Faika El-Nagashi, en la Jornada Amanda 2026: “Ningún niño es trans”

La frase más contundente de la jornada llegó al comienzo de la intervención de Faika El-Nagashi, politóloga, exdiputada de Los Verdes en el Parlamento austriaco y fundadora de Athena Forum. “Ningún niño es trans. No existe tal cosa como un niño trans”, afirmó ante una sala que recibió sus palabras con atención y asentimiento. “Y aunque existiera, ello no justificaría realizar una transición social, intervenir médicamente ni falsificar documentos legales”, continuó. Su declaración se convirtió en el principal titular político del encuentro.

El-Nagashi explicó que había llegado a esta posición desde una trayectoria de más de 30 años vinculada a los derechos humanos, el feminismo y la defensa de lesbianas y gays. Según relató, comenzó a cuestionar las políticas de identidad de género al apreciar contradicciones con los derechos de las mujeres, la protección de la infancia, la libertad de expresión y los derechos de las personas homosexuales.

Su segunda tesis fue que la identidad de género y la expresión de género no deberían incorporarse al derecho de una manera que sustituya al sexo como categoría jurídica. Cuestionó incluso el uso institucional de la palabra “género” cuando se emplea para evitar hablar de hombres y mujeres o de violencia contra mujeres y niñas. A su juicio, se está produciendo una transformación profunda del lenguaje jurídico.

La exdiputada centró buena parte de su exposición en las instituciones europeas. Describió tres ámbitos de actuación: las leyes de autodeterminación registral, la prohibición de las llamadas prácticas de conversión y las regulaciones sobre discurso de odio. Según El-Nagashi, la combinación de estos elementos puede reducir la capacidad de familias y profesionales para cuestionar una identidad declarada por un menor.

También denunció el desigual acceso a recursos e instituciones de las organizaciones que participan en este debate. Frente a entidades bien financiadas y presentes en consultas europeas, sostuvo, las familias críticas tienen dificultades para hacerse escuchar. Su receta fue construir alianzas entre profesionales, feministas, personas homosexuales, destransicionadores y familiares, aunque no coincidan en todas sus posiciones. Para ello, concluyó, hacen falta recursos, organización y valentía.

La Jornada Amanda 2026 reunió el viernes 13 de noviembre en el campus San Rafael de la Universidad de Comillas a familias, profesionales y especialistas críticos con las políticas de afirmación de género. Entre las intervenciones, la de la abogada Paula Fraga dejó una de las frases más contundentes de la cita sobre el papel de los centros escolares y los protocolos de identidad de género.

Después de su intervención, Fraga atendió a MAGISTERIO. Su diagnóstico sobre los colegios fue tajante: el profesorado, explicó, se encuentra condicionado por unos protocolos que dejan las decisiones en manos de orientadores y equipos directivos y que pueden convertir cualquier discrepancia en un riesgo profesional y jurídico.

“Los profesores no pueden hacer nada”, resumió Fraga al referirse a los casos en los que un centro inicia la denominada transición social de un alumno: el cambio de nombre, pronombres y trato cotidiano sin intervención médica. Según la letrada, cuando las familias respaldan esa decisión, el docente que discrepa puede exponerse a denuncias o sanciones. Aseguró incluso conocer el caso de una profesora inhabilitada durante cuatro años, aunque durante la jornada no aportó datos identificativos del expediente.

Fraga sostuvo que la Ley 4/2023 no contempla una objeción de conciencia específica para docentes, psicólogos o sanitarios. A su juicio, estos profesionales podrían intentar ampararse en la normativa general y en los códigos deontológicos, pero entrarían en un terreno incierto. Su llamamiento fue a no actuar automáticamente: “Hay que evaluar”, insistió, reclamando tiempo, prudencia y criterio clínico ante menores que atraviesan dificultades emocionales o identitarias.

La abogada situó el origen del problema antes de la aprobación de la ley estatal, en los protocolos autonómicos aplicados en los colegios. MAGISTERIO ya ha informado sobre la implantación de protocolos de identidad de género y sobre las posiciones contrapuestas que estos documentos han provocado entre organizaciones, administraciones y docentes. Fraga reclamó la derogación tanto de la ley estatal como de las normas autonómicas y sus protocolos de aplicación educativa.

La jornada reunió a profesionales de la medicina, la psicoterapia, la antropología y el derecho, además de familiares y personas que han atravesado procesos de transición y destransición. La organización define Amanda como un grupo de apoyo para madres y padres cuyos hijos se identifican como trans o no binarios y defiende una posición de cautela ante intervenciones médicas irreversibles.

