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La lucha de un colegio contra las constructoras Acciona, Grupo Rover y Dragados

Las familias de 500 escolares del Centro Público de Infantil y Primaria “Perú” piden a la UTE adjudicataria de la prolongación de la línea 11 de Metro que no coloque la tuneladora a las puertas del colegio.
RedacciónLunes, 4 de diciembre de 2023
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El colegio Perú teme que las obras afecten el entorno y perjudiquen el desarrollo escolar de su alumnado

Es la lucha de David contra Golliat. Sin embargo, se agotan los plazos y las familias del colegio público «Perú» apuran para evitar que las obras de la línea 11 de metro destruyan el entorno y perjudiquen el desarrollo escolar de 500 niñas y niños de 0 a 12 años, algunos, con necesidades especiales. Por eso, han enviado una carta a la UTE adjudicataria de la obra, formada por Acciona, Grupo Rover y Dragados, para alertar de los peligros de instalar una tuneladora a escasos metros del centro escolar.

En el proyecto inicial de esta obra de 500 millones de euros, la Comunidad de Madrid aprobó que la tuneladora  –la máquina de casi 10 metros de diámetro que excavará el nuevo túnel a 25 metros bajo tierra– comenzara su trabajo desde un solar próximo a la A-3. En este escenario, el impacto en la población era menor, y los camiones extractores tenían salida directa a la carretera de Valencia, sin colapsar las estrechas calles de los barrios.

Pero tras la modificación del proyecto, la Comunidad de Madrid decidió utilizar las cinco hectáreas del parque de Comillas, en el otro extremo de la línea, en Carabanchel, para colocar el llamado pozo de ataque, la zona cero de las obras. Esto conlleva la destrucción total del único parque del barrio, con la tala de 200 árboles, y con el agravante de tratarse de un área rodeada de vivienda a escasos metros y colindante al colegio de infantil y primaria Perú.

En su misiva, las familias recuerdan a los responsables de Acciona, Rover y ACS que convivir al lado de un pozo de ataque condena a esta población vulnerable “a respirar la contaminación y el polvo generado por unos 100 camiones diarios durante 40 meses (3 años y 4 meses) en una zona donde está ubicada la estación de medición de calidad del aire (Plaza Elíptica) que peores registros de óxidos de nitrógeno acumula”. Además, la actividad de la obra les llevaría a sufrir “durante toda la jornada escolar el ruido continuo de las obras y camiones, dificultando enormemente su proceso de aprendizaje”.

Situar la zona cero de las obras en el interior de un barrio, además, densamente poblado, conlleva el tráfico constante de camiones extrayendo tierra y escombros del túnel, por las estrechas calles que rodean el parque de Comillas. Lo que supone polvo y contaminación, pero también una elevada exposición sonora.

“En nuestro colegio tenemos alumnado con necesidades educativas especiales que asisten al aula TEA, al aula de educación especial o a refuerzo, y que son especialmente vulnerables a los ruidos. Además, en el primer ciclo de educación infantil (de 0 a 4 años), los niños duermen la siesta en el colegio y los bebés incluso varias al día”, recuerdan las familias a las constructoras.

El colegio «Perú» también acoge dos proyectos de acompañamiento  –Cruz Roja y de Save the Children / Caixa Proinfancia– para que, durante las tardes, los alumnos que lo necesiten se puedan quedar en el colegio hasta las 20.00, jugando y estudiando mientras sus familias trabajan.  El «Perú» acoge también al CEIP Moreno Rosales, que se encuentra desplazado por obras.

“Entendemos que una obra de tal envergadura suponga un trastorno temporal para las personas de las zonas donde se realiza y que, a cambio, con el tiempo, disfrutaremos de unas mejores comunicaciones. Sin embargo, situar el centro de operaciones a la puerta de un colegio –de 0 a 12 años, preferente para alumnado TEA y con un aula de educación especial–, va más allá de los trastornos habituales. Como sociedad tenemos que preservar el bienestar de los niños, ya que son nuestro futuro, y esto no sería sino hacer lo contrario”, solicitan.

Además de la carta, la semana pasada, las familias enviaron otra a la Directora de Área Territorial de Madrid, Coral Báez Otermín, recabando ayuda pero obteniendo como única respuesta “carecer de competencias”.

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