Promesas educativas del Gobierno: el 82% no alcanza el cumplimiento pleno y varias se repiten

Medir el cumplimiento de un programa electoral exige distinguir entre aprobar una ley, financiar una política y conseguir el resultado anunciado. No basta con que una iniciativa aparezca en una estrategia ministerial: para considerar una promesa plenamente cumplida, este reportaje exige que la medida se haya materializado y alcance sustancialmente el objetivo formulado.

El análisis toma como referencia el programa del PSOE para las elecciones del 10 de noviembre de 2019, que sintetizó y actualizó el presentado para los comicios del 28 de abril, y el programa de las elecciones generales del 23 de julio de 2023. El balance se cierra el 20 de octubre de 2026, cuando la legislatura iniciada en 2023 todavía no ha agotado su recorrido ordinario. Por eso, un compromiso pendiente de 2023 no equivale necesariamente a un incumplimiento definitivo, aunque sí permite comprobar cuánto se ha avanzado después de más de tres años.

El programa de 2019 incluía un Pacto Educativo, una nueva ley, mayor financiación, escuelas públicas de 0 a 3 años, reforma de las becas, una ley de FP, carrera docente, medidas contra el abandono y la segregación, gratuidad de libros, material y comedor y una nueva legislación universitaria. Cuatro años después, el PSOE volvió a prometer varias de esas medidas. Antes de las elecciones de 2023, Magisterio ya advirtió de la falta de concreción sobre el calendario y la financiación de algunas propuestas.

La fotografía general muestra una pauta definida: el Gobierno ha obtenido sus mejores resultados cuando el compromiso dependía de aprobar una norma estatal concreta. El balance es menos favorable cuando la promesa requería financiación sostenida, coordinación autonómica, cambios profesionales complejos o la universalización efectiva de un servicio.

La siguiente tabla utiliza cuatro categorías: ✅ cumplida, cuando el núcleo de la promesa se ha ejecutado; 🟡 cumplimiento parcial, cuando existen medidas relevantes pero no se ha alcanzado todo el objetivo; y ❌ no cumplida, cuando no se ha materializado. El símbolo 🔁 identifica compromisos repetidos en 2019 y 2023.

