USO pide retirar el decreto de calidad para los centros privados de FP
La organización sindical reclama que los criterios de calidad se apliquen a toda la red de Formación Profesional, con independencia de la titularidad de los centros, y alerta de posibles consecuencias sobre el empleo y las condiciones laborales.
La Federación de Enseñanza de USO ha presentado ante el Consejo Escolar del Estado una enmienda a la totalidad para solicitar la retirada del proyecto de real decreto que regula la garantía de calidad de los centros privados integrados en el Sistema de Formación Profesional. El sindicato considera que la norma plantea exigencias específicas para estos centros sin extenderlas al conjunto de la red ni acompañarlas de financiación, negociación colectiva o mejoras para sus trabajadores.
El proyecto normativo afecta también a los centros asociados, los centros de segunda oportunidad y la Red Estatal de Centros de Excelencia de Formación Profesional. Después de permanecer en audiencia pública hasta el pasado 6 de octubre, el texto se encuentra ahora en fase de dictamen en el Consejo Escolar del Estado, órgano en el que USO Enseñanza ha formalizado su petición de retirada.
Según la organización, la regulación introduce requisitos operativos relevantes para los centros privados, entre ellos la obligación de abarcar varias familias profesionales o de ofrecer itinerarios formativos completos. USO advierte de que estas condiciones podrían resultar difíciles de asumir para determinadas entidades, especialmente cuando no se contempla una dotación económica que facilite su adaptación al nuevo marco.
El primer argumento de la enmienda se refiere a la igualdad de trato entre centros. Para USO Enseñanza, la titularidad pública o privada no debería determinar el nivel de calidad exigido, dado que todos los centros integrados en el sistema educativo participan en la formación y cualificación del alumnado. Por este motivo, reclama que los estándares se diseñen con una perspectiva común y sean aplicables al conjunto del Sistema de Formación Profesional.
La organización no cuestiona la necesidad de reforzar los mecanismos de evaluación, seguimiento y mejora de las enseñanzas, pero sostiene que cualquier regulación debe partir de criterios homogéneos. A su juicio, establecer obligaciones diferenciadas únicamente para una parte de la red puede generar desequilibrios entre centros que desarrollan actividades comparables y conducen a acreditaciones con validez dentro del mismo sistema.
El sindicato plantea, además, que una política de calidad necesita recursos suficientes para poder desarrollarse. La incorporación de nuevas estructuras, procedimientos de evaluación, planes formativos o ampliaciones de la oferta puede suponer costes adicionales para los centros. Si esas obligaciones no se acompañan de financiación, USO teme que la aplicación del decreto termine dependiendo de la capacidad económica de cada entidad.
La segunda objeción se centra en el posible impacto sobre el empleo. La federación sindical considera que algunos de los requisitos previstos presentan una viabilidad incierta y podrían comprometer la continuidad de centros que no dispongan de medios para ampliar familias profesionales, completar itinerarios o reorganizar su oferta conforme a las nuevas condiciones.
Ese escenario, sostiene USO Enseñanza, podría trasladarse directamente a las plantillas mediante reducciones de actividad, pérdida de puestos de trabajo o modificaciones en las condiciones de contratación. El sindicato reclama que, antes de aprobar la norma, se analicen las consecuencias que cada requisito puede tener sobre la estabilidad laboral y sobre la continuidad de proyectos educativos ya consolidados.
La organización también señala que el proyecto no incorpora avances específicos para las personas que trabajan en los centros afectados. En particular, pide que las medidas vinculadas a la actualización y formación permanente del profesorado no se conviertan en trabajo añadido fuera de la jornada ni en nuevas tareas sin reconocimiento profesional o retributivo.
Para USO, la mejora de la Formación Profesional requiere la participación activa de docentes, equipos directivos, personal de orientación y profesionales de administración y servicios. Por ello, cualquier incremento de responsabilidades debería ir acompañado de una planificación adecuada de tiempos, recursos y compensaciones, evitando que el cumplimiento de los estándares recaiga exclusivamente sobre el esfuerzo de las plantillas.
El tercer eje de la enmienda está relacionado con el procedimiento seguido para elaborar el proyecto. USO Enseñanza denuncia una falta de diálogo social con los sindicatos representativos de la enseñanza privada, pese a que el decreto afectará directamente a la organización de los centros, a su oferta educativa y al trabajo desarrollado por sus profesionales.
La federación sostiene que el trámite de audiencia pública no sustituye la negociación en las mesas correspondientes. Desde su perspectiva, una regulación con posibles efectos laborales y organizativos debería debatirse previamente con los representantes de los trabajadores, permitiendo analizar alternativas, anticipar problemas de aplicación y acordar garantías para el mantenimiento del empleo.
USO reclama, por tanto, que la definición del nuevo modelo se realice mediante una negociación previa con las organizaciones sindicales y empresariales implicadas. El objetivo sería que las exigencias de calidad no se limiten a una relación de obligaciones administrativas, sino que incluyan mecanismos para garantizar su cumplimiento sin deteriorar las condiciones laborales ni poner en riesgo la continuidad de los centros.
La propuesta sindical defiende que la garantía de calidad debe concebirse como una responsabilidad compartida por todas las administraciones, centros y agentes que forman parte del Sistema de Formación Profesional. Esto implicaría establecer estándares comunes, prever recursos para aplicarlos y evaluar sus resultados sin introducir diferencias basadas exclusivamente en la titularidad.
La Federación de Enseñanza de USO mantendrá durante la tramitación del proyecto su petición de retirada y revisión. La organización apuesta por una norma construida con los trabajadores del sector, con financiación suficiente y con medidas que permitan mejorar tanto la atención al alumnado como las condiciones de quienes sostienen diariamente la actividad de los centros.
Con esta enmienda, el sindicato busca que el dictamen del Consejo Escolar del Estado recoja la necesidad de replantear el proyecto antes de continuar su tramitación. Su posición combina la defensa de estándares exigentes para la Formación Profesional con la reclamación de igualdad entre centros, protección del empleo y participación efectiva de los representantes laborales.