A pesar de la inseguridad jurídica, 13 autonomías se adhieren al programa de auxiliares de conversación

El Ministerio de Educación ha señalado este viernes en un comunicado que un total de 13 comunidades (Asturias, Cantabria, Navarra, La Rioja, País Vasco, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, y Canarias), y las ciudades de Ceuta y Melilla se han adherido al Programa de Auxiliares de Conversación Extranjeros en España 2026-27 del Ministerio. Otras cuatro comunidades no se han adherido a esta convocatoria, cuyo plazo terminaba el 22 de mayo, aunque la Comunidad de Madrid trasladó formalmente al Ministerio su solicitud de incorporación mediante un correo electrónico el 17 de junio, una vez finalizado el plazo. El Ministerio respondió el 25 de junio que no resultaba viable incorporarse a la convocatoria fuera de plazo, ya que comprometía el normal desarrollo del procedimiento.

Madrid, Andalucía y Galicia ya habían sopesado no acudir a esta convocatoria, que cubre cerca de 700 plazas para el próximo curso, al considerar que no había seguridad jurídica después de las multas que habían recibido los gobiernos autonómicos de Valencia y Andalucía por parte de la Inspección de trabajo. Trabajo había sancionado a estas comunidades al considerar que estos auxiliares de conversación mantenían una relación laboral con las administraciones. Sin embargo, el Ministerio de Educación publicó en mayo la nueva convocatoria de plazas para el curso 2026-27 acordada con el Ministerio de Trabajo en la que se puntualizaba que el programa «no constituye una relación laboral, sino un programa de intercambio cultural y educativo».

El Ministerio recalca que la nueva convocatoria define las actividades propias de los auxiliares de conversación extranjeros, cuyo objetivo es «reforzar la enseñanza de lenguas extranjeras en los centros educativos sostenidos con fondos públicos mediante la incorporación de hablantes nativos como apoyo al profesorado». Recuerda que en dicha convocatoria se recogieron expresamente (en un nuevo Anexo III) las actividades que no podrán realizar en ningún caso los auxiliares de conversación (las correspondientes a una relación laboral y las propias y exclusivas del profesorado). Su función es asistir en las prácticas de conversación en la lengua extranjera en los centros educativos españoles, en el marco del intercambio intercultural que promueve el programa, siempre bajo la supervisión de un profesor titular.

El Ministerio de Educación insiste en que desde el inicio de los trabajos preparatorios de la nueva convocatoria se mantuvo una comunicación «permanente con las comunidades autónomas para favorecer su incorporación al programa». Y reitera su voluntad de seguir colaborando con la Comunidad de Madrid para hacer posible su participación en futuras convocatorias, siempre que esta pueda planificarse dentro de los plazos establecidos y en condiciones que garanticen la igualdad de oportunidades de todos los participantes y la seguridad jurídica del procedimiento.

Por su parte, la Comunidad de Madrid lanzará su propio programa de auxiliares de conversación para el próximo curso tras rechazar el Ministerio su solicitud de adhesión a la convocatoria estatal, como ha venido haciendo el Ejecutivo madrileño en los últimos veinte años. Debido al «caos jurídico» generado por la gestión del Gobierno central y los «retrasos» en la convocatoria del Ministerio, que habitualmente se realizaba en febrero y este año no se publicó hasta finales de mayo, la Consejería exigió incluir un punto sobre auxiliares de conversación en la Conferencia Sectorial celebrada el pasado 3 junio para aclarar la situación, han indicado fuentes del departamento que dirige Mercedes Zarzalejo. En esa cita, varias comunidades autónomas exigieron a la ministra de Educación, Milagros Tolón, el compromiso de que el Ministerio de Trabajo no sancionara a las regiones que participan en este programa y siguen todos los requisitos que marca Educación, algo que ya ocurrió en el curso 2025-26.

