El PP propone incluir una EBAU única en la nueva ley de universidades

En las 96 enmiendas presentadas al texto del ministro Joan Subirats, cuyo plazo de presentación expiró el pasado jueves en el Congreso, el PP sugiere sumarle una disposición para que el Gobierno implante, en coordinación con las comunidades, una única EBAU, con el objetivo de «garantizar la igualdad de oportunidades y equidad de todos los alumnos con independencia del lugar» en que hagan el examen.

En sus propuestas, muchas de ellas sobre las condiciones de contratación de la plantilla universitaria, también pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez que en un año desde la aprobación de la LOSU presente una ley de incentivos al patrocinio y mecenazgo para fomentar la participación privada en la financiación de la ciencia y las universidades, así como un estatuto del personal docente e investigador universitario, con rango de ley.

Por otro lado, el principal partido de la oposición plantea que las universidades dediquen a programas propios de investigación un porcentaje no inferior al 5% de su presupuesto ordinario excluyendo los gastos de personal, una vez alcanzado el objetivo de financiación del 1% del PIB que recoge la futura Ley Orgánica. El texto de Subirats establece dicho 5% para investigación, pero sin mencionar que antes deba alcanzarse el 1% del PIB.

En este mismo capítulo, el PP sugiere que las administraciones públicas doten a las universidades de los recursos económicos «necesarios para garantizar la suficiencia financiera que les permita dar cumplimiento a lo establecido en esta ley y asegurar la consecución de los objetivos en ella previstos». En el marco de dicho plan de incremento del gasto público del 1% del PIB a la Educación universitaria pública, en el conjunto del Estado, el grupo parlamentario reclama que antes de se adopten las medidas presupuestarias adecuadas para que las autonomías puedan atender sus competencias universitarias.

Otra de las enmiendas solicita que las universidades fomenten y faciliten, junto a la lengua oficial del Estado, el uso de las lenguas cooficiales propias de sus territorios. «Ningún miembro de la comunidad universitaria podrá ser perseguido o acosado por utilizar el castellano en la universidad», apostilla.

Tal y como recoge el texto del Gobierno, el PP contempla que la singularidad lingüística sea objeto de financiación y añade otros aspectos, como la dispersión territorial, la insularidad y la atención al medio rural.