El Consejo Escolar estudiará la financiación de las nuevas ratios de Infantil
USO Enseñanza ha presentado una enmienda al proyecto que rebajará las ratios del primer ciclo de Infantil para vincular su aplicación a una financiación pública progresiva. El sindicato advierte de que implantar los nuevos límites sin recursos puede afectar al empleo, reducir la oferta de plazas y dificultar el acceso de las familias a la etapa.
La Federación de Enseñanza de USO ha llevado al Consejo Escolar del Estado una enmienda destinada a garantizar la financiación pública del 0-3.
La Federación de Enseñanza de USO ha llevado al Consejo Escolar del Estado una enmienda destinada a garantizar la financiación pública del 0-3. La propuesta afecta al proyecto de real decreto que modificará el Real Decreto 132/2010, donde se regulan los requisitos mínimos de los centros educativos, y plantea que la reducción de alumnos por aula avance de manera coordinada con la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil.
La organización sindical propone incorporar una disposición adicional que comprometa al Gobierno y a las comunidades autónomas a financiar progresivamente esta etapa. El objetivo es que el desarrollo de las nuevas ratios vaya acompañado de recursos económicos suficientes, hasta alcanzar una oferta gratuita, amplia y sostenida con fondos públicos que pueda responder a las necesidades de escolarización de las familias.
El proyecto establece un máximo de cuatro alumnos por unidad en las aulas de menores de un año. En el tramo de uno a dos años, el límite quedaría fijado en seis escolares, mientras que las unidades de dos a tres años podrían tener hasta ocho. La aplicación de estas ratios más reducidas comenzaría de forma escalonada a partir del curso 2027-28.
La Comisión Permanente del Consejo Escolar del Estado tiene previsto examinar el texto el 29 de octubre. El Ministerio ha optado por tramitar la modificación mediante un real decreto después de que la disolución de las Cortes interrumpiera el anterior proyecto de ley sobre ratios y horas lectivas. La nueva vía mantiene así la intención de introducir límites por aula, aunque concentra la reforma en los requisitos mínimos exigibles a los centros.
USO Enseñanza considera positiva la reducción del número de niños por unidad porque puede favorecer una atención más individualizada durante una etapa especialmente sensible del desarrollo. Sin embargo, sostiene que cualquier cambio de esta magnitud necesita una planificación presupuestaria paralela, especialmente por sus efectos sobre la organización de los centros, las plantillas y el número de plazas disponibles.
La enmienda reclama que las nuevas condiciones se implanten en todos los centros al mismo ritmo, con independencia de su titularidad o modelo de gestión. La medida debería incluir, por tanto, a las escuelas públicas, los centros de gestión indirecta y los privados. Para el sindicato, una aplicación homogénea y financiada evitaría diferencias en el acceso y garantizaría que los requisitos no recaigan únicamente sobre las familias o los trabajadores.
El planteamiento sindical vincula la rebaja de ratios con el avance de la gratuidad. Si los centros deben reducir el número de alumnos admitidos en cada unidad sin recibir financiación adicional, podrían afrontar dificultades para mantener su actividad, sus plantillas o su actual oferta. USO Enseñanza alerta de que ese escenario podría provocar una reducción de plazas disponibles precisamente cuando se pretende extender el acceso al primer ciclo de Infantil.
La organización también advierte de las posibles consecuencias laborales. La disminución de alumnos por aula puede exigir la creación de nuevas unidades para atender la misma demanda, pero esa ampliación requiere instalaciones, personal y financiación estable. Si no se habilitan esos recursos, algunos centros podrían verse obligados a reorganizarse y adoptar decisiones que afecten al empleo de las plantillas del sector.
La financiación constituye además, según USO Enseñanza, una condición necesaria para evitar que el acceso al 0-3 dependa de la capacidad económica de cada hogar. Aunque esta etapa no es obligatoria, desempeña un papel relevante en la conciliación familiar y laboral, así como en la atención educativa temprana. Una oferta insuficiente o demasiado costosa puede generar desigualdades entre las familias y limitar las oportunidades de los menores.
Por ese motivo, la enmienda no se limita a solicitar ayudas puntuales, sino que plantea un compromiso progresivo de las administraciones. El calendario presupuestario debería acompasarse con la implantación de los nuevos máximos de alumnos por unidad, de modo que cada avance normativo cuente con respaldo económico. La finalidad es construir una red estable y accesible capaz de garantizar plazas suficientes sin deteriorar las condiciones laborales.
La propuesta también pone el foco en la situación de los profesionales del primer ciclo de Infantil. USO Enseñanza defiende que la mejora de la calidad educativa debe incorporar plantillas adecuadas y unas condiciones laborales equiparables, independientemente de la titularidad del centro. El sindicato reclama que la transformación de la etapa incluya personal suficiente y protegido, evitando que los costes de la reforma se trasladen a quienes trabajan en ella.
La federación anuncia que continuará defendiendo esta posición tanto en el Consejo Escolar del Estado como en las mesas de negociación. Su objetivo es que la reducción de ratios, la extensión de la gratuidad y la consolidación de la oferta avancen como partes de una misma política. Para USO Enseñanza, el desarrollo del 0-3 debe apoyarse en presupuesto, plazas y empleo, sin enfrentar la mejora educativa con la sostenibilidad de los centros.