ACADE alerta del impacto de las nuevas regulaciones sobre la FP y la Educación Infantil

La Asociación de Centros Autónomos de Enseñanza Privada (ACADE) ha elevado el tono ante las últimas iniciativas educativas del Gobierno. Su presidente, Juan Santiago, sostiene que el Ejecutivo está impulsando un modelo legislativo desigual que enfrenta a la enseñanza pública con la privada y amenaza la autonomía y la viabilidad económica de los centros no sostenidos con fondos públicos.

El responsable de la patronal formuló estas críticas durante la inauguración de la cuarta edición del Congreso Top Voces Educación, celebrado los días 15 y 16 de octubre en Madrid con cerca de 300 profesionales. Santiago defendió el derecho de las familias a elegir la educación de sus hijos y reclamó que cualquier nueva regulación respete la libertad de creación de centros, la iniciativa empresarial y la diversidad del sistema educativo.

Uno de los principales motivos de preocupación para ACADE es el proyecto de real decreto sobre Formación Profesional presentado en septiembre y tramitado con carácter urgente. Según la asociación, la norma establece nuevas limitaciones administrativas para abrir centros privados e introduce restricciones adicionales en la enseñanza online, una modalidad que ha ampliado el acceso a la formación para estudiantes con diferentes circunstancias personales y laborales.

Santiago considera especialmente problemático que algunas de las medidas justificadas por el Gobierno como instrumentos para mejorar la calidad se dirijan fundamentalmente a los centros privados, mientras dejan fuera a centros públicos o sostenidos con fondos públicos. A su juicio, los criterios de calidad educativa deben ser comunes y aplicarse con independencia de la titularidad de cada institución.

ACADE no cuestiona la necesidad de reforzar la inspección o actuar cuando se produzcan incumplimientos. Sin embargo, rechaza que casos concretos puedan servir para imponer restricciones generales al sector. La organización recuerda que el crecimiento de la FP privada responde, entre otros factores, al aumento de la demanda de estudiantes y familias y a la necesidad de perfiles cualificados expresada por las empresas.

El presidente de la asociación advirtió de que esta regulación podría seguir «el mismo recorrido judicial» que el decreto sobre universidades privadas si el Gobierno mantiene su tramitación. Por ello, pidió su paralización y la apertura de un proceso real de diálogo con los representantes de los centros afectados antes de aprobar nuevas obligaciones.

Durante su intervención, Santiago recordó la oposición mantenida por ACADE al Real Decreto 905/2025, que regulaba distintos aspectos relacionados con las universidades privadas. La asociación entendía que aquella norma introducía restricciones insuficientemente justificadas y afectaba tanto a la libertad de creación de centros como a la libertad de empresa.

El Tribunal Supremo anuló la norma al considerar que no estaba justificada la urgencia empleada para su tramitación, lo que había llevado a prescindir de la consulta pública previa. Aunque la resolución no valoró el contenido material del decreto, ACADE interpreta el fallo como una llamada a reforzar las garantías del procedimiento legislativo, la participación de los sectores afectados y la seguridad jurídica.

Santiago insistió en que la organización está dispuesta a colaborar con las administraciones públicas, pero reclamó un cambio en la forma de elaborar las normas educativas. En su opinión, las reformas deben partir del diálogo y rigor técnico, evitando decisiones que introduzcan diferencias de trato entre centros por razón de su titularidad.

ACADE también mostró su rechazo a la propuesta planteada por el Ministerio para reducir las ratios e incorporar la pareja educativa en el primer ciclo de Educación Infantil. La patronal comparte el objetivo de mejorar la atención a los menores, pero alerta de que la medida puede provocar un fuerte incremento de costes si se aplica sin financiación ni un periodo suficiente de adaptación.

Según los cálculos internos difundidos por la asociación, las familias podrían afrontar aumentos de hasta el 50% en las cuotas para mantener la viabilidad de los centros. Santiago advirtió de que este escenario pondría en riesgo la continuidad de numerosas escuelas y dejaría fuera a hogares que no pudieran asumir el encarecimiento de las mensualidades.

La organización cifra en más de 5.300 los centros privados que trabajan en esta etapa, con más de 224.000 niños escolarizados, alrededor del 46% del total, y cerca de 60.000 empleos. ACADE sostiene que un eventual cierre de escuelas generaría un problema educativo y laboral, además de trasladar a la red pública una demanda que, según la asociación, difícilmente podría absorber a corto plazo.

La patronal pide que cualquier modificación de ratios venga acompañada de una memoria económica y de un análisis sobre sus efectos sociales y territoriales. Santiago señaló que, si el Ministerio recupera la propuesta en sus actuales términos, solicitará que sea retirada y sustituida por una negociación en la que participen todos los agentes implicados.

La inauguración contó también con la presidenta del Consejo Escolar del Estado, Encarna Cuenca, quien centró su intervención en la necesidad de involucrar al conjunto de la comunidad educativa en la mejora del sistema. Cuenca defendió que el alumnado tenga una participación activa y efectiva, no limitada a expresar opiniones, en la construcción de la educación y la sociedad del futuro.

Ante el nuevo escenario político, ACADE aseguró que mantendrá una actitud vigilante frente a las normas que afecten a los centros privados y que ofrecerá diálogo a las fuerzas políticas y a quienes asuman responsabilidades de gobierno. Entre sus reivindicaciones figuran una autonomía diferenciada para centros privados no financiados con fondos públicos y la desgravación fiscal de los gastos educativos de las familias.

El congreso se ha desarrollado bajo el lema «Escenarios futuros, educamos hoy, transformamos mañana». En ese marco, Santiago resumió las demandas de la organización en tres conceptos: libertad, autonomía y seguridad jurídica, condiciones que considera imprescindibles para que los centros privados puedan mantener su actividad, crecer y responder a las necesidades educativas de las familias.