Bruselas propone prohibir las redes sociales a los menores de 13 años

La Comisión Europea plantea impedir el acceso a las redes sociales a los menores de 13 años y fija en 15 años la edad mínima para abrir una cuenta autónoma. La propuesta también obliga a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros para niños y adolescentes desde su diseño.
MagisterioJueves, 17 de septiembre de 2026
0

Uno de los principales cambios consiste en trasladar la responsabilidad de demostrar la seguridad a los proveedores. IMAGEN GENERADA POR IA

La Comisión Europea ha presentado hoy su propuesta de Ley KIDS de la UE, una iniciativa destinada a reforzar la protección de niños y adolescentes frente a los riesgos de las redes sociales, las plataformas de vídeo, los videojuegos en línea y los sistemas de inteligencia artificial. El texto deberá ser examinado y aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo antes de entrar en vigor.

La futura norma establece un acceso gradual según la edad. Los menores de 13 años no podrán utilizar redes sociales, mientras que los adolescentes de entre 13 y 14 años solo podrán acceder mediante cuentas supervisadas creadas por sus padres o tutores. A partir de los 15 años podrán abrir una cuenta propia, aunque seguirán beneficiándose de medidas especiales de protección hasta cumplir los 18.

Cuentas supervisadas y tiempo limitado

Para los menores de entre 13 y 15 años, la propuesta contempla cuentas vinculadas al perfil de un adulto responsable. Estas modalidades deberán limitar los contactos sociales y restringir el tiempo de pantalla a un máximo de una hora diaria, además de ofrecer contenidos adaptados a la edad del usuario.

Los niños de entre 3 y 12 años tampoco podrán disponer de cuentas en redes sociales, pero sí acceder a servicios infantiles de vídeo mediante perfiles gestionados por sus tutores. Las plataformas tendrán que proporcionar herramientas sencillas para restringir temporalmente los dispositivos de los adultos cuando sean utilizados por los menores.

Este planteamiento profundiza en el debate sobre la responsabilidad de las empresas tecnológicas. Como ya explicó MAGISTERIO al abordar las limitaciones de acceso, las restricciones pueden resultar insuficientes si no van acompañadas de educación digital, implicación familiar y obligaciones efectivas para las plataformas.

Servicios seguros desde su diseño

Uno de los principales cambios consiste en trasladar la responsabilidad de demostrar la seguridad a los proveedores. Las grandes plataformas deberán acreditar que sus servicios, funciones y algoritmos son apropiados para menores, en lugar de exigir a las familias o a las autoridades que prueben la existencia de un daño.

La norma prohibirá para los menores las funciones de diseño adictivo, entre ellas el desplazamiento infinito sin pausas, determinadas recompensas digitales y las notificaciones durante las horas de sueño. También limitará los sistemas de recomendación basados en perfiles cuando puedan conducir a contenidos perjudiciales y bloqueará el contacto no solicitado de personas desconocidas.

Los perfiles de menores deberán ser privados por defecto, con la geolocalización, la cámara y el micrófono desactivados inicialmente. Los usuarios tendrán que contar con mecanismos accesibles para bloquear o silenciar a otras personas, gestionar su tiempo de conexión y modificar o reiniciar las recomendaciones de contenido.

La propuesta también alcanza a los chatbots y acompañantes de IA. Estas herramientas deberán permanecer desactivadas por defecto y no podrán simular relaciones personales que favorezcan la dependencia emocional de niños y adolescentes. Las obligaciones se extenderán igualmente a videojuegos en línea, tiendas de aplicaciones y sistemas operativos, aunque se prevén excepciones para enciclopedias, plataformas educativas y medios digitales.

Verificación de edad con privacidad

Los servicios digitales y las tiendas de aplicaciones estarán obligados a utilizar sistemas de comprobación de edad. Entre las soluciones previstas figura la herramienta europea de verificación, diseñada para confirmar que una persona supera una determinada edad sin revelar su identidad, su fecha exacta de nacimiento ni otros datos personales.

Las redes sociales y plataformas de vídeo tendrán que verificar la edad al abrir una cuenta. En los perfiles ya existentes podrán recurrir a indicadores razonables del usuario, como la fecha de creación de la cuenta o determinados datos asociados al pago, para detectar posibles incumplimientos y solicitar una comprobación adicional.

La verificación de edad ya formaba parte de la estrategia comunitaria de protección de menores. En abril de 2026, MAGISTERIO analizó la aplicación europea planteada para restringir el acceso a contenidos inapropiados sin obligar a los ciudadanos a compartir documentos o información personal con las plataformas.

Controles y sanciones más rápidos

Las plataformas con al menos 45 millones de usuarios mensuales en la Unión Europea deberán presentar un plan previo de cumplimiento cuando pretendan lanzar nuevos servicios, características o funcionalidades. Un auditor independiente evaluará los posibles riesgos y la Comisión podrá exigir medidas correctoras antes de autorizar su implantación.

El sistema de vigilancia aprovechará las estructuras ya creadas por la Ley de Servicios Digitales y el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial. En caso de posible incumplimiento, Bruselas pretende completar las investigaciones mediante un procedimiento acelerado con un plazo máximo de 90 días.

La propuesta se apoya en las recomendaciones de un panel especial compuesto por más de 60 expertos procedentes de organizaciones sociales, asociaciones juveniles y familiares, el ámbito educativo, la psiquiatría infantil, la salud pública y el sector tecnológico. Su objetivo es establecer una protección común europea frente al ciberacoso, los contenidos nocivos, los diseños adictivos y otros riesgos digitales.

El texto ha iniciado ahora su tramitación legislativa europea. El Parlamento Europeo y el Consejo podrán introducir modificaciones antes de alcanzar un acuerdo definitivo, por lo que las edades, obligaciones y mecanismos planteados todavía no son aplicables. Hasta que concluya el proceso, la Ley KIDS debe entenderse como una propuesta de la Comisión y no como una norma ya vigente.

0

Boletín de Magisterio

Lo esencial de la educación, cada día en tu correo.