Tolón aseguró entonces que el conflicto entre ambos ministerios estaba resuelto, y afirmó que estaba «esperando que las comunidades autónomas pidan los auxiliares». Tras consultar a sus servicios jurídicos, la Consejería de Educación decidió retomar su participación en el programa para evitar perjuicios a sus beneficiarios, y en los días posteriores se dirigió formalmente a los técnicos ministeriales para confirmar su solicitud. Las reiteradas gestiones realizadas por la Consejería se han saldado con la negativa del Ministerio, que se ha limitado a comunicar que no resulta posible atender la solicitud de la Comunidad de Madrid por cuestiones técnicas.

Ante esta situación, el Gobierno regional ya trabaja en el diseño de su propio programa para dar continuidad a una iniciativa considerada como uno de los pilares fundamentales del proyecto bilingüe de la Comunidad de Madrid, en el que solo el curso pasado invirtió 28 millones de euros para sufragar la actividad de estos auxiliares en más de ochocientos centros educativos.

Por su parte, la Xunta de Galicia informa en un comunicado que el Gobierno «aboca a la Xunta a prescindir del programa de auxiliares de conversación el próximo curso, después de que el Ministerio de Educación acabe de reconocer por escrito a la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP que las inspecciones de Trabajo pueden continuar, exponiendo a Galicia a multas millonarias como las ya impuestas en otras comunidades autónomas».

El secretario general técnico de la Consellería, Manuel Vila, y la directora general de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, participaron el pasado 3 de junio de manera telemática en la Conferencia Sectorial de Educación, donde se puso de manifiesto la «falta de voluntad del Ministerio por resolver un problema creado por ellos mismos, del que la Consellería viene advirtiendo desde hace meses y para la cual no ofrece ningún tipo de solución ni certezas jurídicas, como se le exigió en reiteradas ocasiones», añade el comunicado de la Xunta.

«Nos sentimos estafados y engañados por un Gobierno central que se lava las manos ante las incongruencias, irresponsabilidad y enfrentamiento entre dos ministerios de un mismo ejecutivo, el de Educación, en manos del PSOE, y el de Trabajo, en manos de Sumar», denunció el secretario general técnico, que reiteró que el Gobierno del Estado «es el único responsable» de que Galicia no pueda continuar con el programa. De hecho, expuso en la reunión que el Ministerio de Trabajo le acababa de reclamar a la Xunta nueva documentación sobre el expediente abierto en la provincia de A Coruña y que «podría derivar en multas con cargo al bolsillo de todos los gallegos pese a estar cumpliendo las bases del programa fijadas por el Ministerio de Educación».

Ante este escenario, la Xunta se ofreció a ceder al Gobierno los 4,8 M€ de fondos autonómicos que dedica cada curso al programa, de manera que fuera el Ministerio de Educación el que se encargara directamente de la incorporación de estas personas durante el próximo curso 2026-27. Esto, a la vista de las sentencias en otras comunidades, permitiría evitar las inspecciones de Trabajo, que solo se dirigen a los auxiliares que dependen de las comunidades y no a los del propio Ministerio.

Nuevo programa autonómico

Dado que la única respuesta obtenida por el Ministerio es el reconocimiento de que las inspecciones pueden continuar, el Gobierno gallego «va a seguir actuando con la máxima responsabilidad ante la ciudadanía y, por lo tanto, dedicará los 4,8 M€ del programa a nuevas acciones de carácter autonómico para mejorar las competencias lingüísticas del alumnado gallego, que está a la cabeza de España en inglés, según el informe EF», añade el comunicado.

La Xunta recuerda que el programa de auxiliares de conversación está diseñado por el Ministerio de Educación, que es quien marca los requisitos. El Gobierno gallego asegura que siempre ha cumplido con las condiciones fijadas desde el Estado y, además, se hace cargo de la mayor parte del coste del mismo asumiendo el 90% de su financiación. Las personas que participan en este programa no tienen la condición de trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social, que ahora está exigiendo la Inspección de Trabajo. No obstante, cuentan con todas las coberturas y seguro médico, así como con un ingreso en concepto de ayuda para gastos de alojamiento y mantenimiento que sufraga la propia Xunta (4,8 M€ de los 5,2 M€ totales).

