Los sindicatos, molestos por el retraso en el calendario de bajada de ratios en las aulas

El Ministerio de Educación ha presentado este miércoles a los principales sindicatos docentes: UGT, CCOO, CSIF, ANPE y STES-Intersindical el nuevo decreto que quiere llevar al Consejo de Ministros para reducir el número de alumnos en las etapas de Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Una norma que supone reformar el decreto de 2010 que rige los criterios y requisitos mínimos de los centros de enseñanza de segundo ciclo de Infantil, Primaria y Secundaria pero que también incluye la mejora de las ratios de 0 a 3 años, de Bachillerato y de Formación Profesional.

Este decreto no necesita pasar por el Parlamento y coincide en su negociación con la tramitación parlamentaria del proyecto de ley que baja las ratios en Primaria y Secundaria y reduce la jornada docente. Los sindicatos avisan de que tanto el calendario de implantación para reducir las ratios en Primaria (22 frente a los 25 actuales) como en Secundaria (25 alumnos frente a los 30 actuales) debe adelantarse.

En primer ciclo de Infantil las nuevas ratios empezarían el próximo curso pero también de forma progresiva hasta 2029-30. La propuesta es de un máximo de 4 bebés por educadora para las aulas de menores de un año, 6 en las de uno a dos años y 8 en las clases de dos a tres años, mientras que para el ciclo de 3 a 6 años, establece 20 alumnos (frente a los 25 actuales).

En cuanto al ciclo de Bachillerato, contempla un tope de 30 alumnos (frente a los 35 actuales). En los grados medio y superior de Formación Profesional se fija en 25 alumnos por profesor, para 2028-29 de forma gradual, aunque los sindicatos sobre todo critican que en la FP Básica, con un máximo de 15 alumnos por aula, empiece a establecerse dentro de tres años. «No lo entendemos en absoluto. El Ministerio está sobreestimando un impacto que no es tan grande», señalan fuentes de CCOO a Efe que inciden en que el grado básico de FP ya tiene una ratio de media no muy alto y además va por territorios: «Son bajadas muy puntuales dentro del sistema de FP», recuerdan.

Desde ANPE también se recalca que el calendario de aplicación debe adelantarse, mientras STES-Intersindical pone el foco en el proyecto de ley de ratios del Congreso, ya que si no es aprobada, la parte que introduce el decreto sobre reducción de alumnos en Primaria y Secundaria «quedaría anulada».

El PSOE ha pedido retrasar el calendario de implantación de la ley que bajará las ratios en las aulas hasta dos años para Segundo de Infantil y Primaria, hasta el curso 2029-30 para Secundaria y hasta 2030-31 para Bachillerato. El plazo de presentación de enmiendas parciales al proyecto de ley que reduce ratios y jornada docente ha finalizado este miércoles y el grupo socialista ha propuesto retrasar también al curso que viene la mejora en la jornada lectiva y que el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) cuente como doble plaza.

En este sentido, Sumar, ERC, Bildu y Podemos, han pedido en sus iniciativas que todo el alumnado con dificultades cuente como doble y el socio de Gobierno incluso insta a bajar aún más la ratio en Primaria y Secundaria: hasta un máximo de 20 alumnos por profesor. Actualmente el proyecto de ley contempla un máximo de 22 estudiantes en Primaria y 25 en Secundaria y rebaja la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y 18 en Secundaria y Bachillerato.

Sumar también propone que la asignatura de religión –ya sea católica o de otras confesiones– se imparta fuera del horario lectivo y el resto de enmiendas socialistas van dirigidas a pedir a las administraciones educativas agilizar la burocracia y aumentar los apoyos personales y materiales. Este proyecto de ley –que superó los vetos de PNV y de Junts, gracias al rechazo del PP– cuenta con el apoyo de los populares en cuanto a la bajada de ratios, pero piden que empiecen a entrar en vigor de forma progresiva desde el curso 2030-31.

El PP quiere que en el plazo de diez años desde la entrada en vigor de la ley se proceda a la implantación de la ratio a 25 alumnos en la Secundaria. Entre sus iniciativas también instan a extender las medidas a la concertada y a que en un plazo de tres meses se evalúe el módulo del concierto educativo y el coste del puesto escolar en estos centros. Sumar, en sentido contrario, pide no renovar los conciertos existentes. También, al igual que otras formaciones como BNG o Bildu, aumentar el número de orientadores: uno a tiempo completo al menos cada 350 alumnos.

