Aragón gana el recurso por los auxiliares de conversación y urge a reactivar el programa
La sanción fue impuesta por el Ministerio de Trabajo al considerar que existía una supuesta contratación encubierta de trabajadores extranjeros sin la correspondiente autorización de residencia y trabajo.
El Gobierno de Aragón recurrió la multa por vía administrativa argumentando que no existía relación laboral con los auxiliares, sino una relación de carácter subvencional o de beca, tal y como establece el propio Ministerio de Educación, que es quien diseña el programa, selecciona a los participantes y fija sus condiciones. De este modo queda acreditado que el Gobierno de Aragón actuó conforme a derecho y que, tal y como defendió desde el primer momento, el programa de auxiliares de conversación no supone relación laboral alguna entre las comunidades autónomas y los jóvenes extranjeros que cada año se incorporan a las aulas, al tratarse de una «iniciativa estatal de carácter subvencional y de intercambio cultural y lingüístico».
La resolución al recurso reconoce expresamente, según ha informado el Gobierno de Aragón, que el programa no es una iniciativa autonómica, sino que está «diseñado y configurado por la Administración General del Estado», en el marco de la acción educativa exterior del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y de los convenios bilaterales de cooperación. Y también que las cantidades que perciben los auxiliares se consideran ayudas para alojamiento y manutención, y no constituyen una retribución salarial.
Fuentes del ejecutivo recuerdan que Educación ya advirtió, cuando se conoció la sanción ahora anulada, de que una interpretación errónea de la naturaleza del programa podía poner en riesgo su continuidad y comprometer la llegada de auxiliares a las aulas aragonesas. Aragón había denunciado entonces una falta de coordinación entre los ministerios de Educación y Trabajo, considerando «inaceptable» que el Estado impulsara el programa y, al mismo tiempo, sancionara a las comunidades por aplicarlo según las condiciones fijadas a nivel nacional.
Una vez anulada la sanción, el Gobierno de Aragón ha vuelto a reclamar al ministerio que asuma plenamente sus responsabilidades y reactive con todas las garantías jurídicas el programa de auxiliares de conversación para el próximo curso. Apunta que en la actualidad el procedimiento estatal se encuentra completamente paralizado, con un retraso de más de dos meses respecto al calendario habitual, y que el ministerio tampoco ha convocado el grupo de trabajo con las comunidades al que se comprometió tras las inspecciones y multas a varias regiones, entre ellas Aragón.
La incertidumbre generada está afectando tanto a los centros educativos como a los auxiliares extranjeros interesados en participar en el programa, según el Gobierno de Aragón, que mantiene su compromiso con el fomento del plurilingüismo y con un programa que ha demostrado durante años su valor educativo y cultural, aunque su correcta gestión y continuidad dependen del impulso y la planificación del ministerio. A lo largo de este curso, 101 auxiliares de conversación desempeñan su labor en centros educativos aragoneses: 25 financiados por el Ministerio de Educación y 76 por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón.