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“El PP plantea la Subcomisión como una forma de hacerle un lifting a la Lomce”

El diputado de Unidos Podemos y portavoz de Educación en el Congreso, Javier Sánchez, espera que la Subcomisión siente las bases de una nueva ley contando con la comunidad educativa, pero desconfía de las intenciones reales del PP que, a su juicio, se basan en hacer un lavado de cara a la Lomce.
Adrián ArcosMartes, 14 de febrero de 2017
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Tiene 31 años, murciano y portavoz de Educación del grupo parlamentario de Unidos Podemos. Javier Sánchez insiste en que la comunidad educativa debe participar de forma efectiva en la elaboración de una nueva ley, y esto tiene que ir más allá de las simples comparecencias en la Subcomisión que se ha constituido para el pacto.

¿Cómo se enfrenta Unidos Podemos a la Subcomisión sobre el pacto?
La gran parte de los partidos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos) llegamos a esta casa [el Congreso] con dos compromisos que, además, aparecían en nuestros programas y que siempre repetíamos en los mítines: uno, que había que derogar la Lomce, y otro que había que hacer una nueva ley educativa que tuviera el consenso que no tuvo en su día la Lomce. Lo que ha sucedido es que la Lomce no se ha derogado y, frente a esta realidad, PSOE, PP y Ciudadanos se pusieron de acuerdo en un texto para la creación de una Subcomisión por el pacto educativo.

¿Por qué Podemos no participó de la constitución de esa Subcomisión?
Es verdad que nos abstuvimos en la votación de la creación de esta Subcomisión por una cuestión de un texto que no estaba consensuado con noso-tros y que lo único que pedíamos es que se eliminara una referencia a la Estrategia Europea 2020, que para nosotros tiene un sesgo mercantilizador muy fuerte. Aun así, vamos a participar desde el rigor y desde nuestro compromiso con las mareas verdes y con el movimiento por la Educación pública.

¿Quién participará en la Subcomisión por parte de Unidos Podemos?
Por parte del grupo parlamentario de Unidos Podemos participaremos Joan Mena, de EUiA, y yo mismo.

¿Cree que realmente la Subcomisión puede conseguir por fin un pacto?
Nos gustaría que esta Subcomisión sirviera para poner las bases de una ley educativa contando con la comunidad educativa, que es lo que no se hizo en las siete leyes anteriores, pero creemos que es difícil porque el PP plantea esta Subcomisión como una forma de hacerle un lifting o un lavado de cara a la Lomce, una ley que no tuvo ningún consenso y que ahora necesita legitimar de alguna manera. Ya tiene el apoyo de Ciudadanos y quiere ahora de alguna manera integrar al PSOE en ese consenso.

A juicio de Podemos, ¿cuáles serían los pasos adecuados para alcanzar un pacto?
Nosotros hemos planteado varias veces la posibilidad de ir avanzando en el desmontaje de la ley, eliminando sus partes no orgánicas como, por ejemplo, las reválidas. Y en esa dirección tendríamos que trabajar, no tanto en la Subcomisión sino en la Comisión de Educación y en los plenos de todas las semanas. Por otra parte, entendemos que en esa Subcomisión se debería avanzar en la posibilidad de que la comunidad educativa participara realmente en la elaboración de una nueva ley, y esto tiene que ir más allá de las simples comparecencias. Se deben habilitar nuevas formas de participación de la comunidad educativa en la elaboración de la ley, antes y después. Tiene que haber también una colaboración muy fuerte del Consejo Escolar para explicar las necesidades y demandas de nuestro sistema educativo.

Y luego en la aplicación de la nueva ley, tienen que ser los agentes de la sociedad civil, como sindicatos y asociaciones de padres y madres, los que desplieguen la ley en cada centro y la evalúen. Eso supone cambiar la cultura de evaluación desde las pruebas de diagnóstico, que solo se quedan en el individuo sin tener en cuenta el entorno social, a una evaluación integral del sistema educativo.

