjero representó el 12,9% de los matriculados en enseñanzas no universitarias, frente al 0,7% de hace tres décadas. Su presencia llega al 15,5% en Primaria, baja al 13,8% en ESO y se reduce al 7,9% en Bachillerato. El informe calcula que la población de origen inmigrante de 0 a 17 años se ha triplicado desde 2002, al pasar de menos de 400.000 menores a superar los 1,2 millones. Esta transformación social explica la centralidad adquirida por la integración educativa.

El primer gran eje del coloquio fue la formación del profesorado. María Castro Morera analizó los resultados de TALIS 2024, la encuesta de la OCDE en la que participaron en España 8.060 docentes de Primaria y 9.098 de ESO. El estudio pregunta por su preparación, desarrollo profesional, prácticas de enseñanza, colaboración y métodos de evaluación, por lo que ofrece una mirada diferente de las pruebas centradas en el alumnado.

Los profesores españoles declaran una preparación relativamente alta para impartir los contenidos de sus asignaturas: el 71,5% en Primaria y el 74,7% en ESO se siente muy o bastante preparado. También son mayoritarios quienes confían en su capacidad para utilizar herramientas digitales, con porcentajes del 64,5% y el 66,2%, respectivamente.

Las cifras bajan en las competencias vinculadas con aulas cada vez más diversas. Solo el 49,1% del profesorado de Primaria y el 42% del de Secundaria se considera preparado para enseñar en contextos multiculturales o multilingües. En apoyo al desarrollo emocional y social del alumnado, las proporciones son del 57,1% y del 46,8%. Son ámbitos que revelan una brecha formativa entre las nuevas demandas de la profesión y la preparación percibida.

Castro pidió, no obstante, prudencia al interpretar estas respuestas. TALIS no mide directamente las competencias del profesorado, sino su percepción. Además, la autovaloración depende de las expectativas y culturas profesionales de cada país. Un sistema muy exigente puede producir respuestas más modestas sin que sus docentes estén objetivamente peor preparados.

Su comentario en el informe se apoya en la distinción entre conocimiento disciplinar, conocimiento pedagógico y conocimiento pedagógico del contenido. Los docentes españoles de Primaria valoran de forma moderada la solidez académica de su titulación inicial en comparación con otros países, pero se sienten suficientemente preparados para enseñar. Esta aparente paradoja sugiere que distinguen entre profundidad académica y utilidad práctica para el aula.

El debate no puede reducirse, por tanto, a elegir entre más contenidos o más pedagogía. La cuestión es cómo integrar ambos componentes para que el profesorado domine lo que enseña y sepa transformarlo en experiencias comprensibles para alumnos con capacidades, orígenes y necesidades diferentes. Castro defendió una formación inicial que combine el saber disciplinar con las competencias pedagógicas emergentes.

TALIS también muestra una participación muy elevada en formación continua: el 95,8% del profesorado de Primaria y el 91,5% del de ESO asistió durante el último año a cursos, seminarios o talleres. Sin embargo, son muchos menos quienes visitan otros centros, observan clases de compañeros o reciben retroalimentación. El sistema parece apostar por la acumulación de cursos más que por un aprendizaje colaborativo arraigado en la práctica.

En Secundaria, solo el 9,3% observa clases de otros docentes al menos una vez al mes y apenas el 14,7% organiza actividades conjuntas con otros grupos. En Primaria, los porcentajes suben al 23,8% y al 42,1%, pero siguen mostrando margen de mejora. El análisis de TALIS publicado por Magisterio ya señalaba las dificultades para acompañar al profesorado joven y aprovechar la experiencia de los veteranos.

Para Castro, la calidad docente no depende únicamente de la selección de quienes acceden al grado de Magisterio ni de los planes universitarios. También está condicionada por las oportunidades de aprendizaje durante toda la carrera. La profesionalidad docente se construye mediante la formación inicial, la práctica, el acompañamiento, la colaboración y un desarrollo continuo conectado con los problemas reales de los centros.

El segundo eje del coloquio fue el abandono universitario. María Fernández Mellizo-Soto comenzó diferenciando entre dejar la titulación inicial y abandonar definitivamente el sistema. En la cohorte de nuevo ingreso de 2019-2020, el 30,6% no terminó el grado que había comenzado, pero el 10,8% cambió de carrera. El abandono definitivo se situó en el 19,8%, algo menos de dos de cada diez estudiantes.

España no aparece especialmente mal situada frente a otros países desarrollados, pero la media oculta diferencias enormes. El abandono alcanza el 28,3% en Ciencias Sociales, Periodismo y Documentación, mientras que baja al 8,4% en Salud y Servicios Sociales. También es mayor entre los hombres, con un 23,4%, que entre las mujeres, con un 16,9%.

La variable con mayor capacidad para anticiparlo es el rendimiento inicial. Los estudiantes que aprueban todas o casi todas las asignaturas del primer curso presentan una probabilidad mínima de dejar la universidad. El riesgo crece de forma progresiva a medida que disminuye el porcentaje de créditos superados y puede superar el 40% entre quienes suspenden prácticamente todo.

El primer año funciona así como un periodo crítico de integración académica. La orientación antes de elegir carrera, los programas de acogida, las tutorías tempranas y la detección rápida de dificultades pueden resultar más eficaces que las medidas adoptadas cuando la desvinculación ya está consolidada. Como recoge otro análisis de Magisterio sobre abandono universitario, el 13% deja la universidad durante el primer año y otro 9% cambia de titulación.

