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Educación y CCAA se dan un mes más para debatir la reforma educativa

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, y los consejeros autonómicos han acordado darse un mes más para que las autonomías sigan aportando propuestas y sugerencias al anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
MagisnetMiércoles, 31 de octubre de 2012
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"No comprometeremos el objetivo (de la reforma), pero podemos dialogar sobre la forma de llegar a él", ha dicho el ministro de Educación, José Ignacio Wert, en alusión a las críticas que ha recibido el anteproyecto desde algunas comunidades en la reunión que ha mantenido con todos los consejeros. Ha dicho Wert que la reducción del fracaso y el abandono escolares, la autonomía de los centros u otras cuestiones son irrenunciables, pero se puede "acomodar a visiones complementarias"

En rueda de prensa posterior, el ministro ha señalado que la conferencia sectorial volverá a reunirse a principios de diciembre para emitir el informe correspondiente, en el que trabajará previamente la Comisión General de Educación (formada por responsables autonómicos y ministeriales de segundo nivel). Preguntado por si esto es un retraso en los plazos de tramitación de la futura ley previstos inicialmente, ha señalado que supone "muy poco" que el Consejo de Ministros envíe el proyecto al Congreso el 27 de diciembre o el 2 de febrero, ya que enero es un mes inhábil en el Parlamento, y esto tampoco perjudicaría el itinerario legislativo.

La consejera de Andalucía, Mar Moreno, que ha discrepado con la esencia del anteproyecto, ha pedido tiempo para conseguir una reforma " de calado".

El ministro ha señalado que las comunidades que gobierna el PP y Navarra se han mostrado de acuerdo con las líneas generales del anteproyecto, con alguna sugerencia de mejora técnica o puntual. El resto han manifestado discrepancias en algunos casos, pero compartiendo, según Wert, todos los objetivos para la reducción del fracaso y el abandono escolares y la mejora de la calidad educativa.

Antes de la reunión, la consejera de Educación en funciones del País Vasco, Isabel Celaá, ha pedido la retirada del anteproyecto, como también ha reclamado la catalana, Irene Ragau, al terminar la conferencia sectorial. Alguna comunidad, ha reconocido Wert, ha manifestado "reservas" por entender que la reforma podría estar "invadiendo un ámbito de competencias propias". "No es éste el criterio del Ministerio", pero es su espíritu, ha dicho, facilitar el más amplio acuerdo entre el Gobierno y las comunidades.

Ha negado, preguntado por las críticas de Cataluña, que la propuesta de reforma sea un proyecto "recentralizador", pues no supone para el Ministerio tener competencias ahora que venían ejerciendo las comunidades. Es un proyecto "clarificador", según Wert, porque establece con claridad, de acuerdo con la Constitución, cómo ejerce el Gobierno sus competencias en legislación básica. La propuesta del Gobierno prevé aumentar en un 10 por ciento su capacidad de definición de los contenidos educativos, en detrimento de las CCAA, y fijar los criterios generales de evaluación del alumnado.

La consejera de Cataluña, Irene Rigau, ha dicho que será "difícil" acercar posturas porque esta comunidad aspira a tener más competencias, no menos como "quiere" el Ministerio. Wert ha explicado que él y Rigau se han saludado como personas bien educadas y han intercambiado opiniones con "franqueza" en la reunión, como respuesta al ser preguntado por la polémica de sus declaraciones sobre que el interés del Gobierno es "españolizar a los alumnos catalanes".

También se ha manifestado en la reunión, según Wert, preocupación por cómo se van a implementar las evaluaciones generales comunes que deberán pasar los alumnos, sus consecuencias y sobre el nivel de participación de las comunidades en ellas. El Ministerio tampoco descarta que la ley recoja aspectos sobre la selección, formación inicial y carrera profesional del profesorado, pero el detalle figurará en el estatuto del docente no universitario.

Sobre la FP ha dicho que los intervinientes han pedido que la de tipo básico tenga una vía hacia la ESO y que haya pasarelas entre los distintos niveles formativos. Además, se ha remitido a las peticiones que puedan hacer las comunidades para suprimir en la reforma que los estudiantes menores de edad puedan faltar colectivamente a clase desde tercero de ESO, como permite la legislación vigente.

Las comunidades que gobierna el PP han negado que tengan malestar o confrontación con el Ministerio por el contenido de la reforma, aunque han admitido que la propuesta ministerial es "mejorable".

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