La URJC anuncia que cerrará el próximo curso el Instituto de Derecho Público del máster de Cifuentes

La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha anunciado que cerrará el próximo curso el Instituto de Derecho Público, tras la polémica por las supuestas irregularidades del máster de Cristina Cifuentes, y que ya ha solicitado la baja del CIF del instituto en el Ministerio de Hacienda.
RedacciónLunes, 30 de julio de 2018
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Según fuentes de la URJC, el cierre será efectivo en cuanto esté acabada la auditoría interna encargada por la propia universidad al profesor Pablo Acosta, que fue nombrado a finales de abril por el rector Javier Ramos para dirigir temporalmente el Instituto tras la suspensión cautelar de su anterior director, Enrique Álvarez Conde, que está investigado en el caso del máster de la expresidenta.

Los alumnos de los máster del Instituto han recibido ya la comunicación del cierre. "Los que terminaban este curso recibirán sus títulos con normalidad", señalan las mismas fuentes en relación al curso de detectives privados que se estaba impartiendo y que ya ha finalizado. Los demás alumnos podrán continuar cursando, en otros centros adscritos a la URJC, títulos similares al que se han matriculado, ya que se trasladará sus expedientes académicos y que todos los títulos que antes impartía el Instituto pasarán a depender de la URJC. Desde la universidad explican que la baja del CIF se solicitó a Hacienda el pasado 30 de junio, y que la auditoría interna está a punto de finalizar.

El rectorado de la universidad denunció en mayo al Instituto de Derecho Público (IDP) ante los Juzgados de Instrucción de Madrid por presunto delito de malversación de caudales públicos, tras apartar en abril a Álvarez Conde a raíz de la presunta alteración de las calificaciones de Cifuentes. La denuncia se presentó tras analizar la documentación encontrada sobre la gestión económica del Instituto, mientras se sigue con la investigación iniciada a raíz de las irregularidades detectadas en el caso Cifuentes.

Según la investigación encargada por el rector al profesor Pablo Acosta, responsable provisional del IDP, la gestión económica del Instituto recoge "graves irregularidades, algunas de las cuales podrían ser constitutivas de delito", según la universidad.

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