Madrid refuerza los servicios mínimos desde este viernes para reducir el impacto académico de la huelga
La Comunidad de Madrid amplía desde este viernes los servicios mínimos en la educación pública no universitaria ante la continuidad de la huelga indefinida, iniciada el 14 de octubre. La medida refuerza especialmente la atención en segundo de Bachillerato para reducir el impacto del paro en la preparación de la PAU.
La Comunidad de Madrid ha decidido ampliar los servicios mínimos en los centros educativos públicos no universitarios ante la prolongación de la huelga indefinida iniciada el pasado 14 de octubre. La medida presta una atención especial al alumnado de segundo de Bachillerato que prepara la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU), uno de los cursos en los que el Gobierno autonómico considera más necesario reducir las consecuencias académicas del paro.
La ampliación figura en la Orden 4977/2026 de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, publicada este jueves en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Los nuevos servicios mínimos entrarán en vigor este viernes, después de que las reuniones mantenidas entre la Administración autonómica y los comités de huelga finalizaran sin acuerdo.
La Comunidad justifica la modificación por la duración alcanzada por las movilizaciones y por su incidencia sobre las clases. Según sus estimaciones, hasta el 16 de noviembre se habían acumulado 23 jornadas lectivas de huelga y se habían dejado de impartir 413.076 horas de clase, una situación que habría provocado una pérdida de contenidos en determinados centros públicos de la región.
El carácter indefinido de la convocatoria y la falta de acuerdo en las negociaciones llevan al Ejecutivo madrileño a reforzar las medidas inicialmente establecidas. El objetivo declarado es asegurar una atención educativa básica y proteger aquellos procesos académicos que, por sus fechas o por sus consecuencias para el alumnado, no pueden aplazarse hasta que termine el conflicto.
El principal cambio afecta al profesorado que imparte en segundo de Bachillerato materias evaluables en la PAU. Este curso acumula, de acuerdo con los datos incluidos por la Comunidad de Madrid, 12.767 clases afectadas desde el comienzo de la huelga. La Administración pretende evitar que la pérdida de horas lectivas coloque a parte del alumnado en una posición de desventaja ante las pruebas de acceso a la universidad.
La presencia del profesorado incluido en los servicios mínimos aumentará progresivamente conforme avance el curso. Hasta el 31 de enero deberá cubrirse el 50% de las horas lectivas semanales correspondientes a las asignaturas evaluables en la PAU. La cobertura se elevará al 75% entre febrero y el 30 de abril y alcanzará el 90% desde el 1 de mayo hasta la finalización del curso.
Este calendario gradual busca reforzar la enseñanza a medida que se acerca la celebración de las pruebas. La prioridad se sitúa en las materias que forman parte de la evaluación universitaria, debido a que los resultados de la PAU condicionan el acceso del alumnado a las distintas titulaciones. El Ejecutivo regional considera necesario garantizar una preparación académica suficiente aunque la huelga continúe durante los próximos meses.
La orden incorpora también un refuerzo de personal en varios cursos considerados especialmente relevantes por coincidir con el final de una etapa educativa. En concreto, se establece la presencia de un docente adicional por cada tres unidades en sexto de Primaria, cuarto de Educación Secundaria Obligatoria y los últimos cursos de Formación Profesional.
Junto con este incremento, la Consejería fija una ratio general de un profesor por 70 alumnos en Bachillerato y en los ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y Superior. Esta proporción se suma a los servicios mínimos que ya estaban establecidos en las demás etapas: un docente por cada 50 estudiantes en Infantil y Primaria y uno por cada 90 alumnos en Educación Secundaria Obligatoria.
La distribución prevista pretende mantener la actividad básica de los centros y reforzar la atención en los niveles en los que el alumnado debe completar una etapa, obtener una titulación o afrontar decisiones relacionadas con su continuidad académica. La ampliación afecta así tanto a la preparación de las pruebas externas como a los últimos cursos educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
La nueva regulación declara esenciales las evaluaciones finales, la elaboración de actas y aquellos trámites de titulación que tengan carácter inaplazable. Los profesionales designados deberán asegurar el desarrollo de estos procedimientos para evitar que el conflicto laboral impida cerrar expedientes, emitir documentos académicos o completar los procesos de titulación dentro de los plazos establecidos.
La orden precisa, además, qué atención deben ofrecer los docentes incluidos en los servicios mínimos cuando tengan que hacerse cargo de grupos que no son los suyos. En esos casos deberán proporcionar una actividad educativa básica centrada en el repaso, pero no podrán sustituir la programación diseñada por el profesor que secunda la huelga.
De este modo, la Consejería diferencia entre garantizar la presencia y atención del alumnado y desarrollar con normalidad los contenidos previstos por el docente ausente. Los servicios mínimos permiten mantener una actividad básica de repaso, pero no implican que otro profesor avance en el programa o asuma íntegramente las funciones de quien participa en el paro.
El Comité de Huelga de la educación pública madrileña ha anunciado que acudirá a la vía judicial contra la ampliación. Sus representantes consideran que los servicios mínimos aprobados son «abusivos» e «ilegales» y sostienen que limitan el ejercicio del derecho de huelga del profesorado de los centros públicos no universitarios.
El comité solicitará también la adopción de medidas cautelarísimas con el propósito de suspender la aplicación de la orden antes de su entrada en vigor. La petición busca impedir que el refuerzo comience a aplicarse este viernes mientras los tribunales analizan el recurso presentado contra la decisión de la Administración educativa madrileña.
La ampliación se produce, por tanto, en un escenario marcado por la continuidad de la huelga, la ausencia de acuerdo entre las partes y el inicio de una disputa judicial sobre el alcance de los servicios mínimos. Mientras la Comunidad defiende la necesidad de proteger la enseñanza y los trámites académicos esenciales, el comité mantiene su rechazo a unas medidas que considera contrarias al derecho de huelga.



