"Más calor que en un concertado": Concapa denuncia su exclusión de las ayudas para climatizar colegios
Concapa denuncia que las ayudas para la mejora de la eficiencia energética se olvidan de los centros concertados. © ADOBE STOCK
La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa) ha registrado una queja ante el Defensor del Pueblo por la exclusión de la concertada del programa de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en edificios docentes. La organización también ha trasladado su reclamación a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.
El programa PREE Docente, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dispone de 200 millones de euros procedentes del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. El Consejo de Ministros autorizó esta cantidad el 29 de junio de 2026 para financiar intervenciones en edificios de titularidad pública de uso docente no universitario.
Las ayudas permitirán acometer mejoras en la envolvente térmica, la iluminación y las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, además de incorporar energías renovables y sistemas de automatización y control. Las actuaciones deberán lograr una reducción mínima del 10% en el consumo final de energía.
La Conferencia Sectorial de Energía aprobó el 21 de julio de 2026 el reparto territorial de los fondos entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Los gobiernos autonómicos serán los responsables de gestionar las convocatorias, aunque el programa establece como destinatarios los edificios educativos públicos.
Concapa considera que esta limitación provoca una diferencia de trato entre menores escolarizados en centros públicos y concertados. La confederación sostiene que las actuaciones financiadas no benefician a los propietarios de los edificios, sino principalmente al alumnado que permanece cada día en sus aulas.
La organización recuerda que los centros privados concertados forman parte del servicio público educativo y están sostenidos con fondos públicos. Por ello, entiende que sus estudiantes deben disfrutar de las mismas condiciones ambientales, con independencia de la titularidad jurídica del inmueble en el que reciben enseñanza.
Las familias señalan que el calor extremo, una climatización insuficiente, un aislamiento deficiente o una mala calidad del aire afectan de la misma manera a cualquier niño o adolescente. A su juicio, el criterio para conceder estas ayudas debería atender al estado de los edificios, las necesidades climáticas, la antigüedad de las instalaciones y la vulnerabilidad socioeconómica del alumnado.
Concapa plantea la reclamación desde la perspectiva del interés superior del menor y pide comprobar si durante el diseño del programa se evaluaron las consecuencias de dejar fuera a una parte del alumnado. También solicita analizar si esta diferencia resulta objetiva, necesaria y proporcionada cuando las inversiones repercuten directamente en la salud y el bienestar infantil.
Entre las posibles soluciones, la organización propone ampliar el PREE Docente a los centros concertados o crear una línea específica equivalente dentro del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Otra opción sería vincular la financiación al número de alumnos escolarizados y a las necesidades objetivas de rehabilitación de cada edificio.
La confederación también plantea establecer garantías para que cualquier ayuda concedida a un centro concertado quede destinada íntegramente a obras de climatización y eficiencia energética. De esta forma, los fondos tendrían una finalidad educativa directa y no generarían un enriquecimiento patrimonial injustificado para las entidades titulares.
Las familias advierten, además, de que la exclusión puede trasladar indirectamente los costes de las reformas a los colegios y a los hogares. Esta situación podría afectar especialmente a las familias más vulnerables o con varios hijos escolarizados, que tendrían que contribuir por otras vías a financiar unas condiciones térmicas adecuadas.
Concapa reclama al Defensor del Pueblo que solicite información al Ministerio para la Transición Ecológica y al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía sobre las razones jurídicas y técnicas que llevaron a limitar el programa a los inmuebles públicos. También pide determinar si la normativa europea impedía financiar centros concertados o permitía habilitar medidas adicionales de apoyo.
La organización solicita que, si se aprecia una diferencia injustificada, el Defensor recomiende modificar el ámbito del programa o habilitar una convocatoria complementaria. Asimismo, propone que los futuros planes públicos relacionados con la salud, la seguridad o la educación incorporen una evaluación de impacto infantil antes de ser aprobados.
Para las familias de la concertada, la política pública no debe centrarse únicamente en quién figura como propietario del colegio, sino en quién ocupa diariamente sus aulas. Su reclamación defiende que ningún alumno reciba menor protección pública por el centro elegido por su familia.