• Sustituir la LOMCE por una nueva ley educativa
  — ✅ Cumplida
  — La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, modificó la LOE y sustituyó el marco central de la LOMCE. Es uno de los compromisos más claramente ejecutados.
• Alcanzar un Pacto de Estado por la Educación
  — ❌ No cumplida
  — Se aprobó una nueva ley, pero no mediante el gran pacto político y social prometido. La LOMLOE salió adelante sin un acuerdo estable entre los principales partidos.
• Elevar el gasto público educativo hasta el 5% del PIB
  — ❌ No cumplida
  — En 2024, el gasto fue de 71.348,8 millones, pero representó el 4,48% del PIB, lejos del 5% comprometido.
• Universalizar progresivamente la educación de 0 a 3 años y avanzar hacia su gratuidad 🔁
  — 🟡 Parcial
  — La escolarización ha crecido y en 2025-26 superó el 50%, pero no existe todavía una red suficiente de plazas públicas gratuitas que garantice el acceso universal. Se han creado más de 60.000 plazas con apoyo estatal, aunque la oferta y el coste siguen dependiendo del territorio.
• Conseguir que en 2025 el 90% de los jóvenes alcanzase la Secundaria postobligatoria
  — ❌ No cumplida
  — En 2023, la promesa se sustituye por una garantía formativa de 16 a 18 años. En 2024, el porcentaje de población de 20 a 24 años con al menos Secundaria de segunda etapa era del 79,9%, más de diez puntos por debajo del objetivo.
• Aprobar una nueva ley de Formación Profesional
  — ✅ Cumplida
  — La Ley Orgánica 3/2022 creó un sistema integrado de FP, ordenó las ofertas en cinco grados y reforzó la acreditación de competencias.
• Ampliar la oferta pública de FP 🔁
  — 🟡 En progreso
  — Entre 2020 y 2024 se financiaron más de 373.000 plazas nuevas. En 2025-26 había 1.211.062 alumnos, todavía por debajo de los 1,4 millones de jóvenes formulados como horizonte en 2023.
• Reformar las becas y recuperar su condición de derecho 🔁
  — 🟡 Parcial
  — Se elevaron umbrales y cuantías y el presupuesto alcanzó 2.559 millones para 2026-27, un 83% más que en 2018. Sin embargo, no se ha eliminado la cuantía variable, como prometía el programa de 2023.
• Aprobar el Estatuto del Docente y desarrollar una carrera profesional 🔁
  — ❌ No cumplida
  — No se ha aprobado un estatuto estatal del profesorado no universitario ni una carrera docente común. Es el ejemplo más claro de una promesa repetida y todavía incumplida.
• Reformar la formación inicial, el acceso y el desarrollo profesional docente 🔁
  — 🟡 Parcial
  — Ha habido formación vinculada a nuevos currículos, digitalización e inclusión, pero no una reforma integral y culminada del acceso, el Máster de Profesorado y la carrera profesional.
• Combatir la segregación y reforzar los centros vulnerables 🔁
  — 🟡 Parcial
  — La LOMLOE introdujo medidas de escolarización equilibrada y PROA+ alcanza cerca de 3.700 centros y más de un millón de alumnos. No se ha aprobado, sin embargo, el Plan Nacional contra la Segregación Escolar anunciado en 2019.
• Gratuidad de libros, material escolar y comedor 🔁
  — 🟡 Parcial
  — Continúan las transferencias para libros y materiales destinadas prioritariamente a familias vulnerables, pero no existe gratuidad general en todo el Estado. El comedor tampoco es universalmente gratuito.
• Programa gratuito de extraescolares, refuerzo y apertura ampliada de centros
  — ❌ Sin despliegue general
  — Existen PROA+, programas autonómicos y actuaciones locales, pero no se ha identificado el programa estatal de conciliación y jornada extendida con la cobertura general descrita en el programa de 2023.
• Reforzar la digitalización, la programación y la robótica 🔁
  — ✅ Cumplimiento alto — Código Escuela 4.0 ha financiado recursos y formación en pensamiento computacional, programación y robótica y seguía activo en 2026. Su implantación concreta, no obstante, varía entre comunidades y centros.
• Crear un Instituto de Desarrollo Curricular 🔁
  — ❌ Pendiente
  — La institución figuraba en 2019 y volvió a anunciarse en 2023, pero no se ha creado con la autonomía y funciones prometidas. Es otro caso de doble incumplimiento hasta la fecha de cierre.
• Aprobar una nueva ley universitaria
  — ✅ Cumplida
  — La Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, sustituyó la anterior legislación universitaria y reguló financiación, organización, personal, derechos e internacionalización.
• Hacer gratuitos los créditos universitarios y de FP Superior aprobados a la primera
  — ❌ No cumplida
  — No se ha implantado el sistema de crédito aprobado a la primera, crédito gratuito al curso siguiente. Las universidades públicas continúan cobrando precios de primera matrícula, con bonificaciones y becas diferentes según la comunidad.
• Aprobar una ley específica de Enseñanzas Artísticas
  — ✅ Cumplida
  — La Ley 1/2024, de 7 de junio, reguló las enseñanzas artísticas superiores y organizó las equivalencias de las enseñanzas profesionales. (BOE)
• Crear becas de intercambio para Bachillerato y FP de Grado Medio
  — ❌ Pendiente
  — No se ha desplegado una línea estatal específica con el alcance anunciado. Continúan Erasmus+ y otros programas de movilidad, pero no equivalen automáticamente al nuevo programa electoral prometido.
• Extender los planes de bienestar emocional y reforzar especialistas 🔁
  — 🟡 Parcial
  — El Programa de Bienestar Emocional contó en 2025 con 58,6 millones y se han financiado recursos de inclusión. No puede considerarse cumplida la extensión efectiva de planes y especialistas a todos los centros.
• Reducir ratios en centros con proyectos de mejora
  — 🟡 Parcial
  — Los programas de competencia matemática y lectora financian desdobles, grupos reducidos y docencia compartida en centros seleccionados, pero no existe una bajada general de ratios derivada del compromiso electoral.
• Crear el Observatorio de la Equidad Educativa 🔁
  — ❌ No cumplida
  — El programa de 2019 pretendía transformar el Observatorio de Becas y el de 2023 volvió a prometer el nuevo órgano. No consta su constitución efectiva con esa denominación y funciones.