Pero en las pruebas de diagnóstico también se pasan cuestionarios de contexto.
Yo creo que tendríamos que superar esas evaluaciones de diagnóstico e ir hacia esa evaluación integral, que significa ver también cómo han impactado los recortes, la pérdida de 32.000 maestros y profesores de Secundaria durante estos años, la subida de ratios o los 7.000 millones menos en inversión educativa. En cambio parece que el Gobierno solo está interesado en evaluaciones de diagnóstico donde al final es fácil que en los barrios con menos oportunidades económicas, los resultados sean peores, pero porque tampoco estamos viendo cómo impactan esos recortes en algo que era clave del sistema educativo español y que se está perdiendo, que es la inclusividad.

Otro de los temas que impide llegar a un acuerdo es la Concertada. ¿Cómo habría que tratarla?
Creemos que tiene que seguir cumpliendo el papel que en su día le otorgó la LODE, que era una red subsidiaria provisional, y que en cualquier caso lo que habría que evitar es que se invirtieran los términos y que fuera la Pública la red subsidiaria respecto a la Concertada. Por tanto, nosotros vamos a seguir manteniendo ese carácter secundario porque la Pública es la red principal y es responsabilidad de los políticos cuidarla y mejorarla permanentemente. Nosotros plantearíamos un principio básico y es que en aquellos distritos donde se haya cerrado un centro público por falta de fondos, que no se pueda abrir uno concertado. Lo que no se puede es seguir erosionando la Pública para favorecer a empresarios muy cercanos a la Administración y que tampoco tienen mucho interés en la Educación.

Pero este tipo de temas tan polarizados, al final pueden impedir de nuevo el pacto.
Ahí creemos que tenemos una posición de sentido común, que en los sitios donde se cierren colegios públicos no se puedan abrir concertados; que si no hay dinero para mantener la red pública tampoco lo haya para la concertada. Y creemos que puede ser un criterio que al menos comparta potencialmente el PSOE –y no entenderíamos que dijera otra cosa–, pero incluso Ciudadanos lo ha planteado en alguna ocasión.

¿Y si hay demanda por parte de los padres?
El problema es que muchas veces hay demandas de los padres para escolarizar a sus hijos en centros públicos y lo que se está viendo es que se están cerrando. Y como hay tal erosión y subida de ratio en la Pública, en muchos casos se orienta la decisión a que tengan que elegir centros concertados. Solo invirtiendo en Educación pública y recuperando al menos el nivel de inversión de antes de la crisis podrá haber algún tipo de elección justa, pero ahora mismo no puede haberla porque el recorte se nota mucho en los centros.

¿Y con la Religión?
Este es un tema que siempre sale a colación para intentar llevar el debate educativo desde la propuesta concreta al tema ideológico y que la gente se tenga que posicionar en cuestión de cuáles son sus creencias personales. Nosotros creemos que si el PP lo lleva por esos derroteros es porque al final no va a querer ningún pacto, sino que va a querer transmitir la imagen de que lo ha intentado y que ha sido la oposición la que no lo ha facilitado. Nosotros tenemos una posición propia y creemos que es ampliamente compartida, y es que la Religión no tendría que estar en el currículum, no porque se tenga que esconder, ya que es un fenómeno social, político y civil que atraviesa la historia y que tiene que ser aprendida en las clases, pero no de forma confesional.

  • Lomce y pacto educativo

“El ministro de Educación ha repetido dentro y fuera de sede parlamentaria que el Gobierno no está dispuesto a derogar la Lomce, con lo cual da a entender que, a lo sumo, ese pacto educativo serían cambios, retoques, ellos incluso pueden decir mejoras, sobre la Lomce”.

  • PISA

“PISA nos da algunos datos interesantes que sirven para orientarnos pero que no son concluyentes, porque tienen una forma de medir la Educación demasiado homogénea que no está atendiendo la especificidad de nuestro sistema educativo”.

  • Concertada

“No es que haya recortes, sino que en muchos casos ha habido trasvase de dinero de la red pública a la concertada; que si se perdían 3.000 maestros públicos, ese dinero aparecía luego en la Concertada ligado además a muchos casos de corrupción como la Gürtel”.

  • Formación y acceso a la función docente

“Es importante plantear una buena formación inicial en la universidad –y esto debería ir ligado a una nueva ley de universidades– y luego debería haber una formación pedagógica posterior a aprobar una oposición, pero en cualquier caso no se puede justificar que con esa formación pedagógica se tenga que bajar el salario o erosionar y empeorar aun más las condiciones laborales del profesorado interino”.

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