Pero el programa no explicaba por sí solo lo que sucedía en una sala abarrotada. El ambiente era el de madres y padres que sufren por la situación de sus hijos e hijas. Algunas de estas familias se describen como «madres clandestinas»: personas que prefieren mantener el anonimato para no exponer públicamente a sus hijos e hijas.

La organización pidió que no se fotografiara ni a los representantes de Amanda ni al público. Casi todos tienen hijos afectados y preservar su identidad era una condición para participar.

Los participantes compartieron, con diferentes argumentos, una visión crítica del modelo afirmativo y de la medicalización de menores. El encuentro se organizó desde una posición explícita de cautela.

La psicoterapeuta irlandesa Stella O’Malley inauguró las ponencias con una invitación a ir más allá de las etiquetas y acompañar el sufrimiento adolescente sin precipitar respuestas. A continuación, Silvia Carrasco, Isabel Esteva y Martin Endara abordaron la evidencia científica disponible, la práctica clínica y los resultados de una encuesta realizada por Amanda entre familias.

El hilo conductor fue la necesidad de explorar el conjunto de circunstancias que rodean a cada adolescente. Los ponentes plantearon que la disforia o el malestar relacionado con el sexo pueden aparecer junto a depresión, ansiedad, aislamiento, experiencias adversas, dificultades familiares o trastornos del espectro autista. La reclamación compartida fue que ninguna etiqueta impida realizar una evaluación clínica completa.

La relación entre adolescencia, neurodiversidad y redes sociales ocupó buena parte de la mañana. Carrie Clark advirtió de que los test disponibles en internet y las comunidades digitales pueden ofrecer a jóvenes vulnerables una explicación inmediata para problemas complejos. Esa interpretación, sostuvo, resulta especialmente atractiva cuando proporciona pertenencia, lenguaje y una identidad capaz de ordenar de golpe una experiencia interior confusa.

Una madre tomó entonces la palabra para explicar el recorrido de su hija, diagnosticada de autismo y absorbida durante años por contenidos sobre identidad de género. Relató que la familia había pasado por numerosos terapeutas y que en algún momento se sintió empujada a acompañar la transición. Su testimonio condensó una preocupación repetida durante el encuentro: que las redes puedan proporcionar respuestas cerradas y rápidas a adolescentes que todavía están intentando comprenderse.

El psicólogo clínico Jaco Van Zyl propuso una interpretación psicodinámica del malestar. Explicó que crecer supone aceptar límites relacionados con el cuerpo, el sexo, el paso del tiempo y la imposibilidad de satisfacer todos los deseos. Desde esa perspectiva, defendió que la tarea terapéutica no consiste en eliminar toda frustración, sino en ayudar al adolescente a elaborar e integrar la realidad.

Van Zyl describió la adolescencia como una etapa de profundos cambios físicos y psicológicos en la que reaparece con intensidad la pregunta “¿quién soy?”. Cuando faltan recursos internos o un entorno capaz de sostener el malestar, añadió, pueden surgir estrategias orientadas a controlar o modificar el cuerpo. Su propuesta fue trabajar sobre las dificultades concretas de cada joven sin convertir necesariamente el diagnóstico en una nueva identidad personal.

Louise Irvine, médica británica y copresidenta de la Clinical Advisory Network on Sex and Gender, repasó la evolución de los servicios de identidad de género en Reino Unido. Recordó el cambio del perfil de los menores derivados a las clínicas, con un aumento de chicas adolescentes y de pacientes con problemas asociados de salud mental o neurodiversidad.

Irvine presentó el Informe Cass como un punto de inflexión y defendió el paso hacia un modelo biopsicosocial, con la atención psicológica como intervención principal y una mayor prudencia ante bloqueadores de la pubertad y hormonas cruzadas. También alertó de la obtención de productos por internet y de la posibilidad de que las restricciones sanitarias sean sorteadas mediante canales privados o extranjeros.

Una de las preguntas del público se centró en la transición social. Irvine y Van Zyl rechazaron que pueda considerarse un acto neutral, especialmente en menores con autismo, porque, según argumentaron, puede consolidar una identidad antes de que exista una exploración psicológica suficiente. Ambos reclamaron que el acompañamiento permita cambiar de opinión sin que el adolescente sienta que está decepcionando a su entorno.