Fernández Mellizo-Soto destacó asimismo que el abandono se distribuye de forma desigual. Los becarios obtienen, de media, un mejor rendimiento que quienes no reciben ayuda, pero son más vulnerables cuando sus resultados académicos empeoran. Con un rendimiento alto, las diferencias apenas existen; con un fracaso generalizado en el primer curso, el riesgo de abandono del becario supera el 50%, frente a alrededor del 40% del no becario. La desigualdad socioeconómica aparece cuando la familia no dispone de recursos para compensar el tropiezo académico.

La modalidad de enseñanza también marca una frontera. El abandono definitivo alcanza el 50,4% en las universidades no presenciales, frente al 13,1% en las presenciales. El alumnado a distancia suele tener más edad, trabajo, responsabilidades familiares y objetivos formativos distintos, por lo que ambos fenómenos no deberían analizarse conjuntamente.

Canarias y Baleares presentan, además, tasas especialmente elevadas. Los estudiantes que permanecen en las universidades de los archipiélagos suelen proceder de hogares más modestos, obtienen notas de acceso inferiores y se matriculan con mayor frecuencia a tiempo parcial. Las restricciones económicas limitan su movilidad y concentran en los campus insulares perfiles con mayor vulnerabilidad ante el abandono.

Más allá de los dos asuntos centrales del coloquio, el informe ofrece una extensa radiografía de los recursos y resultados educativos. El gasto público alcanzó en 2024 los 71.349 millones de euros, un 4,8% más que el año anterior y el máximo nominal de la serie. Representa el 4,48% del PIB y el 9,84% del gasto público total.

España destina por alumno una cantidad equivalente al 22% del PIB per cápita, por encima de la OCDE, con un 21,3%, y de la Unión Europea, con un 21,2%. Sin embargo, el gasto presenta grandes diferencias territoriales. En 2023, el gasto público por alumno en centros financiados con fondos públicos osciló entre los 5.534 euros de Madrid y los 8.946 del País Vasco.

La ratio media ha descendido hasta los 10,4 alumnos por profesor, el mínimo de la serie histórica. En los centros públicos es de 9,6 y en los privados de 12,7. Esa reducción, sin embargo, no se ha traducido en una caída equivalente del tamaño de las clases, que permanece alrededor de 21 alumnos en Primaria y 25 en ESO.

Las tasas de repetición continúan bajando. En 2024-2025 repitió el 1,4% del alumnado de Primaria, el 6,6% de ESO y el 4,5% de Bachillerato. Los chicos siguen repitiendo más que las chicas, aunque la brecha se ha reducido. Cataluña presenta las tasas más bajas en Primaria y ESO, mientras que Ceuta y Melilla se sitúan entre los territorios con cifras más elevadas.

La tasa de graduación en los grados universitarios de cuatro años alcanzó un máximo del 55,5%, 9,4 puntos más que en la cohorte de 2010-2011. En Educación y en Salud supera el 76%, pero cae al 27,9% en Agricultura, Ganadería, Silvicultura, Pesca y Veterinaria. La elección de estudios continúa condicionando profundamente las probabilidades de titulación e inserción.

El vínculo entre educación y empleo sigue siendo claro. En 2025, la tasa de paro fue del 20,5% entre quienes no completaron la Secundaria inferior y del 5,7% entre quienes alcanzaron estudios terciarios. En 2024, los trabajadores con educación superior cobraron una media de 3.204 euros brutos mensuales, frente a los 1.890 de quienes habían completado como máximo la ESO.

La mejora educativa no garantiza, sin embargo, un empleo ajustado. España mantiene la tasa de sobrecualificación más alta de la Unión Europea: el 33,5% de los titulados superiores desempeña trabajos que no requieren ese nivel formativo. Es una de las claves de la paradoja señalada por Taraneh Shahin, Juan de Dios Tena, Luis Miguel Doncel e Ismael Sanz: el país acumula más credenciales, pero no logra transformar todo ese capital humano en productividad.

También mejora la situación de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Su proporción ha pasado del 19,4% en 2015 al 11,5% en 2025. El avance es considerable, aunque España continúa entre los países europeos con cifras más altas y persisten diferencias autonómicas, desde el 7,2% del País Vasco hasta más del 15% en Ceuta y Melilla.

La presentación dejó así una imagen alejada de los diagnósticos simples. España registra máximos históricos en FP, graduación universitaria y gasto educativo, reduce la repetición, el paro y el abandono, pero conserva brechas profundas por nacionalidad, sexo, territorio, origen socioeconómico y ámbito de estudios. La mejora general convive con grupos que no progresan al mismo ritmo.

En ese contexto, la tesis de Valdés funcionó como hilo conductor de la jornada: los promedios nacionales pueden ocultar procesos distintos y hasta contrapuestos. El abandono no ha dejado de mejorar entre buena parte de la población, pero el cambio demográfico modifica el indicador agregado y plantea nuevos retos. A su juicio, el objetivo de 2030 se antoja cada vez más difícil de alcanzar si no cambian las condiciones de llegada e integración del alumnado extranjero, pero eso no resta mérito a una evolución que hace unos años pocos habrían imaginado. La respuesta, concluyeron los participantes, pasa por políticas más precisas, capaces de acompañar al alumnado inmigrante, reforzar la formación docente y actuar durante el primer año universitario antes de que las dificultades se conviertan en abandono.