La concertada reclama libertad de elección y recursos suficientes ante el 29-N
Escuelas Católicas pide a los partidos que incorporen a sus programas para las elecciones generales del 29 de noviembre medidas destinadas a garantizar la libertad de elección de las familias, corregir la infrafinanciación de la enseñanza concertada y reforzar la autonomía de los centros.
La entidad recuerda que la enseñanza concertada escolariza al 25% del alumnado y sostiene que sus necesidades deben quedar reflejadas en los programas electorales.
La proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre ha llevado a Escuelas Católicas a trasladar a los partidos una batería de propuestas sobre el futuro de la enseñanza privada concertada. La organización reclama que las próximas decisiones se adopten mediante el diálogo, el consenso y el reconocimiento de la pluralidad del sistema.
La entidad recuerda que la enseñanza concertada escolariza al 25% del alumnado y sostiene que sus necesidades deben quedar reflejadas en los programas electorales. Sus reivindicaciones se articulan en torno a tres grandes ejes: libertad de enseñanza, financiación suficiente y autonomía para desarrollar el proyecto educativo de cada centro.
Escuelas Católicas defiende que las familias puedan elegir de manera efectiva el centro en el que desean escolarizar a sus hijos. Para ello, considera necesario que la programación de la oferta de plazas gratuitas tenga en cuenta las preferencias expresadas durante el proceso de admisión y las vacantes disponibles tanto en la red pública como en la concertada.
La organización también pide revisar el papel de las comisiones de garantía de escolarización. A su juicio, estos órganos deben centrarse en comprobar el cumplimiento de la normativa de admisión, pero no asumir funciones de distribución del alumnado entre los centros que puedan limitar la capacidad de elección de las familias.
Junto a esta cuestión, vuelve a plantear la necesidad de alcanzar un Pacto de Estado por la Educación con compromisos y plazos concretos. Si el escenario político impidiera un acuerdo global, propone avanzar mediante pactos educativos parciales sobre asuntos fundamentales. Cualquier reforma de la estructura del sistema, añade, debería contar con un proceso previo de consulta a los sectores afectados.
La financiación constituye otra de las principales demandas. Escuelas Católicas solicita el cumplimiento de la disposición adicional 29 de la LOE, que contempla la creación de una comisión para estudiar el coste del puesto escolar. Ese análisis debería servir para actualizar los módulos económicos de los conciertos y adecuarlos a los gastos reales de funcionamiento de los centros.
Según la entidad, la cuantía actual de esos módulos no permite cubrir todos los costes asociados a la prestación del servicio educativo, una situación que provoca infrafinanciación en los centros y dificulta su sostenibilidad. Por este motivo, pide una revisión especialmente atenta a las partidas destinadas al funcionamiento ordinario.
La propuesta se completa con el avance hacia la gratuidad de la educación entre los 0 y los 18 años. La organización plantea extender la gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil a centros públicos y privados, así como generalizar los conciertos en Bachillerato y en la Formación Profesional de Grado Medio y Superior.
En el ámbito organizativo, Escuelas Católicas reclama que los centros dispongan de capacidad real para desarrollar su carácter propio y su proyecto educativo. Esa autonomía pedagógica y organizativa debería abarcar las programaciones, los materiales, los horarios, los calendarios, las metodologías y la elección de las plataformas digitales utilizadas para la comunicación y la gestión interna.
La entidad vincula esta autonomía con una reducción de las cargas administrativas que soportan los equipos directivos y el profesorado. El objetivo sería evitar que las tareas burocráticas resten tiempo a la atención educativa del alumnado y al trabajo de coordinación, innovación y acompañamiento que se realiza dentro de los centros.
Otra de las prioridades es reforzar los medios destinados al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Escuelas Católicas pide que su escolarización vaya acompañada de los especialistas y recursos necesarios, con el fin de garantizar una atención inclusiva y suficiente con independencia de la titularidad del centro elegido.
La organización reclama asimismo más apoyo para prevenir y abordar el acoso escolar. Entre las medidas propuestas figuran una mayor dotación horaria, la incorporación de trabajadores sociales y psicólogos y la financiación pública necesaria para desarrollar la figura del coordinador de bienestar. También solicita recursos que permitan a los equipos directivos y docentes intervenir con mayor rapidez ante problemas de convivencia.
En relación con las plantillas, plantea flexibilizar la normativa sobre las titulaciones mínimas exigidas al profesorado de los centros privados concertados. La petición pretende responder a las dificultades para cubrir vacantes que afectan a determinadas especialidades de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, sin renunciar a la cualificación necesaria para ejercer la docencia.
Escuelas Católicas pide que las administraciones reconozcan la complementariedad de las redes pública y concertada dentro de la prestación del servicio educativo. Este reconocimiento, señala, debe traducirse en igualdad de recursos y oportunidades para que todos los estudiantes reciban una atención adecuada, independientemente del tipo de centro en el que estén escolarizados.
La organización propone además que el acceso de nuevos titulares al régimen de conciertos quede vinculado a entidades sin ánimo de lucro o pertenecientes a la economía social. Con esta medida busca reforzar la dimensión social del modelo y garantizar que los recursos públicos destinados a los conciertos se orienten a la prestación educativa.
Con estas propuestas, Escuelas Católicas insta a las formaciones políticas a escuchar a centros, profesionales y familias antes de definir sus compromisos electorales. La organización considera que la próxima legislatura debe ofrecer estabilidad, diálogo y financiación, además de integrar a todas las redes en la construcción de las políticas educativas.
