14 asociaciones científicas avalan un decálogo para proteger a los menores del entorno digital

Catorce sociedades científicas, médicas y de psicología han avalado un decálogo que propone una protección común de la infancia y la adolescencia frente a los riesgos del entorno digital. El documento, fechado el 21 de octubre de 2026 y presentado públicamente el día 27, parte de una premisa: no se trata de rechazar la tecnología, sino de proteger el cerebro, el cuerpo, la mente y la identidad durante unas etapas decisivas del desarrollo.

La iniciativa ha sido promovida por la Plataforma Control Z y cuenta con el respaldo de organizaciones de pediatría, neurología, psiquiatría, psicología, neuropsicología, medicina adolescente y oftalmología pediátrica, además de la Organización Médica Colegial. Sus recomendaciones se apoyan en el principio de precaución: cuando existen asociaciones consistentes, un efecto relacionado con el grado de exposición y una explicación científica plausible, la salud pública debe anticiparse al daño.

El decálogo recomienda que entre los cero y los seis años no haya pantallas, especialmente antes de cumplir los dos. Solo contempla usos sociales puntuales, como una videollamada supervisada, y pide priorizar la conversación, el juego, el movimiento y la interacción directa con los adultos. Entre los siete y los doce años propone menos de una hora diaria y, entre los trece y los dieciséis, menos de dos horas, siempre con acompañamiento y contenidos de calidad.

Los límites incluyen tanto el ocio como el tiempo escolar y los deberes. No se presentan como umbrales de toxicidad ni como una relación automática de causa y efecto, sino como recomendaciones protectoras prudentes. El documento recuerda que durante estas edades maduran la atención, los sistemas de recompensa, el control inhibitorio, la regulación emocional y el apego seguro.

La promotora de la iniciativa y directora de Control Z, Mar España, resume el diagnóstico con una advertencia: «Hay una sobredosis digital y el sistema educativo no puede mirar hacia otro lado». La exdirectora de la Agencia Española de Protección de Datos considera que las administraciones, los centros y las familias deben responder ante una exposición intensiva y persuasiva que puede desplazar el sueño, la actividad física, la lectura o las relaciones personales.

Otra de las medidas centrales es no facilitar un smartphone personal con acceso libre a internet antes de los 16 años. De los trece a los dieciséis, la plataforma plantea utilizar teléfonos sin internet o dispositivos con una conectividad limitada. Para evitar que la decisión recaiga aisladamente sobre cada hogar, reclama pactos entre las familias que permitan retrasar colectivamente la entrega del primer móvil.

La propuesta se completa con espacios y horarios libres de dispositivos: dormitorios, baños, comidas y las horas previas al sueño. También pide proteger la imagen corporal ante la comparación social y los contenidos de idealización física, prevenir los trastornos de la conducta alimentaria y abordar la exposición a pornografía y a contenidos sexuales de riesgo. La construcción de la identidad requiere, sostiene el texto, socialización presencial con iguales y referentes adultos.

El decálogo incorpora además la responsabilidad de las empresas tecnológicas. La protección no puede depender únicamente de la supervisión familiar, por lo que reclama privacidad por defecto, mecanismos eficaces de verificación de edad y una reducción de recursos diseñados para prolongar el consumo, como el scroll infinito, la reproducción automática y las notificaciones constantes. Se trata de aplicar seguridad desde el diseño y no después de que aparezcan los problemas.

En el ámbito educativo, las organizaciones proponen centros libres de smartphones personales y una distinción clara entre tecnología con una finalidad pedagógica y entretenimiento digital. Esta orientación coincide con la Estrategia Digital ZETA para centros docentes, que defiende recuperar espacios de aprendizaje y convivencia sin pantallas y reforzar la lectura y escritura, el razonamiento matemático y la resolución de problemas.

El documento también pide detectar usos problemáticos y establecer mecanismos de coordinación entre educación y sanidad en cada comunidad autónoma. La formación docente debería incluir alfabetización mediática, privacidad, algoritmos e inteligencia artificial generativa, pero sin patrocinio de la industria. En este punto, el mensaje es explícito: la IA puede servir como apoyo, pero nunca sustituir el razonamiento del alumnado.

Los datos incluidos en el decálogo señalan que el 29% del alumnado español observa cómo sus compañeros se distraen con dispositivos en clase y que el 54% utiliza semanalmente chatbots de inteligencia artificial para aprender. Sus autores matizan, sin embargo, que los resultados de PISA son observacionales y no permiten afirmar que prohibir el móvil, por sí solo, vaya a mejorar el rendimiento. Sí apuntan que los beneficios pueden concentrarse en el alumnado con mayores dificultades, reforzando así la equidad educativa.

Mar España ha reclamado un pacto de Estado para que la protección de la salud y el neurodesarrollo de los menores no dependa de los cambios políticos. «Para muchas medidas no hacen falta leyes, solo voluntad política«, ha señalado. La plataforma prevé trasladar sus propuestas al Ministerio de Educación, al Consejo Escolar del Estado, a la Comisión Europea y al Parlamento Europeo. La plataforma prevé trasladar sus propuestas

La hoja de ruta insiste en la necesidad de evaluar cualquier decisión mediante indicadores y evidencia independiente. Frente a la idea de que educar digitalmente exige aumentar el número de pantallas, las catorce organizaciones firmantes defienden una alfabetización que enseñe a comprender la tecnología, sus intereses y sus riesgos. Su conclusión es que educar también significa limitar: acompañar antes de conceder autonomía y garantizar que la innovación permanezca al servicio del aprendizaje, la salud y el desarrollo integral.