Andalucía y Baleares logran esquivar los recursos de la Abogacía del Estado rediseñando sus ofertas de empleo

Parece que se va desvaneciendo poco a poco la amenaza de suspensión de las oposiciones. Los más de 36.000 aspirantes que tienen previsto presentarse el próximo mes en Andalucía pueden respirar tranquilos. De la misma forma pueden sentirse los más de 1.700 aspirantes a las 150 plazas convocadas en Baleares. Los dos gobiernos autonómicos llegaron a un acuerdo la semana pasada con el Gobierno central para evitar que la Abogacía del Estado impugne la oferta pública de empleo.

Las soluciones alcanzadas por los gobiernos balear y andaluz han sido similares: la reformulación del decreto de oposiciones para que dentro de la oferta de empleo público no se oferte más del 30% de las jubilaciones, como exige la Ley de Presupuestos para 2011. Para completar el total de las plazas deseadas se ha rediseñado la oferta para que formen parte de la consolidación del personal docente interino.

De esta forma, de las 3.796 plazas convocadas en Andalucía, el Ministerio de Economía consiguió que la Consejería finalmente convocara sólo 1.596 plazas nuevas de docentes para ajustarse al máximo del 30% de reposición de jubilaciones que establecía la Ley de Presupuestos Generales. Sólo que 2.200 de ellas servirán para convertir plazas de interinos en fijas.

Este reajuste, aunque positivo para conservar el número de plazas, ha provocado también la protesta de los opositores, que temen que las 2.200 plazas sólo sean concedidas a los interinos. De esta forma, el consejero andaluz, Francisco Álvarez de la Chica, explicó que “para cumplir con los Presupuestos Generales del Estado, la Junta ha trasladado a plazas de consolidación de empleo la bolsa de interinos de fecha 31 de diciembre de 2004, sólo en términos numéricos”. “Eso no quiere decir que esas 2.200 plazas sean sólo para interinos, en absoluto. Tenemos las 3.796 plazas que necesitamos y pedimos, y todas son en igualdad para todos los opositores, es decir, que las pueden sacar interinos u opositores libres, según sus méritos”, aseguró Álvarez de la Chica.

El titular de Educación afirmó que “las 2.200 plazas de consolidación de empleo obedecen únicamente a un criterio técnico para hacer el cálculo de plazas y llegar a las 3.796 que necesitamos”. “La disposición adicional cuarta del Estatuto de la Función Pública permite que se consoliden como empleo aquellas plazas de interinos que hubiera en la bolsa hasta el 31 de diciembre de 2004, y eso es lo que hemos hecho”, concluyó el consejero.

Para CCOO Andalucía “la retirada de los recursos en toda España beneficiaría a los opositores andaluces dado que existe profesorado de otras comunidades que ante la actual incertidumbre se ha matriculado doblemente, en Andalucía y en su comunidad.” Por tanto, para el sindicato, “de no existir estos recursos se podría reducir el número de opositores que finalmente se presentasen en Andalucía”. Además, CCOO aclara que “las plazas ofertadas en Andalucía lo son por igual para todo el profesorado opositor”.

Perjuicios a los opositores
En este proceso, el Gobierno central ha sufrido además un revés judicial, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) rechazara la semana pasada la suspensión cautelar de las oposiciones en esa comunidad. El Tribunal fundamenta su decisión en los “perjuicios” que esa suspensión provocaría en los 15.000 opositores que, según el Gobierno navarro, se han inscrito ya para optar a las 132 plazas convocadas. El fallo no se pronuncia sobre si la convocatoria vulnera o no la ley de presupuestos pero sí rechaza la suspensión de la oposición, al considerar que esa decisión causaría un daño a todos los aspirantes que verían retrasada su expectativa de acceder al empleo público.

De todas formas, esta semana conoceremos si el resto de comunidades de las que Economía dice que no respetan el límite legal de responer sólo el 30% de las jubilaciones, podrán celebrar finalmente sus oposiciones. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, anunció la semana pasada reuniones con todas esas comunidades, a las que también están asistiendo representantes de los  ministerios de Economía y Hacienda y de Política Territorial, para intentar alcanzar un acuerdo. El lunes le tocó el turno a Aragón y durante toda esta semana se intentará llegar también a soluciones  similares con Extremadura, Castilla y León y Cataluña. Así, permanecen aún en vilo unas 2.300 plazas de las 8.700 que se ofrecerán este año en toda España.

El propio ministro Gabilondo afirmó el pasado miércoles que “el hecho de que Andalucía modifique el Real Decreto de la convocatoria de plazas, en el que especificará cuántas serán para reponer al personal jubilado y cuántas para los interinos, es fruto del diálogo y la negociación entre las partes implicadas –Economía y Hacienda, Política Territorial y la Junta de Andalucía–”.

“Trato a favor”
Sin embargo, Castilla y León y Cataluña se han mostrado indignadas por lo que consideran un trato de favor a las autonomías gobernadas por el PSOE.   El consejero castellano-leonés, Juan José Mateos, se mostró sorprendido por la diferencia de trato del Gobierno entre unas comunidades autónomas y otras: “No lo entendemos, nuestros números de reposición de plazas de jubilación están claros y nos recurren”. Mateos manifestó que no va “a consentir la discriminación hacia el sistema educativo de Castilla y León”.

Aunque el propio vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró el pasado viernes que “el Gobierno está dispuesto a ser flexible en relación al número de plazas. En la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rubalcaba sostuvo esa flexibilidad “dentro del cumplimiento estricto de la Ley de Presupuestos”. “Hay algunas comunidades en las que ha habido recursos, hay otras en las que no había planteado el recurso porque tenía el Estado más tiempo y finalmente, un tercer tipo de comunidades que no se van a recurrir”, explicó Rubalcaba.

Por su parte, las cinco organizaciones sindicales más representantivas de la enseñanza –CCOO, STES, ANPE, CSI-F y UGT–, en un comunicado conjunto, instan al Gobierno central a que, de igual manera que en Andalucía o Baleares, “retire todos los recursos que tenga presentados, anunciados y previstos en todas las comunidades autónomas con unos mismos criterios”. Los cinco sindicatos exigen “el mismo trato en todas las comunidades y el respeto a los acuerdos tomados en la negociación colectiva”. Recuerdan, además, que “todas las ofertas de empleo público tuvieron el visto bueno del Ministerio de Educación y del de Política Territorial”.