El salario de las educadoras infantiles subirá a 1.275 euros y FENACEIN avisa del impacto
La Federación Nacional de Centros de Educación Infantil (FENACEIN) ha advertido de que la mejora salarial prevista en el XIII Convenio Colectivo llega después de varios ejercicios de incrementos encadenados que, a su juicio, están tensionando la viabilidad de muchos centros privados de 0 a 3 años. La organización subraya que la nueva tabla salarial, con efectos desde el 1 de septiembre de 2026, fija en 1.275 euros el salario mensual de la categoría de Educador/a Infantil en los centros privados de gestión directa, frente a los 1.245 euros vigentes desde septiembre de 2025.
A juicio de la federación, el dato relevante no es solo la última subida, sino la evolución acumulada desde 2023. Entonces, la retribución de esta categoría se situaba en torno a 1.090 euros mensuales; pasó a 1.144 euros en enero de 2024, a 1.200 euros en enero de 2025 y a 1.245 euros en septiembre de ese mismo año. Con la nueva actualización, el salario habrá aumentado en 185 euros al mes en apenas tres años, lo que equivale a unos 2.590 euros brutos anuales más por profesional si se contabilizan las 14 pagas del convenio.
FENACEIN recuerda que el impacto sobre las empresas no se limita al salario base. A las subidas retributivas hay que sumar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y el resto de costes laborales asociados, por lo que el esfuerzo económico efectivo resulta sensiblemente superior. La organización insiste en que una parte muy importante de los centros privados de Educación Infantil son pequeñas empresas, muchas de ellas gestionadas directamente por sus propietarios y con una capacidad financiera limitada.
En ese contexto, la patronal explica que el peso del personal en la estructura de costes es especialmente elevado, porque la atención educativa de 0 a 3 años exige ratios ajustadas, profesionales cualificados y un servicio que combina funciones educativas y asistenciales. Por ello, considera que un aumento salarial acumulado cercano al 17% en tres años supone un esfuerzo muy notable para el sector, especialmente en un escenario de márgenes reducidos.
La federación sostiene que los centros privados no pueden repercutir automáticamente esos incrementos en las cuotas que pagan las familias. La escolarización en el tramo de 0 a 3 años ya supone, según señala, un gasto importante para muchos hogares, de modo que una subida de precios equivalente al encarecimiento de los costes laborales podría dejar fuera del servicio a parte de la demanda.
FENACEIN advierte de que los centros se encuentran en una situación compleja: suben los salarios, crecen las cotizaciones y se encarecen los costes generales de funcionamiento, pero existe un límite claro en la capacidad de las familias para asumir nuevas cuotas. La organización recuerda que buena parte de estos incrementos ya ha tenido que ser absorbida por los propios centros, una dinámica que, avisa, no puede mantenerse indefinidamente.
La federación abre además el debate sobre una posible reducción de ratios en Educación Infantil. A su juicio, cualquier avance en esa dirección, si va acompañado de una mejora de las condiciones salariales, tendría un impacto muy alto sobre el coste real de cada plaza. Menos niños por profesional implica más plantilla, y si a ello se suman salarios más altos, el resultado puede elevar de forma muy considerable el gasto de funcionamiento.
Por eso, FENACEIN defiende que cualquier reforma de calado debe ir ligada a una financiación pública suficiente y estable. La organización considera que no es razonable trasladar a las cuotas privadas el coste íntegro de mejoras salariales, nuevas exigencias de personal o una eventual reducción de ratios, porque ello conduciría a precios difícilmente asumibles para las familias y podría comprometer la continuidad de muchos centros de pequeño tamaño.
Ante la entrada en vigor de las nuevas tablas salariales el 1 de septiembre de 2026, FENACEIN reclama medidas de apoyo que permitan compensar el aumento de costes acumulado en los últimos años. Entre sus propuestas figuran el refuerzo de las ayudas directas a las familias, la mejora de las becas y cheques de Educación Infantil, así como la implantación de incentivos fiscales y mecanismos específicos de financiación para el sector.
La federación defiende que el objetivo debe ser compatible para todos: salarios mejores para los profesionales, ratios adecuadas, centros económicamente viables y una Educación Infantil accesible para las familias. En su comunicado, la organización insiste en que el esfuerzo asumido por las pequeñas empresas del sector debe ser reconocido y acompañado por las Administraciones Públicas para garantizar un modelo sostenible y de calidad.