Galicia sancionará las grabaciones indebidas al profesorado en su nueva ley digital
La futura ley educativa digital de Galicia, que será aprobada el próximo 17 de noviembre, sancionará las grabaciones y difusiones sin permiso de clases y tutorías, además de los ataques digitales al profesorado. Román Rodríguez, conselleiro de Educación de la Xunta de Galicia, presentó en SIMO Educación las principales claves de una norma que regulará la identidad digital del alumnado, los exámenes a distancia, la inteligencia artificial, la desconexión y el uso del móvil.
Román Rodríguez, conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional de la Xunta de Galicia.
Las grabaciones indebidas al profesorado y su difusión sin permiso serán uno de los comportamientos sancionables en la nueva ley de educación digital que prepara Galicia. Así lo avanzó este miércoles Román Rodríguez en SIMO Educación, en Madrid, donde desgranó los principales ejes de una norma que aspira a ordenar los conflictos que la digitalización ha incorporado a la enseñanza y a fijar límites claros para toda la comunidad educativa.
La futura Ley de Educación Digital parte de una premisa: la tecnología debe ser un medio educativo, no un fin ni un sustituto del docente. Rodríguez rechazó tanto el entusiasmo que considera la digitalización una solución automática como la postura que reclama expulsarla de las aulas. Frente a ambos extremos, propuso un modelo híbrido que permita aprovechar sus ventajas sin ignorar los riesgos de la tecnología, especialmente los relacionados con la inteligencia artificial, la privacidad y la convivencia.
Uno de los principales cambios será la creación de una identidad digital oficial para el alumnado a partir de 5º de Primaria. Cada estudiante dispondrá de una cuenta corporativa de la Xunta, que se convertirá en el canal de referencia para las comunicaciones con profesores, centros y Administración. La medida, adelantada durante la elaboración de la ley, busca asegurar la trazabilidad y seguridad de los mensajes.
La elección de 5º de Primaria no es casual. Antes de ese curso, la norma impedirá el uso individual de dispositivos digitales en el aula, aunque sí permitirá herramientas colectivas como las pantallas interactivas. Desde 5º, el alumnado podrá emplear ordenadores o tabletas de forma individual, pero siempre bajo la supervisión del profesorado. La Xunta se comprometerá además a facilitar recursos a las familias vulnerables para evitar que la brecha económica se transforme en brecha educativa.
La ley abrirá la puerta a realizar exámenes a distancia, especialmente en etapas no obligatorias como la Formación Profesional. Rodríguez argumentó que las actuales herramientas tecnológicas y biométricas permiten garantizar la identidad y seguridad del proceso, pero admitió que es necesario establecer previamente unas reglas comunes y claras que otorguen garantías a docentes y estudiantes.
También se reconocerá el derecho a la desconexión de toda la comunidad educativa. Un profesor no debería enviar una tarea a las diez de la noche, explicó el conselleiro, del mismo modo que un alumno o una familia no pueden exigir una respuesta inmediata fuera del horario establecido. La norma trasladará así al entorno virtual unos límites horarios definidos, equivalentes a los que ya existen en la actividad presencial.
Otro de los puntos centrales será la regulación de la grabación de clases y tutorías. La ley establecerá sanciones cuando una familia o un estudiante grabe y difunda sin permiso la intervención de un profesor, pero también cuando sea el docente quien comparta contenidos, trabajos o errores de sus alumnos con una finalidad de burla o exposición pública. Los derechos y deberes digitales afectarán, por tanto, a todos los miembros de la comunidad educativa.
Rodríguez reconoció que algunas de estas conductas podrían acabar actualmente en los tribunales. El objetivo de la Xunta es crear una respuesta administrativa previa que permita resolver los incidentes con mayor rapidez y seguridad jurídica, evitando que cada conflicto tenga que trasladarse necesariamente al ámbito judicial. La ley aspira a delimitar qué puede hacerse y qué consecuencias tendrá incumplirlo.
Galicia ya prohíbe el uso de teléfonos móviles durante el horario escolar en todo el recinto educativo. La nueva norma dará un paso adicional con un protocolo para retirar el dispositivo cuando un alumno incumpla la prohibición. El propósito es proteger al profesorado y evitar discusiones con familias que cuestionen su autoridad para requisar temporalmente el teléfono.
El procedimiento determinará cómo actuar, quién deberá custodiar el dispositivo y cuáles serán las consecuencias. Según defendió Rodríguez, la restricción ha mejorado la convivencia y ha devuelto a los recreos la conversación y el juego compartido. Ahora se pretende ofrecer seguridad al profesorado y reducir los conflictos por los móviles mediante unas reglas conocidas de antemano.
La protección docente también se extenderá a las agresiones físicas o digitales, incluidos el acoso, las amenazas y los insultos difundidos por internet. La Xunta establecerá un régimen de sanciones administrativas para los responsables, incluidas las familias cuando participen en estas conductas. Rodríguez presentó esta medida como un refuerzo efectivo de la condición del profesor como autoridad pública.
Junto a esa protección, la ley exigirá al profesorado unas competencias digitales obligatorias. La formación será requerida para incorporarse y desempeñar determinadas funciones dentro del sistema, mientras que otros niveles de acreditación podrán valorarse como mérito. El conselleiro justificó esta decisión por las carencias que todavía presenta la formación inicial universitaria en el ámbito tecnológico educativo.
La corresponsabilidad de las familias se articulará mediante el denominado contrato de vida digital, un acuerdo entre el centro, el alumnado y su entorno familiar para establecer límites y pautas de utilización de los dispositivos fuera de la escuela. La herramienta, incluida previamente en el plan gallego de bienestar digital, pretende dar continuidad en los hogares al trabajo educativo desarrollado en las aulas.
La norma incorporará además programas voluntarios de formación para madres y padres. Rodríguez admitió la dificultad de implicar a todas las familias, pero insistió en que ninguna regulación escolar será suficiente si, al abandonar el centro, el menor recupera un acceso ilimitado a redes, contenidos o dispositivos. La respuesta, sostuvo, exige responsabilidad compartida y unas pautas coherentes entre escuela y hogar.
La ley regulará igualmente la inteligencia artificial educativa mediante un catálogo de herramientas autorizadas. Los sistemas podrán ayudar a preparar materiales, personalizar ejercicios o facilitar información al docente, pero no podrán calificar, clasificar ni adoptar por sí solos una decisión que afecte al estudiante. Cualquier resolución deberá contar con supervisión humana.
La tramitación de la norma ha recibido más de 600 aportaciones sociales y 227 enmiendas parlamentarias. Tras su previsible aprobación el martes 17 de noviembre, la Xunta presentará la ley ante la Comisión Europea el jueves 19. Rodríguez cerró su intervención reivindicando el carácter pionero de un texto que, según defendió, no pretende frenar la tecnología, sino dotarla de límites, garantías y sentido educativo.