El Defensor del Pueblo recibe 28 quejas de adoctrinamiento en centros de Cataluña
El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha asegurado que esta institución ha recibido 28 quejas sobre adoctrinamiento en centros educativos catalanes en el curso 2017-18 y ha recordado que el objetivo fundamental de la educación es “enseñar a pensar” pero no decir “lo que pensar. Marugán ha sostenido en su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo en el Congreso que el volumen de quejas no es “particularmente significativo”, ya que son más de 3.000 los centros de enseñanza pública en Cataluña. “Si tenemos en cuenta que son cerca de 800 los centros públicos que imparten Educación Secundaria y 2.400, Infantil y Primaria, parece evidente que en términos relativos el número de quejas no es significativo”, ha explicado.
Sin embargo, durante su intervención para informar sobre las denuncias que ha recibido en materia de adoctrinamiento ideológico en centros de Cataluña, Fernández Marugán ha matizado que “aunque fueran muy contados los casos de supuesto adoctrinamiento”, su existencia “debería preocuparnos a todos extraordinariamente”. De las 28 quejas, las denuncias son de dos tipos: unas tenían un grado de concreción “muy bajo o inexistente” y carecían de base para iniciar actuaciones y otras se referían a conductas concretas “cuya descripción podría resultar indiciaria de la existencia de posibles casos de adoctrinamiento en el ámbito educativo”, según matiza la institución en un comunicado.
En estas últimas se mencionaba al autor del adoctrinamiento y dónde y cuándo se produjeron, y con ellas se iniciaron actuaciones en noviembre de 2017, ya aplicándose el artículo 155 de la Constitución. Los contenidos de las quejas hacían referencia, por ejemplo, a incitar a los estudiantes a manifestarse contra la detención de representantes de Ómnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña; llevar a los alumnos ante una comisaría de Policía para lanzar proclamas de carácter independentista y en contra de la Policía Nacional. También hay quejas sobre requerir autorización de los padres para la participación de sus hijos en la huelga educativa del 28 de septiembre; o que se permitía a una profesora que reuniera a todos los alumnos del centro para explicarles que la Policía Nacional había coartado la democracia en Cataluña. Adoctrinar al alumnado del centro en contra de la Policía Nacional, la Guardia Civil y el Estado español es otro argumento de las quejas, así como inculcar a los alumnos de forma reiterada por algunos profesores su ideología nacionalista.
Otra queja es la de manifestar a los alumnos en clase que tanto la Policía como la Guardia Civil les harían daño si los vieran, al igual que hicieron el día de las votaciones, que pegaron a niños y personas mayores. Según ha indicado el defensor, el pasado abril el Ministerio les envió un escrito en el que se informaba que el departamento de Enseñanza de la Generalitat, en octubre de 2017, consideraba que en las fechas y centros docentes citados, “se produjeron manifestaciones promovidas por el alumnado que contaba con su autorización paterna”. Además, se añadía que “las actuaciones descritas no fueron organizadas o promovidas por los directores o docentes de los centros educativos”. Dicha respuesta la firmaba la entonces consejera de Enseñanza, Clara Ponsatí.