Save the Children celebra el plan europeo para proteger a los menores en las redes sociales
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, durante su discurso anual sobre el Estado de la Unión, ayer. © EUROPEAN COMMISSION
Save the Children considera que el anuncio realizado este miércoles, 16 de septiembre, devuelve los derechos de la infancia al centro de la agenda digital europea. La organización celebra especialmente que la futura normativa avance hacia un modelo común de protección para niños, niñas y adolescentes en las redes sociales y otros servicios digitales.
La propuesta presentada por Von der Leyen plantea impedir el acceso a las redes sociales antes de los 13 años. Entre los 13 y los 15 años se permitirían únicamente cuentas limitadas y supervisadas por los progenitores, mientras que, a partir de esa edad, los adolescentes podrían disponer de perfiles personales.
Las plataformas, sin embargo, tendrían que mantener un diseño seguro obligatorio para todos los usuarios menores de 18 años. La Comisión Europea pretende así actuar contra las características adictivas, la exposición progresiva a contenidos extremos y la utilización de fotografías de menores para generar imágenes sexualizadas mediante inteligencia artificial.
Save the Children sostiene que las restricciones de edad pueden formar parte de la respuesta, pero advierte de que deben combinarse con medidas dirigidas a los riesgos concretos de cada servicio. La organización recuerda que no todas las plataformas ni todas sus funcionalidades presentan los mismos peligros para la infancia.
Entre los elementos que requieren una mayor vigilancia se encuentran los sistemas de recomendación, los diseños persuasivos destinados a prolongar el tiempo de uso, el contacto con desconocidos, el perfilado de usuarios y la publicidad comportamental dirigida a menores de edad.
La entidad también reclama criterios claros, transparentes y basados en evidencias para determinar qué servicios o funcionalidades representan un riesgo. Cualquier clasificación deberá partir de una evaluación rigurosa del impacto sobre los derechos y el bienestar de niños, niñas y adolescentes.
Las limitaciones deberán acompañarse, además, de sistemas sólidos de verificación de edad que respeten la privacidad. Save the Children considera igualmente necesario reforzar la alfabetización digital temprana, de manera que los menores puedan comprender cómo funcionan las plataformas, identificar posibles peligros y ejercer sus derechos.
La organización valora que la futura legislación europea traslade a las empresas tecnológicas la obligación de demostrar que sus productos son seguros. La responsabilidad principal debe recaer sobre las plataformas y no exclusivamente sobre las familias, según defiende la entidad.
Este planteamiento requiere desarrollar mecanismos independientes de supervisión, transparencia y auditoría, además de exigir evaluaciones de impacto. Las compañías deberán explicar qué medidas y metodologías utilizan para garantizar el cumplimiento de las normas de protección de la infancia.
Save the Children reclama que la seguridad se incorpore desde el diseño de los servicios digitales. Esto supone limitar las funciones que fomentan un uso excesivo, restringir los diseños persuasivos, desactivar por defecto el perfilado y priorizar el bienestar frente al consumo continuado de contenidos.
La entidad pide que el debate no quede limitado a las redes sociales. Los videojuegos, los servicios de vídeo y las herramientas basadas en inteligencia artificial también pueden generar riesgos para los menores y, por tanto, deberán incorporar garantías específicas desde su creación.
Save the Children cree que disponer de criterios europeos comunes permitirá reducir las diferencias entre las respuestas nacionales y evitar zonas grises. El objetivo debe ser garantizar un nivel mínimo de protección para la infancia y la adolescencia en todos los Estados miembros.
En España, la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales representa, según la organización, una oportunidad para incorporar estas garantías y exigir una mayor rendición de cuentas a las plataformas digitales.
