La justicia exime a los objetores de cursar y ser evaluados de Educación para la Ciudadanía

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de una familia de esta comunidad contra la imposición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Por primera vez un alto tribunal reconoce el derecho de los demandantes a ejercer la objeción de conciencia y además declara que el alumno “no debe cursar la asignatura, quedando exento de ser evaluado”.

A diferencia de la sentencia previa de Asturias, el tribunal andaluz no sólo reconoce el derecho a la objeción, como hacía aquella, sino que se pronuncia sobre su contenido y afirma que vulnera derechos fundamentales. Por este motivo, la sentencia es válida para el resto de España.

En Asturias, contra lo que se ha dicho y publicado, ya se reconocía el derecho a la objeción. La sentencia decía expresamente que se puede plantear objeción de conciencia frente a una asignatura que atente a la libertad ideológica y religiosa y viole el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales.

Una y otra sentencia citan la misma jurisprudencia del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, el alto Tribunal asturiano –tras reconocer el derecho de objeción– , incongruentemente, rechaza el recurso de los padres objetores sin entrar a analizar si los decretos asturiano y estatal reguladores de los contenidos de Ciudadanía son contrarios a los derechos constitucionales. Considera que es prematuro hacer ese juicio.

La sentencia asturiana está recurrida por los padres objetores ante el Tribunal Supremo porque no se pronuncia en ningún sentido sobre la cuestión de fondo de los contenidos de Ciudadanía contrarios a a la libertad de conciencia. “Esta incongruencia entre la sentencia y el objeto del recurso fundamenta el recurso de casación ante el Tribunal Supremo”, señala Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia. Blanco destaca que la sentencia andaluza abre la puerta a reconocer las objeciones en toda España pues se pronuncia sobre derechos fundamentales. Por su parte, Luis Carbonel, de Concapa, invita “a todos los padres de forma masiva a objetar sin miedo”.

Así mismo, Jaime Urcelay, de Profesionales por la Ética, señala las futuras líneas de trabajo de cara a continuar defendiendo los derechos a educar moralmente a los hijos. Se intensificará la información a los padres y se les animará a objetar, y se solicitará a los gobiernos autonómicos el reconocimiento pacífico (sin necesidad de recursos) de ese derecho.