Más de 200 organizaciones sociales piden paralizar la petición LGTBI de Vox

La Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid, que engloba a mas de 200 organizaciones sociales, ha registrado un escrito en la Mesa de la Asamblea regional en el que pide paralizar la tramitación parlamentaria de la petición de información de Vox sobre los centros públicos y concertados que dan charlas LGTBI.
RedacciónJueves, 18 de julio de 2019
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Rocío Monsterio y el líder de Vox Santiago Abascal.

En una nota de prensa, la coordinadora, en la que están incluidas organizaciones sociales, sanitarias y asistenciales, explica que busca frenar el “abuso del derecho al control que tienen los parlamentarios” por parte de Vox, partido al que acusan de “fiscalizar” la actividad de Cogam, asociación que imparte estas charlas.

La semana pasada, el partido de ultraderecha registró un escrito en el Parlamento regional en el que reclama al Consejo de Gobierno información sobre los centros públicos y concertados que dan charlas LGTBI. En concreto, Vox pide la “fecha de celebración de la actividad, el centro en el que se realiza, el temario o la información trasladada, breve descripción de la actividad o experiencia desde 2015 incluido hasta la fecha actual, nombre y apellidos del ponente o ponentes y cuál ha sido la clase o clases destinatarias”.

La semana pasada, el partido de ultraderecha registró un escrito en el Parlamento regional en el que reclama al Consejo de Gobierno información sobre los centros públicos y concertados que dan charlas LGTBI

Para la Coordinadora del Tercer Sector, la ultraderecha de Vox “está buscando colisionar el derecho al control parlamentario con la legislación en materia de protección de datos”, y ha perpetrado “un ataque de las causas de justicia social que no comparte”. Exigen, asimismo, la remisión de un informe por la Agencia de Protección de Datos y los servicios jurídicos de la Cámara como precaución ante otras preguntas que puedan, durante esta legislatura, “situarse en el mismo plano de colisión de derechos”.

Por último, la coordinadora reclama a los grupos parlamentarios “que adopten medidas para garantizar que los derechos y prerrogativas de los diputados no sean pervertidos en armas contra la acción social de las ONG y entidades madrileñas”.

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