En el caso de Murcia, la descoordinación entre los ministerios de Educación y de Trabajo impide la continuidad del programa el próximo curso, según el consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín. El titular de Educación indicó que “se trata de una medida adoptada debido a la inseguridad jurídica de este programa promovido por el Ministerio de Educación, que ha derivado en multas millonarias por parte de la Inspección de Trabajo a distintas comunidades, y por la imposibilidad de cumplir los plazos de convocatoria del Ministerio”.

Marín recalcó que “la decisión de retirar el programa de las aulas de forma temporal se toma desde la responsabilidad, lo que no supone en ningún caso renunciar a nuestro compromiso con la enseñanza de idiomas ni con la mejora de la competencia lingüística del alumnado de la Región”. El consejero detalló que el programa “se encuentra afectado por una profunda inseguridad jurídica derivada de la falta de coordinación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo, que ha realizado inspecciones en distintas comunidades que han derivado en sanciones económicas millonarias, como 38 millones a la Comunidad de Madrid o 19 millones a la Comunidad Valenciana, por entender que la figura del auxiliar de conversación estaba contratada en fraude de ley debido a que entiende que existe una relación contractual entre los jóvenes y las administraciones”.

Desde la Región de Murcia se exigió en la Conferencia Sectorial de Educación la coordinación entre los ministerios implicados, para garantizar la continuidad del programa y una clarificación urgente de su marco jurídico, algo que no se ha cumplido, porque la convocatoria del programa que realiza el Ministerio está redactada en los mismos términos que el curso pasado. “Además, los plazos y condiciones de la convocatoria, que ha enviado el Ministerio este mes a las comunidades hacen que no sea posible nombrar a los auxiliares en el tiempo y la forma necesaria, generando dificultades de planificación, sobrecarga administrativa e incertidumbre en los centros”, lamentó Marín.

El consejero adelantó que “desde la Consejería hemos iniciado los trámites para reprogramar los fondos europeos que se venían destinando a este programa, con el objetivo de orientarlos hacia otras actuaciones que permitan a los centros educativos desarrollar actividades de inmersión lingüística con su alumnado. El objetivo es seguir apoyando el aprendizaje de idiomas, pero a través de fórmulas que ofrezcan mayor seguridad y estabilidad”. La Región cuenta con este programa desde hace 17 cursos. Este curso hay 270 auxiliares de conversación de inglés, francés, alemán, italiano y chino.

Por otro lado, la consejera andaluza ha lamentado la suspensión del programa que, según ha explicado, responde a una intervención de oficio de la Inspección de Trabajo, que ha tenido lugar únicamente en Sevilla, generando una «situación jurídica que impide a Andalucía aplicar el programa en las condiciones previstas por el Ministerio de Educación». Castillo ha desmentido que el Gobierno andaluz haya optado por eliminar el programa, ni ha renunciado a su valor educativo y ha asegurado que se trata de una «consecuencia directa de una falta de coordinación entre los Ministerios de Educación, Exteriores y Trabajo», que ha provocado una «inseguridad jurídica» y ha impedido que se pueda continuar con el programa en las condiciones previstas.

La consejera ha subrayado que el diseño, convocatoria, selección y condiciones del programa dependen «exclusivamente del Gobierno central», quien establece las bases, determina el número de auxiliares asignados a cada comunidad y define el marco legal de participación. Esta situación supone un agravio comparativo, dado que el programa sigue desarrollándose en el resto de las comunidades en las mismas condiciones en las que viene implementándose desde su creación hace dos décadas.

Ante esta coyuntura, María del Carmen Castillo ha asegurado que «la Consejería no se ha quedado de brazos cruzados» y está trabajando en soluciones para garantizar la calidad educativa y el refuerzo de la competencia oral en lenguas extranjeras.