Los objetores confían en recurrir contra los profesores o los textos
Si finalmente la sentencia del Tribunal Supremo no reconoce la objeción, recurrirán ante el Tribunal Constitucional, ante el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo o, si hace falta, a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.
Tras la decisión tomada por el Supremo el pasado miércoles, las entidades objetoras organizaron una rueda de prensa para aportar su visión sobre las conclusiones de la Sala. Allí, Benigno Blanco, presidente del Foro Español de la Familia, aprovechó para incidir en que “después de tres días que han tardado los magistrados en valorar detenidamente la solvencia de nuestros argumentos, cabe entender que la sentencia tendrá muchos matices”. Y son esos matices los que pueden salvar la objeción.
La plataforma confía en que el fallo apunte a una dirección que siga dando cabida a la objeción. “Aunque el Alto Tribunal no aprecie adoctrinamiento en los contenidos, sí que puede puntualizar que la escuela, ya sea vía profesores o libros de texto, tenga la posibilidad de imponer criterios morales que están fuera del ámbito constitucional”, manifestaron los objetores.
La sentencia puede entonces proceder a depurar por parte del Gobierno los contenidos actuales de EpC. O puede dar la opción a los objetores de impugnar determinados libros de texto si consideran que los contenidos no coinciden con los principios constitucionales. E incluso puede llegar a afectar a los propios profesores, por la forma que tengan de desarrollar y explicar esos contenidos.
Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona considera que “el Tribunal Supremo puede no aceptar la objeción en caso de que la norma, o en este caso la asignatura, no sea contraria a la Constitución, aunque este hecho no impide que la aplicación de esos contenidos sea problemática, o que se pueda recurrir judicialmente contra los autores que usan indebidamente sus facultades o introducen parámetros que no son constitucionalmente adecuados o van en contra de los derechos de los padres”.
Freixes sostiene que “la asignatura en abstracto puede no tener problema, pero la mala aplicación de la norma en libros de texto o el uso indebido de la libertad de cátedra sí que son sancionables”. Ante la posible estrategia de la plataforma de impugnar ciertos contenidos en lugar de una objeción general, Benigno Blanco asegura que optaron por la segunda “porque a nosotros no nos interesa la anécdota, sino quién tiene aquí el derecho a educar”.
La segunda vía de esperanza que tiene la plataforma objetora es que el Alto Tribunal no admita la objeción en los cuatro casos concretos que analizó la pasada semana (tres recursos de Asturias y uno de Andalucía), pero sí cabría pensar en una viabilidad del reconocimiento de la objeción aplicados a los demás casos. Actualmente existen 2.000 recursos judiciales, de los que casi 300 cuentan con medidas cautelares para que esos alumnos no acudan a clase. Según Benigno Blanco, “todos esos niños están amparados por resoluciones judiciales y no tienen ningún riesgo de suspender o no pasar de curso”.
En este sentido, Teresa Freixes asegura que “el interés del menor nunca puede perjudicarse por la decisión que sus padres hayan tomado, aunque en un futuro se siga la opinión del Supremo con las demás resoluciones o los juicios pendientes”. En caso de que la sentencia final del Supremo siente jurisprudencia y se aplique a casos similares, Blanco explica que “el Supremo tiene que anular con esa sentencia, ya firme y en vigor, las demás sentencias”.
LAS REACCIONES
- Alfredo Dagnino, presidente de la Fundación Universitaria San Pablo CEU
“No podemos impartir enseñanzas que entren en contradicción con nuestro ideario, ya que éste es sagrado, tiene protección jurídica al más alto nivel y está en lo más profundo de la libertad de enseñanza”.
- Manuel de Castro, secretario general de FERE
“En nuestros centros, el derecho de los padres está plenamente asegurado porque la asignatura se desarrolla conforme a su carácter propio católico”.
- Pedro Rascón, presidente de la Ceapa
“Las posiciones contrarias sólo se explican en el intento de ciertos sectores sociales de mantener privilegios y no perder influencia social”.
- Luis Carbonel, presidente de la Concapa
“Volvemos a tender la mano del diálogo al Ministerio para resolver este y otros problemas que aquejan a la Educación española”.
- Mercedes Coloma, presidenta de la Cofapa
“La Cofapa seguirá prestando apoyo a las familias que quieran ejercer acciones legales en defensa de sus derechos, ya que los padres son los principales educadores de sus hijos, sin ningún tipo de intromisión”.
- Sandra Moneo, secretaria de Educación del PP
“Si, como parece, el Supremo va a preservar y va a velar para que no existan contenidos de índole moral e ideológica en EpC es evidente que el Ministerio tendrá que corregir los contenidos igual que algunos de los manuales de contenido profundamente ideológico”.
- Cándida Martínez, secretaria de Educación del PSOE
“Educar a ciudadanos bajo los principios de la democracia es la mejor vacuna contra la intolerancia, mejora la calidad del sistema democrático y ayuda a construir cimientos más sólidos para la democracia del futuro”.
- Mª Ángeles García, consejera de Castilla-La Mancha
“Pido tranquilidad a las familias, porque, ante todo y dentro de la legalidad, se va a tratar de beneficiar al alumnado”.
- Consejería de Educación del Principado de Asturias
La Consejería planteará una recuperación global para el alumnado que el curso pasado suspendió la asignatura. Un total de diez alumnos no pudieron tener una evolución continua y se tuvieron que examinar. De ellos, seis aprobaron y cuatro suspendieron.
- Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid
La Consejería ha anunciado que “en próximas fechas, se dirigirá a los directores de los 217 centros educativos donde se habían planteado objeciones para trasladarles el contenido de la sentencia e indicarles que actúen conforme a la misma”.