El Ministerio aclara que los auxiliares de conversación no tienen relación laboral y lanza 750 plazas
La participación en el programa tiene una duración máxima de cuatro años para quienes renueven su estancia y la ayuda mensual asciende a 800 euros.
El BOE ha hecho oficial una nueva convocatoria que pone en juego 750 plazas para el programa de auxiliares de conversación extranjeros en España durante el curso 2026-2027. La resolución, firmada por la Subsecretaría de Educación, vuelve a situar este programa en el centro de la estrategia para mejorar la competencia oral en idiomas y reforzar la presencia de hablantes nativos o bilingües en los centros educativos.
La función de estas personas será asistir en la conversación dentro de los centros educativos, siempre bajo la supervisión de un profesor titular y en un marco de intercambio intercultural. No se trata de una relación laboral, sino de una convocatoria de subvenciones orientada a enriquecer la experiencia educativa y a difundir lenguas y culturas de origen y destino. Como ya adelantó Magisterio en febrero, el debate sobre el encaje jurídico del programa también ha ocupado a las administraciones, y el contexto de la convocatoria puede consultarse además en este artículo.
La resolución insiste en que la presencia de estos auxiliares no sustituye al profesorado, sino que actúa como un complemento para mejorar la expresión oral, ampliar el uso cotidiano de la lengua extranjera y acercar a los estudiantes a otros acentos, referencias culturales y formas de comunicación. En ese sentido, el programa se ha consolidado como una herramienta recurrente para impulsar el plurilingüismo en etapas educativas no universitarias.
Podrán optar al programa ciudadanos extranjeros con nacionalidad o residencia permanente en los países con convenios o memorandos de educación firmados con España. La convocatoria también admite a quienes estén cursando estudios universitarios —como mínimo de segundo curso— o ya cuenten con una titulación universitaria, siempre que cumplan además con la mayoría de edad, el límite de edad fijado en la resolución y la documentación exigida: carta de motivación, referencia académica o profesional y certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.
Además de esos requisitos académicos y administrativos, la convocatoria busca perfiles con capacidad para adaptarse a la vida escolar y para desenvolverse en entornos educativos diversos. La selección se apoya en la valoración del expediente y en la adecuación del candidato a las necesidades del sistema educativo español y de los centros participantes.
La resolución subraya, además, que la participación en el programa tiene una duración máxima de cuatro años para quienes renueven su estancia, y que la ayuda mensual asciende a 800 euros. El Ministerio cubrirá también una póliza de seguros con asistencia sanitaria, repatriación y responsabilidad civil, mientras que los gastos de viaje y visado correrán a cargo de los candidatos. Este esquema económico pretende sostener la estancia de los auxiliares durante el curso escolar, aunque sin equipararla a un contrato de trabajo.
Las solicitudes deberán presentarse a través de Profex 2 y de la Sede Electrónica del ministerio. El plazo se abre el 2 de junio de 2026 y se cerrará el 30 de junio de 2026 a las 19:59 horas, por lo que la ventana para completar el expediente será de apenas un mes. La convocatoria establece, además, que la selección de los nuevos candidatos corresponde al Ministerio, aunque las comunidades autónomas pueden financiar sus propios auxiliares dentro del marco estatal.
La evaluación de los aspirantes se llevará a cabo mediante las autoridades educativas del país de origen y las subcomisiones mixtas bilaterales, que tendrán en cuenta la adecuación del perfil académico a las necesidades de los centros españoles. La resolución mantiene así un modelo compartido de gestión en el que la Administración General del Estado fija las bases y las autonomías articulan, cuando así lo deciden, su propia financiación y nombramiento.
En la práctica, este sistema permite que la convocatoria tenga una dimensión internacional, pero también una adaptación territorial. Los convenios bilaterales y la coordinación con los países participantes son la base para ordenar la llegada de auxiliares y distribuir sus destinos en función de las prioridades educativas de cada curso.
La convocatoria insiste en que los auxiliares no podrán asumir funciones propias y exclusivas del profesorado, como la docencia directa, la sustitución de ausencias, la corrección de pruebas o la calificación del alumnado. El programa quiere preservar su naturaleza formativa y cultural, evitando cualquier confusión con una relación laboral y reforzando el papel del auxiliar como apoyo a la conversación en lengua extranjera.
Tampoco podrán asumir responsabilidades administrativas ni sustituir la labor de planificación, evaluación o control del profesorado titular. Su intervención debe centrarse en actividades de comunicación oral, dinamización lingüística, apoyo a proyectos de aula y participación en iniciativas culturales o de intercambio que complementen la actividad docente.
Más allá de la cobertura de plazas, la convocatoria persigue consolidar un modelo que ha ido ganando presencia en los centros españoles por su utilidad pedagógica. La convivencia diaria con hablantes de otros países favorece la comprensión oral, la confianza del alumnado para expresarse y el contacto con referencias culturales que difícilmente se incorporan solo desde el libro de texto.
La nueva convocatoria llega, además, en un contexto de creciente atención a la enseñanza de idiomas y al refuerzo de las competencias comunicativas. Para los centros, la figura del auxiliar de conversación representa un apoyo adicional en actividades de aula, talleres, proyectos bilingües y situaciones en las que la exposición a la lengua extranjera resulta determinante para aprender con más naturalidad.
En definitiva, la nueva convocatoria combina movilidad educativa, aprendizaje lingüístico y cooperación internacional, con una estructura que delimita claramente funciones, plazos y financiación. El objetivo, según la resolución, es seguir fortaleciendo el plurilingüismo en los centros españoles y la proyección exterior del sistema educativo.