Después de la intervención de El-Nagashi, la periodista Marta Pastor moderó una mesa sobre la situación legal en España con Paula Fraga y Carlos Sardinero. Pastor abrió el coloquio reprochando la ausencia de políticos y de buena parte de los medios de comunicación, y pidió disculpas por la desatención periodística que, en su opinión, han sufrido estas familias.

Fraga desarrolló entonces sus objeciones a la Ley 4/2023. Mencionó posibles conflictos con los principios de seguridad jurídica e interés superior del menor, la libertad ideológica, de expresión y de cátedra y la igualdad entre mujeres y hombres. Defendió que la autodeterminación registral dificulta la prevención de usos fraudulentos y calificó la norma como una «aberración jurídica».

La letrada repasó los recursos de inconstitucionalidad promovidos por el PP y Vox y criticó que se centren en determinados artículos en lugar de exigir la derogación completa. También censuró la actuación de los partidos que aprobaron leyes autonómicas o protocolos educativos y ahora cuestionan algunos aspectos de la normativa estatal. Sobre el futuro pronunciamiento del Tribunal Constitucional, expresó su desconfianza ante la influencia de los equilibrios políticos internos.

El debate sobre los protocolos escolares no es nuevo. En 2023, MAGISTERIO recogió la petición de un grupo de docentes feministas para abrir un debate serio, objetivo y argumentado sobre las leyes y actuaciones autonómicas. La discusión continúa atravesada por dos obligaciones difíciles de conciliar: proteger al alumnado frente a la discriminación y garantizar que cualquier intervención respete la evidencia, las competencias profesionales y el interés superior del menor.

Carlos Sardinero, doctor en Derecho y Medicina y especialista en responsabilidad sanitaria, situó su intervención en el terreno de la información al paciente. Recordó que el consentimiento solo es válido si la persona conoce los beneficios, riesgos, alternativas y consecuencias del tratamiento. En menores, añadió, la vulnerabilidad y la falta de madurez obligan a extremar la diligencia profesional exigible.

El abogado leyó fragmentos anonimizados de historias clínicas en las que aparecían diagnósticos de autismo, depresión, fobia social, trastornos de personalidad, antecedentes psiquiátricos o tentativas de suicidio antes de la derivación a endocrinología. Su pregunta fue si estos problemas se habían investigado suficientemente o si la identificación de género había desplazado otras explicaciones posibles.

Sardinero defendió que la historia clínica debe recoger de forma exhaustiva los antecedentes, las evaluaciones previas y las alternativas terapéuticas exploradas antes de iniciar cualquier intervención irreversible. A su juicio, cuando el malestar se presenta en menores con comorbilidades complejas, el deber del profesional no es dar por buena de inmediato una interpretación identitaria, sino comprobar si existen factores emocionales, familiares o psiquiátricos que requieran atención prioritaria.

También advirtió de que la rapidez en la respuesta sanitaria puede generar una falsa sensación de certeza y desplazar decisiones que deberían adoptarse con más información y más tiempo. En su opinión, la prudencia no implica negar atención, sino evitar daños evitables y dejar constancia de que el proceso asistencial ha sido completo, comprensible y ajustado a la buena práctica.

La mesa cerró así un bloque jurídico que regresó una y otra vez a la misma preocupación: quién responde cuando se actúa con precipitación y qué sucede cuando una familia, un docente o un sanitario cree que no está protegido por las normas que deberían dar seguridad.

La clausura del encuentro tuvo algo de balance emocional. Varios asistentes agradecieron en el turno de preguntas que, por primera vez, se les diera un espacio para hablar sin sentirse observados o desautorizados. La repetición de las palabras prudencia, escucha y acompañamiento dejó claro que la jornada no pretendía cerrar el debate, sino reclamar un marco menos urgente y más clínico para abordar el sufrimiento adolescente.

También quedó patente la sensación de soledad institucional que expresaron muchas familias. Entre testimonios de desgaste, miedo y desorientación, Amanda se presentó como una red de apoyo para quienes afirman haber quedado fuera de los discursos más dominantes sobre la identidad de género. La ausencia de fotografías, el tono de los relatos y la insistencia en el anonimato ofrecieron una imagen poco habitual en la agenda pública: la de un colectivo que pide discreción para poder hablar.

En ese sentido, la jornada funcionó menos como una sucesión de ponencias que como una advertencia compartida. Los ponentes no reclamaron negar la existencia del malestar de los menores, sino frenar la tentación de resolverlo con respuestas automáticas. La idea que sobrevoló toda la mañana fue sencilla y, a la vez, polémica: antes de afirmar, hay que escuchar, evaluar y documentar.