El mayor grado de cumplimiento se concentra en la producción legislativa. Durante la legislatura iniciada en 2019 se aprobaron la LOMLOE, la Ley de FP y la LOSU. Ya después de las elecciones de 2023 llegó la Ley de Enseñanzas Artísticas. Cuatro ámbitos estructurales del sistema cuentan así con nuevas normas que responden, con diferencias respecto a su formulación electoral, a promesas expresas del PSOE.

La LOMLOE permitió al Gobierno presentar como cumplida la sustitución de la LOMCE. Recuperó la capacidad decisoria de los consejos escolares, eliminó los itinerarios tempranos más rígidos, modificó las evaluaciones, reforzó la educación competencial e introdujo nuevas previsiones sobre inclusión, equidad y escolarización equilibrada. Sin embargo, la aprobación de una ley no cumplió la promesa paralela de alcanzar un Pacto de Estado educativo. Hubo reforma, pero no consenso duradero.

La transformación de la FP ofrece un balance también positivo. La norma de 2022 integró la formación educativa y laboral, amplió la acreditación de competencias y estableció una estructura acumulable, desde microformaciones hasta títulos y cursos de especialización. Además, el aumento de plazas y matrícula es verificable: el alumnado pasó de 837.199 estudiantes en 2018-19 a más de 1,2 millones en 2025-26. (Ministerio de Educación, FP y Deportes)

Eso no significa que estén cumplidos todos los objetivos de 2023. El programa planteó formar anualmente a tres millones de personas, de las que 1,4 millones serían jóvenes matriculados en FP del sistema educativo. Los 1,21 millones registrados en 2025-26 representan un avance considerable, pero todavía dejan una distancia cercana a 190.000 alumnos respecto al horizonte anunciado.

La financiación educativa resume bien la distancia entre crecimiento e incumplimiento. El gasto público pasó de 53.111 millones en 2019 a 71.349 millones en 2024, un aumento nominal superior al 34%. Sin embargo, el compromiso electoral no se formuló en millones, sino como porcentaje de la riqueza nacional: alcanzar el 5% del PIB. (Ministerio de Educación, FP y Deportes)

Ese objetivo no se alcanzó. En 2024, el gasto educativo equivalía al 4,48% del PIB, seis centésimas menos que el año anterior. La diferencia no es menor: cinco décimas del PIB representan varios miles de millones de euros. El PSOE puede acreditar una expansión presupuestaria relevante, pero no dar por cumplido el indicador concreto que llevó a las urnas en 2019.

La evolución de las becas resulta más favorable. Las reformas rebajaron determinados requisitos académicos, elevaron los umbrales de renta y aumentaron las cuantías de residencia. Para el curso 2026-27 se aprobaron 2.559 millones, frente a 1.399 millones en 2018. La previsión era atender a 752.000 alumnos en la convocatoria general y a 225.000 estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo. (Ministerio de Educación, FP y Deportes)

El compromiso de 2023, sin embargo, iba más lejos: anunciaba la eliminación de la cuantía variable, nuevas ayudas para colectivos específicos y la exención de tasas de las pruebas de acceso a la universidad. La cuantía variable permanece, por lo que el refuerzo presupuestario no permite considerar ejecutado todo el paquete.

