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La Privada tendrá que cotizar unos 2.000 euros anuales por cada hijo de docente matriculado

Con la reforma del Gobierno, un centro privado con unos 80 trabajadores tendrá que pagar alrededor de 150.000 euros al año en función del número de alumnos matriculados que sean hijos de los empleados. Asimismo, al trabajador le tocará cotizar alrededor de 500 euros anuales por hijo matriculado en el centro. Por su parte, la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) exige mejoras en el tratamiento fiscal de las familias.
Adrián ArcosMartes, 21 de enero de 2014
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Desde el pasado 22 de diciembre, los centros privados y concertados tendrán que cotizar por cada hijo de sus trabajadores que se encuentren estudiando en el centro, ya que hasta ahora se les reconocía la gratuidad de la plaza. Asimismo, los trabajadores también tendrán que cotizar por sus hijos, algo de lo que estaban exentos hasta este momento. Según estimaciones realizadas por las patronales y sindicatos de la enseñanza privada y concertada, un centro con unos 80 trabajadores tendrá que pagar alrededor de 150.000 euros al año en función del número de alumnos matriculados que sean hijos de los empleados. Al trabajador, por su parte, le tocará cotizar alrededor de 500 euros anuales por hijo matriculado en el centro.

Desde el sector privado, el presidente de Acade, Jesús Núñez, explica más detalladamente cómo puede afectar a los centros esta nueva medida. Pone como ejemplo el salario más bajo de la enseñanza privada, como el de una empleada de la limpieza, que puede rondar los 900 euros al mes. A este sueldo hay que unir los conceptos que a partir de ahora cotizan: el plus de transporte (105 euros al mes) y de comedor (120 euros mensuales), y el importe de escolaridad (420 euros al mes). Sería, por tanto, alrededor de 600 euros por hijo que hay que unir al sueldo de cada empleado”.

Teniendo en cuenta que la cotización para la empresa supone un 30,9% de la cuota mensual, el coste de esta medida (600 euros de media al mes por escolaridad, comedor y transporte) para el centro sería de cerca de 2.000 euros al año por trabajador. Y para el propio empleado –con una repercusión del 6,8% de la base de cotización– le va a suponer una reducción de su salario de cerca de 500 euros por cada hijo que tenga en el centro.

Desde FE-USO, el secretario de Acción Sindical, Carlos Quirós, denuncia que “esta medida hace polvo a los padres y trabajadores” y también pone como ejemplo el caso de “una trabajadora de limpieza que cobre poco más de 800 euros y tenga dos o tres hijos en el centro, teniendo que computar esas dos o tres plazas con ese sueldo tan bajo”.

Para Jesús Pueyo, secretario general de FSIE, “esta modificación supone una injerencia en la negociación colectiva y modifica las condiciones pactadas en los convenios colectivos sin haber sido siquiera comunicada a los perjudicados antes de su aprobación”.

De cara a los centros, todo dependerá del número de hijos que los trabajadores tengan matriculados. En la Privada, según el presidente de Acade, “estableciendo una ratio media de 0,9 hijos por trabajador, un colegio con 50 trabajadores tendría un coste anual de alrededor de 100.000 euros; con 80 trabajadores de 150.000, y con 160 trabajadores, de más de 300.000 euros al año, lo que llevará a muchos centros a tener que cerrar”, según Núñez.

Efectos en la Concertada
Luis Centeno, director de la asesoría jurídica de Escuelas Católicas, lamenta la repercusión en la Concertada, “un sector ya muy castigado en los últimos años, que ha tenido que soportar el incremento del IVA, el recorte del módulo de conciertos, los retrasos en los pagos por gastos de funcionamiento y la implantación de la Lomce a partir del próximo curso con las adaptaciones que los centros deben realizar”.

Antonio Rodríguez-Campra, presidente de la CECE, explica que “en el caso de la Concertada, aunque en principio tendrían que pagar las comunidades autónomas, nos tememos que no lo harán, ya que alegarán que no les corresponde, ya que precisamente la Lomce dice que las autonomías no pueden pagar más de lo recogido en los Presupuestos Generales, donde esta medida no se contempla”. El presidente de la CECE no entiende cómo “al colegio que está haciendo un gran esfuerzo y una labor social con los hijos de sus trabajadores, se le penaliza por ello”.

Patronales y sindicatos tienen de plazo hasta finales de febrero para intentar solucionar la situación, ya que en marzo hay que abonar el incremento de la cotización desde diciembre. Por el momento, han solicitado reunirse con los ministerios de Hacienda, Trabajo y Educación.

UNA MEJORA SOCIAL DESDE HACE MÁS DE 25 AÑOS

  • Desde hace más de 25 años, los hijos de los profesores de la Privada y la Concertada tenían reconocido en los convenios colectivos el beneficio social de la gratuidad de la plaza. Según Carlos Quirós, de FE-USO, “ya que el profesorado tiene una perspectiva de progresión económica muy escasa desde que empieza a trabajar en el colegio, se estableció esa mejora social como una forma de retribuirle”. Como la gratuidad de la enseñanza a los hijos de profesores estaba exenta de cotización a la Seguridad Social, el trabajador de los centros privados tenía la plaza gratuita de sus hijos como forma de retribución. De esta forma, la plaza gratuita no suponía prejuicio para la empresa ni para el trabajador.
  • Esta situación cambió tras la modificación del artículo 19 de la Ley General de la Seguridad Social a través del Real Decreto 16/2013 de 20 de diciembre, aprobado en Consejo de Ministros justo un día después. El Real Decreto recoge la cotización para las empresas y para los trabajadores de una serie de conceptos que anteriormente estaban excluidos. De forma general, a nivel empresarial, lo que ha generado más polémica ha sido la inclusión de las dietas de los trabajadores en la cotización, un concepto que muchas empresas sumaban al salario a través de los llamados cheques restaurante. Pero a nivel educativo ha impactado directamente en una mejora social reconocida desde hace años y que venía a compensar el escaso progreso salarial del profesorado –y del resto de trabajadores– de la enseñanza privada y de la concertada.
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