El Congreso insta a estudiar el papel del director en la resolución de los conflictos

El Congreso ha pedido al Gobierno que “evalúe el papel de los directores y cómo actúan éstos en la resolución de los conflictos que se originan en el seno de la escuela” como paso previo para dotarle de plena capacidad y autonomía en la resolución de conflictos. La Comisión de Educación de la Cámara baja aprobó en ese sentido una proposición no de ley, planteada por CiU pero enmendada por el PSOE, en la que insta al Gobierno a elaborar este estudio en el seno del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar.

La iniciativa se ha aprobado con los votos de CiU y el PSOE, y el voto en contra del PP, por considerar que la enmienda socialista ha “descafeinado” el sentido del texto original. Efectivamente, la proposición no de ley de CiU instaba al Gobierno a dotar a los directores, con las reformas legales que sean precisas, de plena capacidad para resolver los problemas que afectan al buen clima escolar.

La diputada del PP Andrea Fabra ha abogado por otorgar competencias al director de cada centro para que pueda aplicar medidas disciplinarias de carácter inmediato, sin necesidad de pasar por el Consejo Escolar, algo a lo que el PSOE se ha negado. “Sin autoridad, que no autoritarismo, no es posible educar”, ha asegurado Fabra.

La portavoz de Educación de CiU, Mercè Pigem, argumentó que una de las condiciones fundamentales para ofrecer una “Educación de calidad” es conseguir un “buen clima escolar” y por tanto una “convivencia adecuada en las aulas”. Para ello, añadió la diputada, hay que “fortalecer la figura del director”, pues en él recae la “competencia para favorecer la convivencia y el buen clima escolar”. En este sentido, recordó que la Ley de Educación catalana ya refuerza la autoridad del director para que sea considerado autoridad pública. Ahora bien, considera conveniente que, antes de impulsar una modificación de la legislación vigente se estudie la situación actual de los centros. “Nos parece conveniente antes de modificar la ley conocer estadísticamente, con datos reales, cuál es el mapa en todo el Estado”, añadió para aceptar la enmienda socialista.

Por otra parte, la Comisión de Educación aprobó el 25 de mayo una proposición no de ley del PP que insta al Gobierno a renovar la enseñanza de las ciencias, con el propósito de frenar el descenso del número de vocaciones científicas entre los estudiantes.

Para ello, el PP apuesta por “acercar el lenguaje científico a los jóvenes e incluir las ciencias como un elemento fundamental de la cultura”, según el diputado Adolfo González.

El diputado José Guillermo Bernabeu, por el PSOE, recordó que ya existen medidas para divulgar la ciencia entre los estudiantes, como los campus científicos de verano o el proyecto MobiLab, pero ha apoyado la iniciativa porque aún así “los jóvenes perciben la ciencia como algo abstracto y ajeno a su mundo”. En cambio, rechazó la propuesta del PP de obligar a los orientadores a poseer el título de Psicología.

El Gobierno alega desconocimiento sobre Cataluña

• Según el PP, “el Gobierno no lee los periódicos”. Al menos esa es la principal conclusión que se puede extraer de una respuesta parlamentaria que le ha remitido al senador popular, Luis Peral, en la que el Ejecutivo dice que no conoce las manifestaciones del Gobierno de Cataluña, aparecidas en todos los medios de comunicación españoles, en las que la Generalitat anunciaba que no acataría la sentencia del Tribunal Supremo que le obliga a implantar el bilingüismo en su sistema educativo. Peral registró una pregunta escrita con el siguiente texto: “¿Qué valoración le merece al Ministerio de Educación y qué actuaciones va a realizar la Alta Inspección Educativa del Estado ante la manifestación por parte del Gobierno de Cataluña de no acatar la sentencia del Tribunal Supremo que ampara el derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en su lengua materna castellana?”. La sorpresa de este senador fue que el Gobierno se escudaba, para no respaldar ni criticar el inaceptable anuncio de la Generalitat, en su desconocimiento del mismo, “lo que resulta altamente improbable, a la luz de la trascendencia mediática que tuvo”, señala el PP en un comunicado. En su respuesta escrita, con fecha 25 de abril, el Gobierno dice textualmente: “Por parte de la Alta Inspección no se tiene constancia de manifestaciones en ese sentido y el artículo 118 de la Constitución dispone la obligatoriedad de cumplir las sentencias de jueces y tribunales”. En opinión de Luis Peral, “la alegación de desconocimiento es increíble y la segunda parte de la respuesta una obviedad, lo que nos llena de insatisfacción y requiere una explicación en condiciones, porque el Gobierno no puede seguir escondiéndose en un asunto que afecta a muchos ciudadanos de Cataluña que se sienten desamparados”.