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Los nuevos docentes pasarán al régimen de Seguridad Social

Jueves, 9 de diciembre de 2010
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El presidente Zapatero confirmó el 1 de diciembre lo que era un secreto a voces: la supresión de Muface y el régimen de clases pasivas. Los Presupuestos para 2011 ya preveían la reducción de la cuantía de la aportación del Estado para Muface del 5,03% en 2010 al 4,92% en 2011 en los haberes reguladores establecidos para el 2010 a efectos de cotización de derechos pasivos. Esta reducción impide la continuidad de Muface como modelo de asistencia sanitaria a los funcionarios. Además, en la revisión del Pacto de Toledo propuesta por el Gobierno, en su punto 5, se advierte, sobre las mutualidades, que “con la prudencia necesaria y los ritmos que hayan de pactarse entre la representación de los trabajadores y el Gobierno, la tendencia es consolidar la atenuación de las diferencias, y desde luego la extensión del sistema de Seguridad Social en detrimento de los sistemas menores”.

Más adelante, la propuesta gubernamental para el Pacto de Toledo señala que solo queda “ la definición de una fecha a partir de la cual los funcionarios de nuevo acceso a las administraciones autonómicas ingresarán en el régimen general de la Seguridad Social”.

Por otro lado, el propio Zapatero lo dijo en el Pleno del Congreso del 1 de diciembre sin dejar lugar a dudas: “se integrará a los funcionarios de nuevo ingreso en el régimen general de la Seguridad Social para simplificar nuestro sistema de protección social, y clases pasivas quedará a extinguir”. Sin embargo, el Gobierno propone que se mantenga “el régimen de protección del que disfrutan los que actualmente están incluidos en él, previa negociación y acuerdo con las organizaciones representativas de los empleados públicos”.

El sindicato de funcionarios CSI-F lleva meses desarrollando una campaña a todos los afiliados de Muface para comunicarles todos los datos de que disponen. Además se están recogiendo firmas para conseguir dar la vuelta a la situación y recuperar lo que consideran como la “asistencia sanitaria de calidad, como merecen los funcionarios del Estado”.

La desaparición del modelo de mutualidades implicaría, según CSI-F, el pase de dos millones y medio de funcionarios al Régimen General de la Seguridad Social con más riesgo de quiebra del Sistema Nacional de Salud. El coste económico se eleva de 589 euros por afiliado a unos 1.472 millones, además de las necesidades de instalaciones y de personal necesarios para un aumento tan significativo del personal que se deberá atender.

En su campaña CSI-F reivindicaba que se incrementasen las aportaciones públicas a las mutualidades hasta reducir el diferencial con el gasto público en el Sistema Nacional de Salud al 20 ó 25%. Además de hacer efectivo el acuerdo de los consejos generales de las mutualidades, que consiste en reducir la aportación farmacéutica de los jubilados del 30 al 15%. Por último, los funcionarios pedían que se constituyera un órgano mixto con presencia de las Administraciones, entidades aseguradoras y sindicatos del Consejo para evaluar las necesidades, los nuevos tratamientos y fármacos, o la introducción de nueva tecnología. Al final, nada de esto parece posible, a menos que el Gobierno de marcha atrás.

Las reacciones de los demás sindicatos no se han hecho esperar. CCOO y UGT plantean movilizaciones para el 15 de diciembre. STES alerta de las consecuencias en los sueldos y en las jubilaciones anticipadas y ANPE señala también lo desacertado de la medida.

Reacciones

  • Confederación de STES-Intersindical

“Podría desaparecer la jubilación voluntaria a los 60 años, ya que el Régimen General de la Seguridad Social no lo permite; reducción del salario en la nómina por el aumento de las cuotas a la Seguridad Social; desaparición del patrimonio de las mutualidades; reducciones de jornada desde el primer día, ya que repercutirá en la cotización y sobre las prestaciones de jubilación, incapacidad temporal y permanente. Por último, podría afectar a los complementos, desde el punto de vista de la clasificación en salariales (que sí que cotizan) y no salariales (que no cotizan)”.

  • CCOO y UGT

"La medida se inscribe en un paquete de otras encaminadas a la progresiva privatización de servicios públicos y a la agresión permanente contra las condiciones laborales y sociales de los empleados públicos”.

  • ANPE

En opinión de ANPE, "una medida de tanta trascendencia como la posible desaparición del régimen general de clases pasivas no puede tomarse sin que el Pacto de Toledo se haya pronunciado claramente sobre las condiciones de jubilación del funcionariado y sin que se haya establecido un consenso de todos los grupos políticos".

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