ACADE, CECE, CICAE y Escuelas Católicas alertan al Ministerio del impacto de la reducción de ratios en Infantil

La anunciada reducción de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil ha llevado a ACADE, CECE, CICAE y Escuelas Católicas a reunirse con el Ministerio de Educación para expresar su inquietud por una medida que, según ambas organizaciones, todavía no cuenta con un desarrollo normativo público ni con un calendario claro de aplicación. En ambos encuentros, celebrados con el secretario de Estado de Educación, Abelardo de la Rosa, y otros representantes del departamento, las patronales han pedido conocer el alcance real de la propuesta y sus consecuencias sobre el sistema educativo.

La preocupación del sector privado y concertado se centra especialmente en el tramo de 0 a 3 años. Los representantes de ACADE, organización mayoritaria en la representación de los centros educativos privados no sostenidos
con fondos públicos, han trasladado el rechazo frontal de la organización a la propuesta de reducción de ratios planteada por el Gobierno y consensuada con los sindicatos representantes de la red pública.

ACADE ha expuesto el profundo impacto que tendría esta medida sobre las familias, el empleo, los centros educativos privados y el conjunto del sistema educativo español, especialmente en un contexto en el que
los centros privados no sostenidos con fondos públicos no reciben financiación de las Administraciones Públicas y desarrollan su actividad en base a las cuotas que abonan las familias. ACADE ha manifestado su preocupación por las consecuencias en un sector en el que la red privada escolariza a cerca de la mitad de los niños de España. Según los datos en la propuesta del Ministerio, la aplicación de las ratios planteadas supondría, en la práctica, la inviabilidad económica de los centros privados de 0 a 3 años, provocando el cierre de miles de escuelas infantiles, en concreto, más de 5.300 centros privados de Educación Infantil, dejando sin plaza a más de 224.000 niños escolarizados en la red privada y provocando la destrucción de alrededor de 60.000 puestos de trabajo, en un sector altamente feminizado y joven, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

Para ACADE, la red pública tampoco estaría en condiciones de absorber a los alumnos procedentes de la red privada. La reducción de ratios afectaría igualmente a la capacidad de escolarización de los centros públicos, reduciendo el número de plazas disponibles y provocando un auténtico colapso del sistema educativo, incapaz de atender tanto a los alumnos ya escolarizados como a los que se verían obligados a abandonar la red privada.

Según ACADE, la reducción de ratios obligaría a numerosos centros a disminuir su capacidad de escolarización sin posibilidad real de ampliar instalaciones o crear nuevas unidades.

CECE advierte de que la modificación de las ratios, si no va acompañada de garantías y financiación, podría hacer inviable la continuidad de miles de plazas y comprometer el empleo en un ámbito en el que trabaja una mayoría de mujeres. CICAE, por su parte, ha alertado de que una reducción sin apoyo económico podría poner en riesgo la supervivencia de buena parte de las más de 3.200 escuelas infantiles privadas existentes en España. En cuanto a Escuelas Católicas, ha pedido tener en cuenta a todos los sectores implicados y realizar un estudio para analizar el impacto económico para los centros privados de Educación Infantil.

La tensión entre calidad y sostenibilidad ha sido uno de los ejes de las conversaciones. CICAE sostiene que cualquier cambio de este alcance debe ir precedido de un estudio riguroso de impacto económico, laboral y social, además de un plan de financiación que no traslade el coste a las familias. La asociación también recuerda que la escolarización de 0 a 3 años es una política estratégica para la conciliación, la igualdad de oportunidades y el acceso temprano a la educación.

CECE ha ido un paso más allá al advertir de que la medida, tal y como se ha planteado, podría provocar un cierre masivo de centros y un deterioro de la libre elección de las familias. La organización entiende que el sistema público también se vería afectado, porque tendría que asumir más costes para adaptarse a las nuevas ratios y, al mismo tiempo, absorber a parte del alumnado que podría quedarse sin plaza en la red privada o concertada.

Escuelas Católicas ha explicado que comparte los objetivos anunciados por el secretario de Estado de Educación, enfocados en una mayor atención a los alumnos y una reducción de los problemas que afectan al profesorado, pero no en los términos en que se les ha presentado, con una drástica bajada de ratios en el primer ciclo de Educación Infantil: pasando de 8 a 4 alumnos en el tramo de 0 a 1; de 13 a 6 alumnos en el tramo de 1 a 2 años; y de 20 a 8 en el tramo de 2 a 3 años. Para Escuelas Católicas, estas ratios supondrán un aumento de los costes directos de la actividad y pondrán en peligro la supervivencia de más de 4.000 escuelas privadas que atienden a alumnos de primer ciclo 0-3 años, con la consiguiente pérdida de puestos laborales de miles de educadores. Por ello, ha pedido la apertura de un proceso de diálogo para analizar otras alternativas complementarias y que se cuente con una memoria económica que cuantifique el coste de esta reforma educativa planteada por el Gobierno y la manera en que se distribuirá entre los sectores afectados, al tiempo que un análisis realista del calendario de implantación.

Sin los puestos escolares que ofrece el sector privado de Educación Infantil, y que no podrán ser absorbidos a corto plazo por la educación pública, advierte Escuelas Católicas, se perderán miles de puestos de trabajo y miles de familias no podrán ejercer su derecho a la libre elección de centro y tendrán que asumir unos costes de enseñanza mucho mayores que los actuales, de manera que esta reforma educativa irá en contra de las políticas activas de fomento de la natalidad prometidas por el propio Gobierno.

Las patronales han coincidido en reclamar diálogo institucional antes de que el Ministerio avance en cualquier reforma. CICAE ha ofrecido su colaboración para aportar datos y experiencia de los centros, mientras que CECE ha expresado su disposición a participar en el desarrollo normativo, sin renunciar a defender los intereses de los centros que representa por vías institucionales, jurídicas y sociales. Para las dos organizaciones, el debate sobre las ratios solo podrá cerrarse con una propuesta clara, financiación suficiente y garantías para las familias, el empleo y la continuidad de la oferta educativa.

El Ministerio, por su parte, se ha comprometido a incluir a las patronales en el marco de la negociación.