Las nuevas ratios educativas comenzarían a aplicarse desde el curso 2027-28
En la ESO, el cambio arrancaría en el curso 2028-29 para primero y se aplicaría de forma gradual hasta cuarto. IMAGEN GENERADA POR IA
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha preparado un nuevo borrador de real decreto que establece límites máximos de alumnado en las distintas etapas educativas. La reducción se aplicaría de manera gradual entre los cursos 2027-28 y 2029-30, aunque en algunas enseñanzas su despliegue completo se prolongaría durante más años. El documento modifica el Real Decreto 132/2010, que regula los requisitos mínimos de los centros, y el Real Decreto 659/2023, relativo a la ordenación de la Formación Profesional. Su objetivo es desarrollar la futura reforma de la legislación educativa y fijar ratios estatales máximas en etapas que hasta ahora no estaban reguladas de esta forma en la normativa básica.
El texto tiene todavía carácter de borrador y deberá completar su tramitación antes de ser elevado al Consejo de Ministros. Las nuevas condiciones entrarían en vigor el día siguiente al de la publicación del real decreto en el Boletín Oficial del Estado, pero el calendario de reducción de ratios comenzaría posteriormente.
En el segundo ciclo de Infantil, de los 3 a los 6 años, los centros tendrían un máximo de 20 alumnos por unidad. En Primaria, el límite se situaría en 22 estudiantes por aula, mientras que en Educación Secundaria Obligatoria se establecería en 25 y en Bachillerato, en 30. La implantación comenzaría en el curso 2027-28 para el primer curso del segundo ciclo de Infantil y para primero de Primaria. Después se extendería progresivamente al resto de cursos de ambas etapas, de forma que la reducción avanzaría con las promociones que se incorporen al nuevo modelo de ratios.
En la ESO, el cambio arrancaría en el curso 2028-29 para primero y se aplicaría de forma gradual hasta cuarto. En Bachillerato, el máximo de 30 alumnos comenzaría a aplicarse en primero durante el curso 2029-30 y llegaría a segundo en el curso escolar siguiente. Las comunidades autónomas podrían aprobar ratios todavía inferiores, ya que el real decreto tendría carácter de normativa básica estatal. El propio borrador recuerda que las administraciones educativas conservan capacidad para completar o mejorar estos límites dentro de sus competencias.
Una de las principales novedades afecta al primer ciclo de Infantil. El borrador establece una relación máxima de cuatro niños por docente entre cero y un año, seis entre uno y 2 años y ocho entre 2 y 3 años. Estas ratios comenzarían a aplicarse en el curso 2027-28 en el primer nivel del ciclo y avanzarían progresivamente hacia los dos cursos siguientes. El nuevo sistema tendría que estar plenamente implantado al comienzo del curso 2029-30.
El decreto también actualizaría las condiciones materiales de las escuelas infantiles. Cada unidad tendría que disponer de un aula con al menos dos metros cuadrados por puesto escolar. Las aulas para menores de dos años deberían contar, además, con zonas diferenciadas para el descanso y la higiene. Los centros del primer ciclo necesitarían una sala polivalente de 30 metros cuadrados, un patio exclusivo de al menos 75 metros cuadrados y un espacio para preparar alimentos cuando escolaricen a menores de un año. Para las aulas de dos a tres años se exigiría también un aseo accesible desde la propia sala.
En el segundo ciclo de Infantil, el patio tendría que alcanzar al menos 150 metros cuadrados por cada seis unidades o fracción. Tanto en el primero como en el segundo ciclo, los centros deberían contar generalmente con un mínimo de tres unidades, salvo las excepciones previstas para poblaciones con características especiales.
El borrador introduce asimismo nuevos máximos en Formación Profesional. Los ciclos de Grado Medio, Grado Superior y los cursos de especialización en modalidad presencial deberían alcanzar una ratio máxima de 25 alumnos por profesor al inicio del curso 2028-29. La reducción se aplicaría preferentemente en las ofertas que utilizan aulas-taller, laboratorios y otros espacios singulares. En los ciclos de Grado Básico, el máximo sería de 15 estudiantes por docente, con aplicación en primero durante el curso 2029-30 y en segundo al año siguiente.
El texto permite, de forma excepcional, que determinados ciclos de Grado Medio, Grado Superior y cursos de especialización de centros públicos puedan impartirse en edificios de titularidad pública con uso compartido. Para ello, tendría que estar claramente delimitado el espacio destinado a educación.
La propuesta incorpora un nuevo artículo sobre salud, protección y bienestar. Todos los centros afectados deberán organizar su actividad conforme a criterios de sostenibilidad ambiental y garantizar unas condiciones de confort térmico adecuado, con medidas de climatización eficientes y adaptadas a las consecuencias del cambio climático. Los colegios e institutos tendrán que disponer de procedimientos específicos ante temperaturas extremas y otros riesgos climáticos. Esos protocolos podrán contemplar la reorganización de horarios y espacios, la reducción de actividades físicas o al aire libre y una atención especial al alumnado de menor edad o en situación de vulnerabilidad.
Las administraciones educativas deberán prestar el asesoramiento necesario para desarrollar estas actuaciones. El borrador convierte así la respuesta frente a episodios de calor o frío extremo en una obligación organizativa de los centros, dentro de su autonomía.
El real decreto reconoce el carácter singular de la escuela rural y obliga a las administraciones a desarrollar programas dirigidos a garantizar la igualdad de oportunidades educativas. También permite adaptar las ratios generales a las características demográficas y educativas de cada territorio. Para decidir la continuidad de unidades y centros rurales no se atendería únicamente al número de estudiantes. Las administraciones tendrían que valorar criterios cualitativos, como su contribución a la cohesión social, la dinamización cultural, la conservación del patrimonio, el cuidado del entorno y la permanencia de la población.
El borrador establece además que estos centros deberán disponer de recursos humanos suficientes, conectividad y medios educativos digitales. La finalidad es favorecer la permanencia del alumnado en el sistema y evitar que la aplicación de criterios exclusivamente numéricos perjudique la continuidad de las escuelas en territorios poco poblados.
El Ministerio justifica la reducción de ratios por su posible contribución a la mejora de las condiciones de aprendizaje y al éxito educativo, así como por su impacto positivo sobre las condiciones laborales del profesorado. No obstante, propone un calendario gradual debido a las implicaciones organizativas, presupuestarias y de infraestructura que tendrá la medida.
Si el texto supera la tramitación y mantiene su redacción actual, los primeros cambios llegarían en el curso 2027-28 a Infantil y Primaria. La ESO comenzaría su adaptación un año después, mientras que Bachillerato y el Grado Básico de FP iniciarían la reducción en 2029-30. Hasta su aprobación definitiva, las cifras y los plazos planteados tienen carácter provisional.