En 2019, el PSOE se fijó que el 50% de los menores de tres años estuviese atendido en centros educativos en 2025 y prometió avanzar hacia la gratuidad. La tasa se situó en el 49,2% durante el curso 2024-25 y superó el 50% en 2025-26. El objetivo estadístico puede considerarse alcanzado, aunque en el límite temporal y con grandes diferencias territoriales. (Ministerio de Educación, FP y Deportes)

La segunda parte de la promesa está lejos de completarse. El Gobierno ha financiado más de 60.000 plazas públicas y gratuitas, pero el primer ciclo continúa combinando escuelas públicas, centros privados y distintos modelos de bonificación. No todas las familias que solicitan una plaza pública pueden obtenerla y la gratuidad depende de la edad del menor, la comunidad y el municipio. Por eso, el balance global debe quedar en cumplimiento parcial.

El programa de 2023 repitió y amplió el compromiso al hablar de una escolarización universal de 0 a 18 años mediante suficientes plazas públicas gratuitas. La repetición importa: tras no culminarse la universalidad durante el mandato anterior, el PSOE renovó la promesa sin fijar una fecha, un coste total ni el número de plazas adicionales necesario.

Pocas propuestas ilustran mejor el doble incumplimiento que el Estatuto del Docente. En 2019, el PSOE prometía potenciar la carrera profesional. En 2023 fue más explícito: diseñaremos e implementaremos una nueva carrera docente y aprobaremos el Estatuto del Docente.

A octubre de 2026 no se ha aprobado esa norma. Tampoco existe un marco estatal completo que ordene la progresión profesional, la evaluación, los incentivos, la formación permanente, las condiciones de acceso a puestos docentes y el reconocimiento de nuevas responsabilidades. Algunas comunidades han desarrollado complementos y carreras propias, pero eso no sustituye el estatuto estatal prometido.

La situación es similar en la formación inicial y el acceso. Se han difundido propuestas, actualizado actividades formativas y desplegado programas sobre competencia digital, inclusión y nuevos currículos. No obstante, siguen pendientes la reforma integral del Máster de Profesorado, un nuevo modelo ordinario de ingreso y una carrera coordinada con las comunidades autónomas.

A esa lista se suma el Instituto de Desarrollo Curricular. Aparecía ya en el programa de 2019 como Instituto de Desarrollo Curricular e Innovación Educativa y volvió en 2023 como organismo profesional e independiente encargado de estudiar la actualización permanente del currículo. La reiteración, sin creación efectiva, convierte esta promesa en otro incumplimiento repetido.

El Ejecutivo ha desplegado instrumentos relevantes contra la desigualdad. PROA+ proporciona recursos adicionales a centros con al menos un 30% de alumnado vulnerable y alcanzaba en 2025 a cerca de 3.700 centros y más de un millón de estudiantes. También se han financiado programas de educación inclusiva, competencia matemática, lectura, libros de texto y bienestar emocional. (Ministerio de Educación, FP y Deportes)

Estas actuaciones justifican hablar de cumplimiento parcial en refuerzo educativo e inclusión. No permiten, sin embargo, dar por ejecutado el Plan Nacional contra la Segregación Escolar de 2019, que debía incluir objetivos, indicadores y recursos para reducir la concentración del alumnado desfavorecido. La LOMLOE incorporó principios contra la segregación, pero no se ha aprobado un plan nacional con la arquitectura específica anunciada.

Tampoco se ha alcanzado la gratuidad general de libros, material y comedor. El programa estatal de libros se dirige a compensar las situaciones socioeconómicas más desfavorables, mientras que las condiciones del comedor dependen principalmente de las comunidades. La política existente es de ayudas selectivas, no de gratuidad universal.

El programa de 2023 prometía además extraescolares y refuerzo gratuitos, más ayudas de comedor y una ampliación del horario de apertura de los colegios. Existen experiencias autonómicas, municipales y actividades dentro de PROA+, pero no un programa estatal de conciliación con cobertura general comparable al descrito en el documento electoral.

