Frente Amplio propone elevar la inversión educativa al 7% del PIB y reducir las ratios
El programa electoral de Frente Amplio plantea elevar la inversión educativa hasta el 7% del PIB, extender la gratuidad desde los 0 años hasta la universidad y reducir las ratios. Entre sus propuestas más novedosas figuran el comedor escolar universal, unidades de salud mental en los centros, límites al uso de pantallas y una regulación educativa de la inteligencia artificial.
El programa de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre reúne un amplio paquete educativo que busca reforzar la red pública, reducir las desigualdades y mejorar las condiciones del profesorado. Su punto de partida es una Ley de Financiación Educativa que establezca un suelo legal de inversión y permita alcanzar el 7% del PIB en 2030, por encima de los objetivos manejados hasta ahora en el debate político.
La formación propone crear más plazas públicas en todas las etapas, con especial atención al primer ciclo de Infantil, y trazar una hoja de ruta para que todo el alumnado pueda acceder a la educación pública. Durante la coexistencia con la red concertada, plantea prohibir de manera inmediata las cuotas obligatorias en los centros sostenidos con fondos públicos y sancionar los incumplimientos. El objetivo final declarado es que el 100% de los fondos públicos se destine a la enseñanza pública.
Una de las medidas centrales es la universalización del ciclo 0-3, que quedaría plenamente integrado en el sistema educativo. El programa promete plazas públicas gratuitas para todas las familias que las soliciten y una mejora de la calidad mediante la pareja educativa, mejores condiciones laborales y una fuerte reducción de las ratios.
En concreto, se fijaría un máximo de cuatro niños por profesional entre los 0 y 1 años, seis entre 1 y 2 y ocho entre 2 y 3. Para el resto de las etapas, el límite sería de 15 alumnos en Primaria y FP, 20 en Secundaria y 23 en Bachillerato. Además, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo computaría doble a efectos de ratio, una fórmula destinada a adecuar las plantillas a la complejidad real de cada aula.
La gratuidad se extendería también al comedor escolar universal para todo el alumnado de Infantil y Primaria matriculado en la red pública. Los menús tendrían que elaborarse con productos frescos, de proximidad y de temporada, sin ultraprocesados y con adaptación a alergias y necesidades nutricionales. El plan incorpora asimismo ayudas para transporte, material didáctico, actividades extraescolares y servicios de conciliación.
Frente Amplio plantea un plan estatal de inclusión educativa y equidad que reserve plazas y establezca límites máximos de alumnado con necesidades específicas por centro. También prevé ordenar la matrícula viva para evitar que se concentre en determinados colegios e institutos y garantizar el acceso a actividades extraescolares y deportivas, especialmente en los entornos vulnerables.
El programa incluye una actuación específica para estudiantes con trastornos del neurodesarrollo, dificultades graves de aprendizaje o discapacidad. Además de crear una red de centros de atención para los casos más severos, propone aumentar un 60% las becas para alumnado NEAE e incorporar nuevos colectivos. Una vez acreditada la necesidad educativa, la renta familiar sería determinante para conceder estas ayudas.
En las etapas postobligatorias, el presupuesto de becas crecería hasta el 0,44% del PIB, con pagos al inicio del curso, mayores ayudas de residencia y nuevas becas-salario para prevenir el abandono por razones económicas. En la enseñanza obligatoria se duplicarían las becas destinadas al alumnado vulnerable de la escuela pública, con la previsión de llegar a 500.000 estudiantes adicionales.
Otro de los ejes más novedosos es la creación de unidades educativas de emergencia para atender problemas de salud mental y prevenir el suicidio. Estas estructuras trabajarían junto a planes integrales contra el acoso escolar y contarían con recursos reforzados en centros de alta complejidad. El programa también prevé contratar de manera estructural a profesionales de Psicología, Psiquiatría infantojuvenil, Enfermería, Trabajo Social y Educación Social en escuelas y otros espacios comunitarios.
En el terreno tecnológico, Frente Amplio plantea abrir un estudio pedagógico con la comunidad educativa para regular el uso responsable de la inteligencia artificial y de los teléfonos móviles. También propone incorporar a la Lomloe la alfabetización informacional y digital como competencia clave desde Primaria, formar al profesorado frente al ciberacoso generado mediante IA y establecer límites automáticos al tiempo de pantalla durante el horario lectivo.
Las denominadas escuelas de bienestar digital ofrecerían formación a las familias, mientras que las plataformas dirigidas a menores quedarían sujetas a restricciones frente a mecanismos considerados adictivos, como el desplazamiento infinito, la reproducción automática o determinadas recomendaciones algorítmicas. La estrategia se completaría con educación afectivo-sexual basada en evidencias y materiales para prevenir el abuso sexual infantil en internet.
Para el profesorado se fija una jornada máxima de 23 horas lectivas semanales en Infantil y Primaria y de 18 en Secundaria, Bachillerato, FP y enseñanzas de Régimen Especial. A ello se añadirían un Estatuto del Docente, medidas para reducir la interinidad, una mejora de la formación continua y un mayor reconocimiento de las tutorías y la resolución de conflictos.
El programa anuncia asimismo un Plan de Desburocratización Docente para simplificar informes, programaciones y evaluaciones, eliminar trámites duplicados y unificar las plataformas digitales escolares. La intención es liberar tiempo para la preparación de clases, la coordinación pedagógica y la atención individualizada, una de las demandas recurrentes de los equipos docentes.
También se contempla un plan estatal de construcción, reforma y climatización de centros. Los estándares mínimos deberán garantizar sombra, ventilación, acceso al agua y temperaturas en las aulas de entre 17 y 27 grados. Las ayudas se dirigirían a más de 28.000 centros, priorizando los más vulnerables, mientras que la escuela pública rural recibiría inversiones específicas para asegurar el derecho a la educación en los territorios afectados por la despoblación.
En el ámbito universitario, Frente Amplio propone modificar la LOSU para que las comunidades autónomas destinen al menos el 1% de su PIB regional a financiar sus universidades públicas. También ampliaría las plazas de grado y máster, especialmente en titulaciones habilitantes para profesiones, y reduciría los precios con el horizonte de avanzar hacia la gratuidad.
Las universidades privadas tendrían que cumplir requisitos docentes e investigadores equivalentes a los exigidos a la pública y someterse a auditorías periódicas de la Aneca, que tendría capacidad sancionadora. El documento plantea, además, reformar este organismo, expandir la presencia territorial de la UNED con nuevos centros y residencias asequibles, recuperar ayudas a la investigación y estabilizar las plantillas de PDI y PTGAS.
En conjunto, el proyecto combina más inversión y gratuidad con ratios reducidas, refuerzo de las becas, atención a la salud mental y una mayor regulación de la tecnología. Sus propuestas más diferenciales se concentran en la universalización del comedor escolar, la ambiciosa reducción del alumnado por aula, el blindaje financiero de la educación pública y la incorporación del bienestar climático y digital a las obligaciones del sistema educativo.



