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Condenan a la Junta de Castilla y León a pagar 14.500 euros por un caso de acoso laboral

MagisnetViernes, 9 de diciembre de 2011
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha condenado a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León a pagar 14.500 euros a una profesora de la Escuela de Arte de León por los daños morales, físicos y psíquicos sufridos tras nueve años de acoso laboral.

Según se ha conocido a través de una información publicada en el Diario de León, ese es el fallo que dicta una sentencia de la sección tercera de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con sede en Valladolid.

En los fundamentos de derecho de dicha sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se detalla que la situación de acoso sufrida por la denunciante, Marta Carolina Balmaseda, cuando era maestra en la especialidad de Vidrieras Artísticas en dicha escuela, era conocida por la Administración educativa "sin que pese a ello se adoptaran medidas eficaces tendentes a ponerla fin".

Por ello, se ha acordado estimar parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por Balmaseda contra la desestimación de la reclamación con fecha 20 de junio de 2006, presentada ante la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y "que se anula por su disconformidad con el ordenamiento jurídico", según recoge el fallo de dicha sentencia.

El tribunal ha considerado probado parcialmente que el acoso sufrido por Balmaseda por parte del jefe del departamento didáctico de proyectos de Pintura sobre Vidrio de dicho centro "desembocó en baja laboral en marzo de 2006, con síndrome postraumático con estado depresivo de tipo inhibido severo".

Fuentes de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León no han concretado a Efe si tienen o no intención de presentar un recurso a dicha sentencia.

Por su parte, el portavoz de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, ha explicado en una rueda de prensa en Valladolid que desconocía los detalles del caso, pero que el Ejecutivo autonómico mantiene su "respeto escrupuloso" hacia las decisiones tomadas por los tribunales de justicia, tanto cuando les dan la razón como cuando son "menos favorables".

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