El bienestar emocional ha ganado presencia institucional. El programa estatal correspondiente contó con 58,6 millones de euros en 2025 y persigue reforzar la detección, la prevención y la coordinación educativa ante problemas de salud mental. También se ha extendido la figura del coordinador de bienestar y protección, aunque su origen normativo es anterior al programa de 2023. (Ministerio de Educación, FP y Deportes)

El compromiso electoral hablaba de extender planes a todas las etapas y centros y reforzar la presencia de especialistas en salud mental. La financiación estatal es relevante, pero no acredita que cada centro disponga de un plan plenamente implantado ni, mucho menos, de especialistas suficientes. El resultado vuelve a ser parcial.

Más sólido es el balance de Código Escuela 4.0. El programa ha distribuido financiación, equipamiento y formación para incorporar programación, robótica y pensamiento computacional. Seguía generando cursos y experiencias educativas en 2025 y 2026, lo que permite considerar cumplido el núcleo de la promesa de 2023, aunque la implantación territorial sea desigual. (AEE)

La aprobación de la LOSU en marzo de 2023 dio cumplimiento a la promesa de una nueva ley universitaria. La norma introdujo un horizonte de financiación pública, cambios en las figuras del personal, medidas contra la precariedad y nuevas reglas de gobernanza, acreditación e internacionalización. Su aplicación, especialmente en materia de plantillas y financiación, ha generado dificultades, pero la promesa legislativa fue ejecutada. (BOE)

Muy distinto es el balance de la propuesta estrella de 2023: que cada crédito universitario o de FP Superior aprobado a la primera fuese gratuito al curso siguiente. Más de tres años después, no existe un sistema estatal con ese funcionamiento. Los estudiantes continúan pagando precios de primera matrícula, salvo que reciban una beca o se beneficien de bonificaciones autonómicas. La medida debe figurar como no cumplida hasta ahora.

La ley de Enseñanzas Artísticas ofrece la cara opuesta. Prometida en 2023, fue aprobada el 7 de junio de 2024 y reguló la organización, equivalencias, acceso, títulos y profesorado de estas enseñanzas. Es uno de los pocos compromisos de aquella campaña que puede marcarse ya con un cumplimiento completo. (BOE)

El PSOE puede presentar un balance sólido en reformas legislativas: LOMLOE, Ley de FP, LOSU y Ley de Enseñanzas Artísticas. También puede acreditar un aumento importante de las becas, cientos de miles de plazas de FP, el crecimiento de la escolarización temprana y programas de refuerzo, inclusión, bienestar emocional y digitalización.

Pero los incumplimientos afectan a algunos de los compromisos más estructurales. El gasto no ha llegado al 5% del PIB; el Pacto de Estado no se produjo; el 90% de jóvenes con Secundaria postobligatoria no se alcanzó; y la gratuidad de libros, comedor, 0-3 y matrícula universitaria continúa siendo incompleta o inexistente.

Especialmente relevantes son las promesas que han pasado de un programa al siguiente. El Estatuto del Docente, la carrera profesional, el Instituto de Desarrollo Curricular, la gratuidad de los costes escolares, la universalización del primer ciclo de Infantil y el Observatorio de la Equidad reaparecieron en 2023 porque no habían sido culminados durante el mandato anterior.

La repetición no implica por sí sola engaño electoral: algunas reformas necesitan más de una legislatura y dependen de las comunidades autónomas. Pero sí eleva el nivel de exigencia. Cuando una promesa vuelve a formularse sin calendario, memoria económica ni indicadores verificables, se vuelve más difícil diferenciar entre un objetivo político permanente y un compromiso susceptible de rendición de cuentas.

El resultado final es, por tanto, mixto. El PSOE ha transformado buena parte de la arquitectura legal del sistema y ha movilizado más recursos, pero ha dejado sin resolver varios compromisos que afectan directamente a las condiciones del profesorado y al bolsillo de las familias. Las leyes avanzaron más rápido que la financiación, la gratuidad y la construcción de consensos. Esa es la principal conclusión de siete años de promesas educativas socialistas.