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TSJM obliga a la Comunidad de Madrid a justificar a CCOO el aumento de ratio en aulas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha solicitado a la Comunidad que explique el aumento de alumnos en las aulas de los centros educativos de la región durante el curso 2015-16, una petición que reclamó CCOO y que la Consejería no resolvió.
RedacciónMartes, 6 de marzo de 2018
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La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, estima en parte el recurso planteado por CCOO contra la resolución de la Consejería de Educación, ante la falta de respuesta por la vía administrativa «de diversas reclamaciones por las que denunciaba un aumento de ratio» en diferentes centros docentes públicos no universitarios en la zona norte de la región.

«La determinación del número de alumnos máximo por aula, la ratio, es una cuestión que afecta al régimen de prestación del servicio de enseñanza, en tanto en cuanto atañe a su calidad y a las circunstancias concretas en que el profesorado desempeña su actividad, y en particular a la atención que puede dedicar al alumnado», indica la sentencia. La sección octava de la sala de lo Contencioso-Administrativo señala que la Administración «tiene obligación de resolver esta queja» del sindicato, porque la federación sindical «estaba legitimada administrativamente para cuestionar las ratios» y «lo está igualmente en esta sede judicial para cuestionar el acto recurrido».

CCOO critica en un comunicado que la Comunidad de Madrid contestara en una resolución, a través de la viceconsejera de Organización Educativa, que el sindicato «no era quién para denunciar» una práctica que en lugar de ser una medida excepcional se ha convertido en «habitual». «Queda anulada de plano la desestimación por falta de legitimación activa que la Consejería de Educación hizo de los diferentes recursos de CCOO en los que se denunciaban los excesos de ratio porque, tal y como dice el propio tribunal, dicha denuncia entra de lleno en las facultades propias de la actuación sindical», subraya la nota.

En esta línea, celebran esta sentencia, que abrirá la puerta, a su juicio, a que la Consejería de Educación asuma sus responsabilidades «en lugar de salir por la tangente con requiebros administrativos».

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