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El Tribunal Supremo anula el decreto valenciano de recortes al profesorado de 2012

El sindicato Stepv presentó un recurso contra dos normativas por falta de negociación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que lo desestimó, y entonces recorrió en casación ante el Supremo, que los ha dado ahora la razón, según la sentencia facilitada por Stepv.
Redacción-ValenciaMartes, 27 de febrero de 2018
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El Tribunal Supremo ha admitido el recurso presentado por el sindicato Stepv contra el decreto de recortes al profesorado del Consell del año 2012, y ha anulado este decreto y la Orden de la Consejería de Educación que regula la aplicación de esos recortes.

El Stepv presentó un recurso contra ambas normativas por falta de negociación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que lo desestimó, y entonces recorrió en casación ante el Supremo, que los ha dado ahora la razón, según la sentencia facilitada por el sindicato.

El Decreto 73/2012 de 18 de mayo del Consell determinaba las condiciones de aplicación del Real decreto Ley 14/2012 de 20 de abril de medidas de racionalización del gasto público en el ámbito educativo no universitario, y la Orden 19/2012 de 21 de mayo de la Consejería de Educación regulaba la aplicación de esas medidas en los centros docentes no universitarios públicos y privados concertados.

Según ha explicado el sindicato, el Decreto imponía el incremento de ratios del alumnado y el aumento del horario lectivo del profesorado (25 horas en infantil y primaria y 20 en el resto de enseñanzas). Stepv consideró que este decreto del Gobierno valenciano no cumplió el trámite previo de negociación en Mesa Sectorial de Educación, puesto que afectaba a las condiciones laborales del profesorado.

El Supremo entiende que la Consejería tenía la obligación de haber negociado en la Mesa este decreto, y lo hizo con posterioridad al inicio del trámite para su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), de forma que “se incumple” la exigencia establecida en el Estatuto Básico del Empleado Público de negociar con los sindicatos las condiciones laborales del personal
La anulación del decreto no comporta necesariamente la vuelta automática a las condiciones laborales previas a 2012, puesto que el Real decreto Ley 14/2012 continúa en vigor.

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