El Consejo de Garantías avisa que la Lomce vulnera ámbitos de la Constitución y el Estatut

"Se produce una acción de sustitución, en la que la Administración del Estado desplaza a la administración competente en el ejercicio de estas funciones, lo cual es claramente contrario al orden constitucional y estatutario", señala. De la Carta Magna, prosigue, no se desprende "ningún mandato específico" relativo al uso de las lenguas oficiales como vehículo para la educación y recuerda que, desde el inicio del régimen constitucional, han sido las comunidades autónomas las que han regulado esta cuestión.

"Las competencias de las que dispone el Estado en ningún caso incluyen funciones ejecutivas ni puede sustituir a las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias, y mucho menos ante situaciones de presunto incumplimiento que no han sido objeto de controversia en sede jurisdiccional", avisa el Consejo por mayoría. Así, recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció sobre la legitimidad constitucional del "modelo de conjunción lingüística" en Cataluña, con "la única excepción de que no comportara la exclusión del castellano como lengua docente, pero sin establecer criterios sobre el 'quantum' mínimo necesario para asegurar la no exclusión".

La Generalitat es, por lo tanto, "la única habilitada para hacerlo en función de sus competencias, algo que no se observa en la Lomce, ya que se atribuye al Ministerio la decisión unilateral sobre la apreciación de falta de proporción razonable en el uso del castellano como lengua vehicular". El Consejo considera en definitiva que la ley "comporta un tipo de control sobre la administración autonómica que es contrario al ordenamiento constitucional".

Por otro lado, también se considera que la Lomce vulnera la autonomía financiera y de gasto de la Generalitat, así como en las competencias sobre ordenación curricular, formación de personal docente y planes de estudio, entre otros preceptos.