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La Comunidad Valenciana desestima los recursos de interinos contra su despido en verano

La Conselleria de Educación ha desestimado los recursos de alzada interpuestos por profesores interinos contra el decreto ley del Consell de medidas urgentes para la reducción del déficit, por el que se acordaba la extinción de su contrato los meses de julio y agosto.
MagisnetMartes, 6 de noviembre de 2012
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Los interinos exigían que se anularan o revocaran las resoluciones que declaraban su cese por considerar que se está vulnerando el principio de igualdad de trato para el personal temporal de la Administración y que el decreto ley que ampara su despido contradice normas con rango de ley. Asimismo, manifiestan que la falta de motivación de las resoluciones de sus ceses.

La Conselleria de Educación, a través de una resolución publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), defiende su decisión porque "la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad" derivada de la actual situación económica justifica la reducción de los gastos de personal. En su resolución, Educación también defiende que la Constitución contempla la figura del decreto ley y permite su uso "para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la vida actual" y explica que su uso en este caso responde a "una situación de extraordinaria y urgente necesidad".

"La racionalización del gasto público en materia de personal hace necesario, en estos momentos, que se anticipe el cese del personal interino que ha finalizado el curso escolar en fecha de 30 junio y que no va a tener ninguna actividad lectiva hasta que no se inicie el curso 2012-13", explica. El argumento de que las resoluciones no están motivadas también es rechazado porque estas medidas "se adoptan en un contexto excepcional y sin precedentes que exigen un esfuerzo adicional de austeridad en el conjunto de las administraciones públicas". "No se trata de un acto fruto de la arbitrariedad o del capricho de la Administración, existiendo legislación e informes suficientes que apoyan y justifican estas medidas", defienden.

La resolución de la Conselleria agota la vía administrativa y contra ella sólo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, para lo que hay un plazo de dos meses desde la notificación de Educación.

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