Renaturalizar los patios escolares y concretar por Real Decreto las condiciones mínimas de dotación de apoyos especializados o la dotación de orientadores, son otras enmiendas del socio de Gobierno mientras que ERC pone el foco en que esta ley tenga carácter básico estatal para evitar invasión de competencias. Los republicanos, por otra parte, quieren que la reducción de la jornada semanal del profesorado se amplíe a los centros concertados.

Bildu apuesta porque el alumnado con necesidades de compensación de desigualdades compute como una plaza y media e insiste en una ratio de Bachillerato d 25 alumnos mientras que el PNV hace salvaguardas de competencia plena y también pide retrasar la aplicación de las ratios hasta 2031-32. Y Podemos, por su parte, quiere ratios mucho más bajas: 15 alumnos en Primaria, 20 en Secundaria, 23 en Bachillerato, y 15 para la Formación Profesional. En la etapa de 0 a 3 años –que quiere financiar con el mismo incremento que se ha hecho en Defensa–, plantea: 3 niños menores de un año por educadora, 5 en las aulas de entre uno y dos años y 6 en las de dos y tres años. En el segundo ciclo de Infantil, un máximo de 13 alumnos por docente.

La ministra Milagros Tolón, por su parte, ha instado al PP a apoyar la futura ley que bajará el número de alumnos por aula y reducirá la jornada del profesorado, una medida que ayudará a mejorar la calidad de educativa, tras los «malos» resultados del informe PISA 2025. Durante su intervención en el pleno del Congreso en una interpelación solicitada por PP y Vox para dar cuenta de la política educativa del Gobierno tras el «desastre» de PISA, Tolón ha enmarcado como «imprescindible» esta ley para reducir el número de alumnos por aula y para ofrecer «una atención más atención individualizada».»

Esta es una de las medidas que, según Tolón, ayudarán a revertir la caída histórica del rendimiento de los estudiantes de 15 años en ciencias, matemáticas y lectura, unos datos que la ministra ha reconocido que han sido «malos» para España. La ministra ha instado al PP a apoyar este proyecto de ley, que se encuentra en tramitación en el Congreso en el plazo de presentación de enmiendas, cuyo plazo vence este miércoles. Esta ley modifica dos leyes educativas y cuyo objetivo es fijar un máximo de 22 estudiantes por aula en Primaria y de 25 en Secundaria (frente a los 25 y 30 actuales) y rebajar la jornada docente hasta un tope de 23 horas semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial y de 18 en Secundaria y Bachillerato.

Ante los resultados del informe PISA, la ministra ha asegurado que el Gobierno seguirá invirtiendo en educación pública y garantizando la igualdad de oportunidades, aumentando la inversión, reforzando becas y destinando «más recursos que nunca» a las comunidades autónomas para gestionar la educación. «Vamos a trabajar para revertirlos, especialmente, los relacionados con la comprensión lectora porque, efectivamente, comprender lo que se lee es la base sobre la que se construye todo lo demás», ha dicho Tolón, si bien ha apuntado que, aunque los resultados «no son buenos» para España, pero tampoco para el conjunto de países de la OCDE.

Tras remarcar que el presupuesto de Educación supera los 6.700 millones de euros frente a los 3.300 millones del anterior gobierno del PP, Tolón ha incidido en que se aumentarán los recursos que se destinan a las comunidades autónomas en la próxima conferencia sectorial que se celebrará este viernes.

Por su parte, el diputado del PP Jaime De los Santos ha acusado al Gobierno de no estar «a la altura», y ha atribuido la caída de los resultados del informe PISA a la «ley criminal» de la Lomloe. «La izquierda siempre ha querido lo mismo: fabricar alumnos manipulables», ha sostenido Losantos.

El diputado de Vox Joaquín Robles ha considerado que los malos resultados del informe educativo se deben a «décadas de errores» y «pésimas leyes», en las que, a su juicio, «lo menos importante son los conocimientos que adquiere el alumnado».