La nueva regulación alimentaria limita precocinados y frituras en escuelas infantiles

La Federación de Consumidores y Usuarios CECU ha recibido favorablemente la aprobación del Real Decreto sobre alimentación saludable y sostenible en hospitales, residencias, escuelas infantiles y otros centros públicos. La organización considera que la norma representa un avance en la regulación de la compra de alimentos en espacios donde los menús forman parte de la atención cotidiana y afectan especialmente a menores, personas mayores, pacientes y otros colectivos vulnerables.

La regulación establece criterios comunes destinados a mejorar la composición de los menús y a extender un modelo de alimentación más saludable en estos centros. CECU subraya la importancia de disponer de unas pautas compartidas para la contratación pública, ya que las decisiones sobre qué alimentos se adquieren, cómo se cocinan y con qué frecuencia se sirven condicionan tanto la calidad nutricional como la sostenibilidad del servicio.

Entre las medidas mejor valoradas se encuentra la limitación de platos precocinados y frituras en los menús. La organización también destaca las restricciones aplicadas a las bebidas azucaradas y energéticas disponibles en las máquinas expendedoras, productos cuyo consumo habitual resulta difícilmente compatible con la creación de entornos alimentarios saludables en hospitales, residencias o centros dedicados a la primera infancia.

Otro de los puntos considerados positivos es el objetivo de reservar al menos un 25% del coste de adquisición de alimentos a productos de origen ecológico. Para CECU, esta medida puede favorecer una compra pública que tenga en cuenta no solo el precio, sino también el impacto ambiental de la producción y la necesidad de impulsar sistemas alimentarios más sostenibles.

La entidad advierte, sin embargo, de que el Real Decreto se queda corto en algunos de sus objetivos. Los porcentajes mínimos previstos para las hortalizas frescas y estacionales, así como para las frutas y verduras procedentes de circuitos cortos de comercialización, permanecen por debajo del 25%. A su juicio, unos criterios más ambiciosos habrían reforzado la presencia de alimentos frescos y facilitado una mayor conexión entre los centros públicos y los productores de su entorno.

CECU también reclama una presencia superior de las proteínas de origen vegetal, especialmente de las legumbres. Durante la tramitación de la norma, la federación propuso que los centros en los que se ofrece una única comida principal incluyeran al menos dos días por semana platos cuya fuente proteica fuera exclusivamente vegetal. La regulación aprobada contempla un plato semanal de estas características, una frecuencia que la organización considera insuficiente.

El aumento de las legumbres permitiría avanzar hacia menús más variados y equilibrados, además de reducir la dependencia de las proteínas animales. Su incorporación, no obstante, debe ir acompañada de una planificación nutricional adecuada y de elaboraciones adaptadas a las características de cada centro, especialmente cuando se atiende a menores de corta edad, personas hospitalizadas o residentes con necesidades alimentarias específicas.

La organización recuerda que el cumplimiento de los porcentajes fijados no garantiza por sí solo la calidad del servicio. La alimentación ofrecida en estos espacios depende también del diseño de los menús, la variedad de las recetas, las técnicas de preparación y la capacidad de adaptar las comidas a alergias, intolerancias, patologías o necesidades derivadas de la edad. Por ello, defiende una visión integral de los cuidados que incluya todos estos elementos.

La principal demanda de CECU es que la aprobación del Real Decreto venga acompañada de recursos económicos suficientes y de los medios necesarios para convertir sus objetivos en mejoras reales. La federación considera que fijar nuevas obligaciones sin reforzar los presupuestos, las plantillas y las infraestructuras podría dificultar su cumplimiento, particularmente en aquellos centros que parten de mayores limitaciones materiales.

Entre las actuaciones necesarias, la entidad menciona la disponibilidad de cocinas propias o comunitarias, capaces de reducir la dependencia de alimentos preparados con antelación y facilitar elaboraciones frescas. También pide que las condiciones de contratación pública prioricen la calidad nutricional y la sostenibilidad, evitando que el precio sea el criterio determinante en la adjudicación de los servicios de restauración colectiva.

Este planteamiento afecta de manera directa a las escuelas infantiles, donde la alimentación forma parte del bienestar, el aprendizaje y la adquisición temprana de hábitos. La aplicación efectiva de la norma exigirá coordinar a administraciones, equipos gestores, profesionales de cocina y personal educativo para garantizar menús seguros y equilibrados, adecuados a cada etapa del desarrollo y coherentes con los objetivos establecidos.

CECU sostiene que la nueva regulación ofrece una oportunidad para transformar la compra pública y mejorar la comida que reciben diariamente miles de personas. Una mayor presencia de productos frescos, ecológicos, estacionales y cercanos podría favorecer al mismo tiempo la salud de los usuarios, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo de los sistemas alimentarios locales.

La entidad insiste, por último, en que los criterios de proximidad pueden contribuir a apoyar al medio rural y a fortalecer las redes de producción y distribución cercanas. El alcance del Real Decreto dependerá ahora de su ejecución: de los presupuestos asignados, del seguimiento de los contratos y de la capacidad de cada centro para incorporar los cambios sin deteriorar el servicio ni trasladar sus costes a los usuarios.